Al amanecer

La monetización de la corrupción

Para la comunidad internacional en su totalidad la corrupción en países con economías emergentes como es la República Dominicana constituye un gravísimo desafío, afecta el desarrollo económico, fomenta el crimen transnacional, e incluso alimenta el terrorismo y el extremismo. Para los empresarios individuales, ello representa una amenaza recurrente y omnipresente tanto en el sector público como en el privado.

Naciones Unidas estima que la corrupción añade un cargo extra de diez por ciento a los intentos de hacer negocios en algunas partes del planeta, mientras y la Unión Africana precisa que en la década de los años 90 un cuarto del producto bruto interno de África se diluyó en la coima y otras vías inescrupulosas de corrupción, informa el Centro para Políticas Receptivas, con sede en Washington, D.C.

El Banco Mundial define la corrupción como “el abuso de la función pública para el beneficio privado”; mientras que para Sara Chayes, del Centro Internacional Carnegie para el Fomento y la Paz Internacional, ello “significa cuando usted tiene que pagar dinero por la izquierda para hacer su trabajo, o tiene que ser pagado para no cumplir con su deber. Todo ello implica la monetización sistemática del servicio público.”

La corrupción incluye, entre otros aspectos, el pago de sobornos o de favores especiales a intereses privados para garantizar o tener acceso a contratos del gobierno, lograr acceso especial a escuelas, cuidados médicos, u otras oportunidades de negocios, pago reducido de impuestos, garantizar licencias o derechos exclusivos o influir en resultados legales.

La corrupción no puede ser evitada. Extiende sus tentáculos como una cabeza de medusa. En el Índice 2014 de Transparencia Internacional sobre Percepción de la Corrupción ningún país alcanzó la calificación 100 en una escala de 0 menos corrupto a 100 como el más transparente. Sólo Dinamarca y Nueva Zelanda  tuvieron sobre 90. Dos tercios de las naciones que integran el grupo del G-20 y todos los de mercados emergentes del BRIC, Brasil, India, Rusia y China, calificaron por debajo de 50. Rusia figuró entre los más corruptos y empató con Nigeria y Kirguistán.

Para los expertos, los mercados emergentes son los más inclinados a la corrupción por dos razones. Primero, sus esferas políticas y económicas son altamente interdependientes, lo que permite mayores incentivos para el soborno. Cuando un funcionario público tiene poderes discrecionales sobre la distribución de beneficios o costos para el sector privado, las oportunidades de corrupción son muy elevadas y tentadoras.

En segundo lugar, dichos mercados disponen típicamente de instituciones débiles. Como resultado, muchas leyes están en los libros y códigos, pero el estado de derecho no se ejerce en la práctica de manera sistemática. Por ejemplo, un oficial de Aduanas puede invocar la ley y amenazar a una empresa extranjera por no cumplir correctamente con los formularios necesarios, al mismo tiempo que exige y demanda algún pago por debajo de la mesa a cambio de pasar por alto la transgresión.

Además de incrementar los costos de realizar negocios en mercados extranjeros, la corrupción en sus múltiples formas pone a las empresas en riesgos de encauzamiento criminal o civil, así como de fuertes penalidades bajo la ley estadounidense de Prácticas Corruptas Extranjeras, FCPA, y el Acta de Sobornos de 2010 del Reino Unido.

Durante décadas, los Estados Unidos era la única nación en el mundo que prohibía los sobornos. De hecho, las coimas se utilizaban como deducciones fiscales en Alemania. Por suerte, a partir de 2005 la Convención Anti Sobornos de las Naciones Unidas significó un cambio radical en las normas internacionales y en la creciente corrupción global. Las leyes británicas anti soborno entraron en vigencia en 2011, y el cumplimiento estricto en los Estados Unidos se ha reforzado gradualmente en años recientes.

Las penalidades corporativas en el 2016 bajo la ley FCPA totalizaron US$2.5 billones, el más alto en la historia. La principal multa de 519 millones fue pagada por Teva Pharmaceuticals, empresa farmacéutica israelí de productos genéricos, acusada de sobornar a funcionarios de gobiernos en Rusia, Ucrania y México.

Las leyes anticorrupción estadunidenses y británicas son en extremo amplias, ya que prohíben recibir regalos de ningún gobierno extranjero, incluso si el mismo es entregado por una empresa, contratistas o un vendedor de terceras partes, hasta en naciones donde la práctica sea común. “Regalo” puede ser casi cualquier objeto, un descuento o un producto, una donación a una organización sin fines lucrativos, una computadora portátil usada, y hasta un pago por gastos de funerales, ésta última una práctica muy común de corrupción en muchas naciones con economías emergentes.

El título “funcionario del gobierno” es uno que podría estar en manos de cualquier individuo. En China, por ejemplo, los médicos y académicos de universidades son considerados empleados estatales. El alcance extraterritorial de ambas leyes es extenso y es válido para todos los negocios que se realizan en cualquier parte del mundo, por cualquier empresa con presencia física y fiscal en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Por lo tanto, las leyes anticorrupción implican una política de riesgo mucho más amplia: el alcance extraterritorial de estados poderosos dentro de los asuntos de otras naciones. Por ejemplo, el arresto y encausamiento en 2015 de 14 ejecutivos de la Federación Internacional de Futbol, FIFA, en Brasil, Islas Cayman, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y el Reino Unido. Todos juzgados y condenados en tribunales estadounidenses por violar las leyes norteamericanas anti corrupción.

La Sección 311 del código penal de los Estados Unidos es una herramienta antiterrorismo adoptada poco después de los ataques del 9/11, dentro de la Ley de la Patria, la cual otorga a la Unidad Anti Delitos Financieros del Departamento del Tesoro federal la autoridad de sancionar países, instituciones e individuos en cualquier parte del planeta, si han sido vinculados o incurridos en lavado de activos. No se requiere acción presidencial o congresional alguna para ello. Una tercera parte vinculada a negocios con los sancionados, también puede ser impedida de realizar negocios con instituciones financieras estadounidenses.

Entre los países sancionados por la medida se incluye a Irán, Birmania, Ucrania, Nauru, Corea del Norte así como bancos en Siria, Macao y Letonia. Las consecuencias de dichas sanciones pueden resultar severas tanto para individuos, instituciones y estados que incurran a sabiendas en la práctica malsana de la corrupción política, económica y social.

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