SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Para el gobierno de Estados Unidos, la República Dominicana es un país “exportador” de prostitutas, bailarinas de cabaret y empleadas domésticas hacia los centros urbanos de países ricos.
Según un cable de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, el número de prostitutas y trabajadoras domésticas de origen dominicano que residía en el exterior en 2004 estaba entre 50,000 y 100,000, según datos no oficiales.
El documento explica que algunas de estas mujeres fueron víctimas del tráfico en un momento.
“Los expertos creen que las tendencias actuales muestran que las mujeres menos experimentadas, entre 18 y 25 años de edad, corren el mayor riesgo de ser víctimas de la trata”, expone.
Señala que los principales países de destino de las mujeres dominicanas víctimas de trata de personas o de explotación sexual eran en ese momento naciones de Europa y de América Latina, entre estos, España, Italia, Países Bajos, Suiza, Grecia, Curazao y San Martín. Además, Bélgica, Alemania, Venezuela, Argentina y Costa Rica. “Migrantes desesperados que prefieren no solicitar visas o pasaportes falsificados de EE.UU optan por viajar a las costas de EE.UU en ‘yolas’, endebles embarcaciones de madera. En un año marcado por el grave deterioro de la economía dominicana, el número de migrantes ilegales que intentaron llegar a suelo norteamericano se disparó”, agrega el documento.
Detalla que sólo en el mes de enero de 2004, la Guardia Costera de los EE.UU interceptó 1,637 inmigrantes ilegales en Rico Puerto más que las 1,469 intercepciones en todo el año calendario 2003.
“Como regla general, la mayoría de los dominicanos emigra en forma ilegal por razones económicas, para encontrar trabajos de baja categoría que pagar cuatro veces más de lo que podrían ganar en su país. Algunos pueden ser vulnerables a convertirse en víctimas de la trata a su llegada, al ser obligados a ejercer la prostitución para intentar pagar sus deudas, pero no hay datos firmes disponibles”, precisa.
El cable de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, enviado al Departamento de Estado, resaltó el grave problema del tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres y de menores de edad.
El cable, fechado el 12 de marzo de 2004 y numerado 001683, también resalta los esfuerzos de las autoridades dominicanas para combatir estos delitos y las leyes e instituciones públicas y privadas que están relacionadas con el problema.
Además de analizar el problema y presenta varias estadísticas, el cable resalta casos notorios, como el de Radhamés Ramos García (El Chino), diputado del Partido Revolucionario Dominicana por La Vega, que fue atrapado en plena labor de tráfico de indocumentados desde Haití, cuando ejercía las labores de cónsul.
Este cable forma parte de los más de 2 mil documentos sobre República Dominicana que una fuente del gobierno de Estados Unidos entregó al portal Wikileaks, que los ha puesto a disposición del público.(Lea todos los Wikileaks sobre República Dominicana)
2004-03-12 21:13
Embassy Santo Domingo
UNCLAS SECTION 01 OF 13 SANTO DOMINGO 001683
Asunto: Informe Sobre Medidas Contra La Trata De Personas En La República Dominicana
RESUMEN
- La trata de mujeres ha sido un problema grave en la República Dominicana durante los últimos 15 a 20 años, debido principalmente a la feminización de la migración a partir de la década de 1980.
El éxodo de la mujer, principalmente a Europa y otras islas del Caribe por motivos económicos las ha hecho extremadamente vulnerables a los traficantes sin escrúpulos. El tráfico de menores de edad dentro del país y desde Haití hacia la República Dominicana también es un problema. Durante el año pasado, el Gobierno de la República Dominicana (GD) adoptó medidas importantes para combatir la trata. En agosto, el presidente Mejía convirtió en ley una amplia legislación contra el tráfico de personas y el contrabando de extranjeros.
El Gobierno creó igualmente unidades especializadas contra el tráfico de personas en la Policía Nacional y las oficinas del Fiscal General (Procurador), que comenzaron a operar. El GD hizo esfuerzos para elevar la conciencia pública y capacitó en la aplicación de la ley al personal judicial y diplomático. Se establecieron políticas para impedir el tráfico de personas, perseguir a los traficantes, y para proteger a las víctimas. Despidió del servicio público a funcionarios clave sospechosos de contrabando de extranjeros y de tráfico ilegal, y envió a los tribunales a un número de casos para su procesamiento. Se organizaron nuevas redes de coordinación anti-trata; trabajó para establecer una nueva red de centros de acogida, y aprobó financiamiento para estas labores, a la vez que lucha por reducir el grave déficit presupuestario. Aunque los efectos plenos de esas medidas aún están por verse, la Embajada (de EE.UU.) recomienda encarecidamente que el Departamento (de Estado de EE.UU.) .determine que la República Dominicana se mantenga en el Nivel II. FIN DEL RESUMEN.
