SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las investigaciones del escándalo de tráfico de personas que envolvió a decenas de regidores, destapada en el año 2005 no pudo avanzar porque fue bloqueada desde varias instancias del Estado, entre las cuales se encuentra la Junta Central Electoral.
La consideración se encuentra en el cable de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, fechado el 19 de octubre de 2005, que define al entonces secretario general de la LMD, Amable Aristy Castro, como "el Señor del Dinero del circuito de la corrupción municipal."
Bajo el título “Pasaportes oficiales, inc.-el escándalo se expande”, el cable comenta que el escándalo que involucra a cientos de pasaportes oficiales expedidos a los falsos concejales de la ciudad y dependientes falsos está llegando ‘incómodamente cerca’ de los niveles superiores del Gobierno”.
Resalta que en esos momentos el canciller Carlos Morales Troncoso, el entonces director de Migración, Carlos Amarante Baret, y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en ese momento, Amable Aristy Castro, habían publicado declaraciones para pedir “una investigación completa”, y prometiendo ayudar para que así se hiciera.
Indica que el entonces subdirector de Migración, Vítor Soto, estuvo nueve horas sometido a interrogatorios y pasó la noche del 12 de octubre en la cárcel.
“Estuvo detenido por facilitar los billetes de avión para un grupo de 50 personas de Azua que emigraron ilegalmente con pasaportes falsos. Soto fue puesto en libertad al día siguiente bajo su propia responsabilidad”, narra.
Agrega que entonces se calificó la acción de Soto como "un error humano" al ayudar a un amigo a comprar los boletos de avión para el grupo.
“Soto sigue suspendido tanto de su cargo oficial, como del Comité Central del partido de gobierno, el PLD. Dos funcionarios de migración subordinados están suspendidos por su papel en facilitar los trámites del aeropuerto a personas que portaban documentos falsos”, explica el cable de 2005.
Agrega que la Procuraduría General encontraron evidencia de unos 90 falsos concejales, y explica que aunque es un problema que data del cuatrienio 1982-1986, las emisiones (de pasaportes) aumentaron en los últimos cuatro años (2001-2005), especialmente para miembros de la familia de los regidores, muchos de ellos fraudulentos.
“El precio del mercado negro de un pasaporte oficial ha variado de 160,000 a 250,000 pesos dominicanos (US$4,900 – 7,700). El combativo Fiscal del Distrito de Santo Domingo, José Manuel Hernández Peguero, ha anunciado su intención de examinar los archivos de las más de 160 oficinas del registro civil en todo el país, desafiando directamente a la Junta Nacional Electoral, que tiene la autoridad exclusiva sobre los registradores”, expone el cable.
Señala también que el subsecretario técnico de la LMD (de ese momento), Amaury Guzmán, fue uno de los detenidos y acusados de connivencia con los concejales de la ciudad.
“La Liga Municipal Dominicana (LMD), la organización que pasa los fondos del gobierno central a los gobiernos municipales de la mayor parte de sus ingresos para operar, publicó la declaración de su controvertido y políticamente ambicioso secretario general Amable Aristy Castro, quien prometió cooperar con la investigación”, afirma.
Agrega que Aristy Castro anunció que 39 personas en una lista de 72 concejales sospechosos enviada por la Fiscalía no estaban en las nóminas de la LMD, y se presume que (la lista) es falsa.
“Algunos comentaristas descartan estos gestos de “El Señor del Dinero” del circuito de la corrupción municipal", precisa.
Resalta que Aristy Castro es un ex presidente del Senado que aspiraba a la presidencia del opositor PRSC en 2008 y su hija es la exitosa alcaldesa de la ciudad oriental de Higüey.
“Al menos un funcionario de alto rango ha desafiado a los investigadores y participó en una ‘prueba de voluntades’ con el fiscal del Distrito Nacional. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, cuya dependencia controla no sólo la maquinaria electoral nacional, sino también las oficinas de registro civil y la emisión de documentos de identidad, se ha negado a permitirles a los fiscales del gobierno el acceso a cualquiera de las oficinas de registro o a los archivos. Arias citó una ley que data de antes de que la JCE tuviera jurisdicción sobre el registro”, reseña el cable de la Embajada de EE.UU.
