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La desventurada interpretación del ministro Ventura

La medida del presidente Medina de poner al grueso de su gobierno, encabezado por la casi totalidad de sus ministros, a realizar actividades proselitista a favor del pre candidato de su facción en el proceso de primaria del PLD, en franca violación de la Ley 141-8 de Función Pública, ha provocado una avalancha de justificadas críticas a tan escandalosa violación. Ante esa circunstancia, Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración pública del presente gobierno, ha respondido con una desventura interpretación de la referida Ley. Su interpretación es bastante parecida a otras interpretaciones de algunas leyes y/o situaciones políticas de algunos juristas y/o políticos que rayan en lo absurdo/ridículo.

El numeral 13 del artículo 80 de la referida Ley, es clara, prohíbe a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas …” pero en su desventurada interpretación, Ventura dice que ese artículo no “toca sus derechos ciudadanos de participación política consagrados en la Constitución y que pueden ejercer después de la jornada laboral, a partir de las 4:00 de la tarde”. Una perla. No hay ninguna especificación o artículo en la citada Ley que pueda sostener esa interpretación. La Ley se refiere la condición de funcionario en sentido lato, no establece temporalidad excepcional. Después de las 4:00 sigue siendo funcionario con las restricciones que impone la Ley.

Que es ciudadano, sí lo es. Pero todo ciudadano que asume derecho también asume deberes en determinados casos, como es el de los servidores  públicos.Quien asume la condición de ministro o director de un ente público, lo asume a tiempo completo, como establece la ley y no a tiempo parcial, por lo cual cualquier actividad que este haga para favorecer partido o candidato es contrario a la ley. En la práctica política de este país, los presidentes y altos funcionarios piden/obligan a los servidores públicos a que asistan a actos proselitista, violando de ese modo los derechos de ese servidor. Es el respeto a ése derecho ciudadano al que debería estar reclamando el ministro Ventura.

Es sabido el empeño casi enfermizo del presidente Medina y muchos de sus más cercanos seguidores/beneficiarios en impedir que su adversario, Leonel Fernández, gane finalmente su lucha por una cuarta elección como presidente del país. En tal empeño, no ha vacilado en pedir a sus ministros que se conviertan en militantes de una facción partidaria para apoyar al delfín del presidente. Esos ministros hacen esa labor, utilizando parte del tiempo para su trabajo paga el contribuyente. De esa manera, el Presidente convierte, y se convierte también él mismo, en violadores de la Ley de Función Pública. Vulnera con esa acción el derecho del funcionario público a no obedecer órdenes que “ contravienen el ordenamiento jurídico”.

El deber de cualquier ministro de Administración Pública es defender ese derecho del funcionario, el derecho al honor de este. Pero no, este ministro, como todos los de los anteriores gobiernos del PLD y de otros partidos en nuestro país han favorecido la reiteración de esa nefasta y primitiva práctica. presidente Medina lo ha llevado a niveles escandalosos. Violando la Ley, este le ha pedido/obligado a casi veinte ministros y decenas de directores de instituciones del Estado a participar militantemente a favor del delfín del presidente de turno. Ninguna ley dice que después de las 4:00 de la tarde pierden la condición de funcionarios y adquieren la de “ciudadanos”, quien así lo interprete/justifique asume una posición que raya la doblez o la idiotez.

Esa forma de interpretar determinados hechos recuerda la peregrina interpretación de la existencia del transitorio constitucional que inhabilitó a Medina para presentarse de nuevo como candidato presidencial. Algunos dicen que ese transitorio viola su derecho ciudadano, que es la única persona que no puede optar a la presidencia, como si este no fuese un funcionario sujeto a la ley. Una forma de interpretar un hecho político que raya en la doblez/idiotez, o mejor, en la desfachatez, una expresión de la cultura del to’ e’ to’ y na’ e’ na’, tan expandida en un significativo segmento de la clase política dominicana y que ya forma parte de la cultura de grandes franjas del tejido social de esta sociedad.

Es la cultura que lleva a ese segmento de la clase política a ponerse de acuerdo recurrentemente para reformar la la constitución para reahabilitar ex presidentes, cambiar las fechas en que se celebran las elecciones presidenciales, congresuales y municipales por conveniencias partidarias o de funcionarios electos en esas instancias del Estado. Es la cultura contra la cual toda persona decente, militante partidario o no, debe rebelarse y combatirla en los planos de la práctica política y de las ideas. 

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