2. A continuación, la respuesta de la Embajada sobre el cuestionarios en los párrafos 17-21 del documento enviado (reftel B).
Panorama sobre la trata de personas
A. La República Dominicana es un país de origen de prostitutas, bailarinas de cabaret, así como de empleadas domésticos que trabajan en el extranjero, generalmente en los centros urbanos de países ricos. El número de prostitutas y trabajadores estimado por las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales está entre 50,000 y 100,000, con base en datos fragmentarios. La evidencia anecdótica es que algunas de estas mujeres fueron víctimas del tráfico en un momento. Los expertos creen que las tendencias actuales muestran que las mujeres menos experimentadas, entre 18 y 25 años de edad, corren el mayor riesgo de ser víctimas de la trata. Fuentes del Gobierno Dominicano coinciden en que necesitan un análisis estadístico sobre el cual basar la política.
Mediante entrevistas, se estimó que entre 50 – 60 niños haitianos son traficados hacia la República Dominicana semanalmente, y que muchas niñas haitianas de 12 años y aún menores se ponen en la República Dominicana a trabajar como prostitutas. Santiago y Montecristi -revelaron las entrevistas- son populares puntos de llegada, pero los niños son “vendidos” en todas las regiones de la República Dominicana
B. Los principales países de destino en el último año siguen siendo los de Europa y América Latina, entre estos, España, Italia, Países Bajos, Suiza, Grecia, Curazao y San Martín. Otros países de destino en los últimos años son Bélgica, Alemania, Venezuela, Argentina y Costa Rica. Migrantes desesperados que prefieren no solicitar visas o pasaportes falsificados de EE.UU. optan por viajar a las costas de EE.UU. en “yolas”, endebles embarcaciones de madera. En un año marcado por el grave deterioro de la economía dominicana, el número de migrantes ilegales que intentan llegar a suelo norteamericano se disparó. Solo en el mes de enero, la Guardia Costera de los EE.UU. interceptó 1,637 inmigrantes ilegales en Rico Puerto ‒más que las 1,469 intercepciones en todo el año calendario 2003. Como regla general, la mayoría de los dominicanos emigra en forma ilegal por razones económicas, para encontrar trabajos de baja categoría que pagar cuatro veces más de lo que podrían ganar en su país. Algunos pueden ser vulnerables a convertirse en víctimas de la trata a su llegada, al ser obligados a ejercer la prostitución para intentar pagar sus deudas, pero no hay datos firmes disponibles.
C. Ha habido informes sobre un aumento en la trata de mujeres hacia países en América Central y el Caribe. Organizaciones no gubernamentales e internacionales informaron un número creciente de mujeres víctimas de trata en el Caribe de habla neerlandesa. Hubo informes no confirmados de que un cónsul panameño en República Dominicana y un ex vicecónsul dominicano operaron una red de tráfico de mujeres dominicanas hacia Panamá. El Gobierno, organizaciones internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales también reportaron un ligero aumento de niñas que estaban siendo objeto de trata para trabajar como prostitutas en Haití. Hubo algunos informes de tráfico hacia la República Dominicana, para trabajar como cortadores de caña de azúcar (véase la respuesta en la Sección D en relación con un estudio de la Universidad de La Florida de 2003).
D. Se realizaron varios estudios sobre tráfico de personas durante el periodo que abarca este informe. En conjunto, estos estudios proporcionan una visión amplia y actualizada de la naturaleza del tráfico desde, hacia y dentro de la República Dominicana, aunque algunos de sus resultados son contradictorios.
En abril de 2003 los gobiernos dominicano y haitiano llevaron a cabo una investigación preliminar en dos comunidades de Haití para desarrollar estrategias conjuntas en respuesta al tráfico de niños a través de ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de su Departamento de la Mujer y la Infancia, coordinó la iniciativa con la UNICEF-Haití y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Mediante entrevistas, se estimó que entre 50 – 60 niños haitianos son traficados hacia la República Dominicana semanalmente, y que muchas niñas haitianas de 12 años y aún menores se ponen en la República Dominicana a trabajar como prostitutas. Santiago y Montecristi -revelaron las entrevistas- son populares puntos de llegada, pero los niños son “vendidos” en todas las regiones de la República Dominicana.