El cable
Viewing cable 05SANTODOMINGO4689, DOMINICAN POLITICS II #2: OFFICIAL PASSPORTS, INC
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Reference ID Created Released Classification Origin
05SANTODOMINGO4689
2005-10-19 11:16
2011-08-26 00:00
UNCLASSIFIED
Embassy Santo Domingo
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
UNCLAS SECTION 01 OF 03 SANTO DOMINGO 004689
SIPDIS
STATE FOR WHA, WHA/CAR, INR/IAA, NSC FOR LATIN AMERICA
ADVISOR; USSOUTHCOM ALSO FOR POLAD; TREASURY FOR
OASIA-MAUREEN WAFER; USDA FOR FAS; USDOC FOR
4322/ITA/MAC/WH/CARIBBEAN BASIN DIVISION; USDOC FOR
3134/ITA/USFCS/RD/WH; DHS FOR CIS-CARLOS ITURREGUI
E.O. 12958: N/A
TAGS: PGOV KCOR DR EAID
SUBJECT: DOMINICAN POLITICS II #2: OFFICIAL PASSPORTS, INC
– THE SCANDAL SPREADS
REF: SANTO DOMINGO 4653
2005-10-19 11:16
(SBU) 1. This is the second in a series of political reporting on the second year of the administration of Dominican president Leonel Fernández.
2005-10-19 11:16
(SBU) 1. Este es el segundo de una serie de reportajes políticos en el segundo año de la administración del presidente dominicano, Leonel Fernández.
Pasaportes oficiales, inc. El escándalo se expande
(U) El escándalo que involucra a cientos de pasaportes oficiales expedidos a los falsos concejales de la ciudad y dependientes falsos está llegando a incómodamente cerca de los niveles superiores del Gobierno. El canciller Carlos Morales Troncoso, el director de Migración, Carlos Amarante Baret, y el director de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Amable Aristy Castro han publicado declaraciones de que pedirán, y ayudarán en una investigación completa.
(U) Fiscal General Adjunto, Frank Soto, y sus investigadores, hasta el momento han interrogado a más de 50 personas y emitieron órdenes de arresto contra 35 personas, de las cuales siete continúan bajo custodia. La mayoría de los restantes están libres bajo fianza. El Ministerio de Relaciones Exteriores envío rápidamente a la oficina del Fiscal General y al Consulado de los EE.UU. los registros de 800 pasaportes oficiales expedidos a los empleados municipales, que se remontan a 1983, cuando el presidente Jorge Salvador Blanco autorizó esa práctica. El personal de la FG ha encontrado evidencia de unos 90 falsos concejales. Las emisiones (de pasaportes) aumentaron en los últimos cuatro años, especialmente para miembros de la familia, muchos de ellos fraudulentos. El precio del mercado negro de un pasaporte oficial ha variado de 160,000 a 250,000 pesos dominicanos (US$4,900 – 7,700). El combativo Fiscal de Distrito de de Santo Domingo, José Manuel Hernández Peguero, ha anunciado su intención de examinar los archivos de las más de 160 oficinas del registro civil en todo el país, desafiando directamente a la Junta Nacional Electoral, que tiene la autoridad exclusiva sobre los registradores.
(SBU) Subdirector de Migración Víctor Soto estuvo nueve horas sometido a interrogatorios y pasó la noche del 12 de octubre en la cárcel. Estuvo detenido por facilitar los billetes de avión para un grupo de 50 personas de Azua que emigraron ilegalmente con pasaportes falsos. Soto fue puesto en libertad al día siguiente bajo su propia responsabilidad y la AAG calificó la acción de Soto como "un error humano" al ayudar a un amigo a comprar los boletos de avión para el grupo. Pero por ahora, Soto sigue suspendido tanto de su cargo oficial, como del Comité Central del partido de gobierno, el PLD. Dos funcionarios de migración subordinados están suspendidos por su papel en facilitar los trámites del aeropuerto a personas que portaban documentos falsos.
(SBU) La Liga Municipal Dominicana (LMD), la organización que pasa los fondos del gobierno central a los gobiernos municipales de la mayor parte de sus ingresos para operar, publicó la declaración de su controvertido y políticamente ambicioso secretario general Amable Aristy Castro, quien prometió cooperar con la investigación. Aristy anunció que 39 personas en una lista de 72 concejales sospechosos enviada por la Fiscalía no estaban en las nóminas de la LMD, y se presume que (la lista) es falsa. Algunos comentaristas descartan estos gestos de "El Señor del Dinero del circuito de la corrupción municipal." Aristy es un ex presidente de la Cámara de Diputados que aspira a la presidencia del opositor PRSC en 2008 y su hija es la exitosa alcaldesa de la ciudad oriental de Higüey. El subsecretario técnico de la LMD, Amaury Guzmán, fue uno de los detenidos y acusados de connivencia con los concejales de la ciudad.
(SBU) Al menos un funcionario de alto rango ha desafiado a los investigadores y participó en una “prueba de voluntades” con el fiscal de distrito. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, cuya dependencia controla no sólo la maquinaria electoral nacional, sino también las oficinas de registro civil y la emisión de documentos de identidad, se ha negado a permitirles a los fiscales del gobierno el acceso a cualquiera de las oficinas de registro o a los archivos. Arias citó una ley que data de antes de que la JCE tuviera jurisdicción sobre el registro.
(U) En otro indicio del desorden en los registros, la mayoría de los nueve jueces de la JCE votaron el 13 de octubre para retirar de su cargo a Luis Felipe Rodríguez, el funcionario que denunció irregularidades. Luis Felipe Rodríguez. Rodríguez había estado manejando un registro eficiente en el duodécimo distrito de Santo Domingo y había denunciado a la prensa la práctica generalizada de otros funcionarios del registro de embolsarse los honorarios cobrados por los documentos, que por ley, deberían haber sido emitidos de forma gratuita. La JCE dijo que había despedido a Rodríguez por "indisciplina" y "por necesidades del servicio." Los líderes de los tres grandes partidos políticos y la sociedad civil criticaron a la JCE por lo que califican como una acción precipitada en la destitución de Rodríguez.
(U) Los grupos cívicos, incluyendo Participación Ciudadana (que recibe fondos de la USAID), han estudiado la situación en los registros y están pidiendo reformas. La JCE ha anunciado planes, de nuevo, en desarrollo desde hace años, para modernizar y automatizar el registro civil. El problema se agudizará en la medida en que la República Dominicana se prepara para las elecciones congresuales y municipales de mayo de 2006, para las cuales los ciudadanos necesitan tarjetas de identificación válidas (cédulas) para votar. Por ahora, la práctica habitual es que un certificado notarial de un registro es necesario para muchas acciones del gobierno, incluyendo la inscripción de los niños para el nuevo año escolar, pero ese documento tiene una validez de sólo tres meses.
(SBU) La cruda verdad es que hasta el 20% de la población dominicana ‒1,8 millones de personas‒ carece de documentos de identidad. Las ineficiencias en los registros, la administración arbitraria de los funcionarios y la falta de recursos fueron puntos centrales en el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Dominicana, presentado en nombre de dos menores dominicanos de ascendencia haitiana. El Comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso, a cargo de la reforma judicial, reconoció a la prensa el 17 de octubre que en los registros civiles "ha sido abundante el desorden y la corrupción durante muchos años; son un verdadero caos".
(U) El Caribe retrata la realidad en su editorial del 17 de octubre:
"Ser un funcionario del registro civil en este país es una de las más preciadas aspiraciones de muchos políticos de poca monta, que no reúnen los requisitos para ser legisladores, senadores o concejales de la ciudad. Trabajan en oficinas pequeñas con una sala para dos o tres personas y sufren el calor y el olor corporal de una masa creciente de personas que buscan documentos personales. Ganan escasos salarios, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué alguien querría ser un registrador? No es por el salario, es por los ingresos.
"Los registros civiles cobran cuotas extraordinarias por casi todos los servicios, que deben estar sujetos a tasas fijas o se facilitan gratuitamente. Estos fondos no van al Tesoro Nacional, sino a los bolsillos de los funcionarios públicos que, en algunos casos, comparten los ingresos con sus protectores políticos.
"Es triste ver largas filas de personas pobres y muy pobres bajo la lluvia o bajo el sol, esperando a que un empleado de semi-analfabeto o un secretario trate de localizar un certificado de nacimiento o de matrimonio o de verificar los datos en los registros.
"Ningún gobierno desde Trujillo se ha preocupado por la eliminación de esta indignidad, lo que hace difícil ser un ciudadano dominicano. En otras palabras, ninguna de las partes que ha gobernado el país ha tenido ningún interés en resolver el problema".
(U) 2. Redactado por Bainbridge Cowell.
(U) 3. Esta pieza y otras en nuestra serie se puede consultar en nuestro sitio web SIPRNET, http://www.state.sgov.gov/p/wha/santodmingo junto con otros materiales extensos.
BRINEMAN