En septiembre de 2003, las oficinas de USAID, tanto en la República Dominicana como en Haití, recibieron la aprobación de fondos para un estudio sobre niños haitianos que han sido traficados hacia la República Dominicana. Un profesor de la Universidad de La Florida y su colega de Haití llevar a cabo el estudio (que se publicará en marzo de 2004). Los resultados preliminares muestran que un número de hombres haitianos, algunos menores de 18 años de edad, fueron llevados engañados a la República Dominicana para trabajar en las plantaciones de azúcar después de que se les dijera que iban a trabajar en las ciudades, en empleos de oficina. El estudio también revela que los grupos de traficantes (conocido localmente como “buscones”) organizaron la colocación de mujeres haitianas en los centros turísticos de turismo sexual en Puerto Plata, pero que las mujeres trabajaron voluntariamente como prostitutas. En Boca Chica, algunas casas a cargo extranjeros emplean niñas para dar servicio a los turistas; las investigaciones revelaron que estas niñas no eran haitianas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP) colaboraron en abril de 2003 en un estudio titulado "The Prevalence of Drug Consumption and Violence among Women Victims of Trafficking in Persons: The Dominican Republic" (La prevalencia del consumo de drogas y la violencia entre las mujeres víctimas de la trata de personas: El caso de la República Dominicana). Con la ayuda de ONG locales, COIN (Centro de Orientación e Investigación Integral) y MODEMU (Movimiento de Mujeres Unidas), en febrero de 2003, el UNFPA entrevistó a 159 mujeres residentes en Santo Domingo, Boca Chica, La Vega, Higüey y San Francisco de Macorís. Estas ciudades fueron identificadas por las organizaciones no gubernamentales como áreas problemáticas por el tráfico. El estudio muestra que más del 94% de las mujeres víctimas de la trata decidieron abandonar el país por razones económicas; el 56% de estas mujeres tienen entre 20-29 años de edad. Sólo el 15% de las mujeres entrevistadas dijeron que no sabían qué tipo de compromisos de trabajo harían en el extranjero.
Nueve de cada diez mujeres entrevistadas fueron víctimas de abusos físicos a manos de un cónyuge o amante. También muestra que más del 32% de las entrevistadas trabajaban países del Caribe de lengua neerlandesa, mientras que el 31% trabajaba en Europa.
OIM financió también un estudio titulado "Migration, Prostitution and Trafficking of Dominican Women in Argentina," ("La migración, la prostitución y la trata de mujeres dominicanas en Argentina"), publicado en agosto de 2003. Relacionado con el programa de la OIM con una ONG local para ayudar a las mujeres que regresaron que habían trabajado en Argentina, el estudio se basa en entrevistas con 77 de estas mujeres, así como 397 encuestas realizadas por el Consulado Dominicano en Buenos Aires. Se concentra en mujeres dominicanas que emigraron a la Argentina entre 1996-2000. El estudio muestra que durante ese período, los traficantes atrajeron a la Argentina a mujeres dominicanas con la promesa de salarios mensuales entre US$500 y US$800, como empleadas domésticas, niñeras, camareras de restaurante.
En realidad, más del 50% de estas mujeres trabajaban como prostitutas. Como promedio, las mujeres pagaron aproximadamente US$2,000 por el viaje, que incluyó una “carta de invitación” (en algunos casos), garantía de alimentación por un mes y los gastos de alojamiento en Buenos Aires, y documentos de viaje. Más del 80% de las mujeres incluidas en este estudio emigraron sobre la base de falsas promesas de los reclutadores, sin saber que se convertirían en prostitutas. En 2004, algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtieron que muchas mujeres dominicanas habían emigrado voluntariamente a Argentina durante el “boom” económico. No tenemos información que sugiera que esta tendencia continuó en el período 2003-2004.
En octubre de 2003, la OIT, la Secretaría de Estado de Trabajo y las organizaciones no gubernamentales asociadas inauguraron un programa en Boca Chica centrado en la explotación sexual comercial de menores de edad. Con fondos del Departamento de Trabajo de EE.UU., la OIT / IPEC tienen previsto completar otro estudio en 2004 sobre el número de niños que participan en la industria del sexo. Este estudio será una extensión del “Time Bound Program” (Programa de Vinculación Temporal), lanzado oficialmente en septiembre de 2003, que tiene como objetivo reducir las peores formas de trabajo infantil, priorizado por el Gobierno Dominicano.
E. Varios observadores estiman que entre 25,000 y 30,000 niños menores de 18 años de edad están involucrados en la prostitución en la República Dominicana. Algunos elementos de la industria turística facilitan la explotación sexual de los niños. Áreas especialmente problemáticas son Boca Chica, Puerto Plata y Sosúa. Agentes extranjeros promueven tours que sugieren que pueden conseguirse niños y niñas como parejas sexuales. Algunos periodistas han informado sobre entrevistas con madres que llevan a sus hijas entre 10 y 15 años de edad a ciertos barrios de Santo Domingo donde hombres ricos solicitan sexo. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes estima que el 65% de los que abusan sexualmente de menores se encuentran en zonas turísticas de extranjeros, mientras que un 35% son dominicanos. En Santo Domingo las estadísticas son a la inversa, con un 65% por ciento de abusadores sexuales dominicanos. No existen estadísticas sobre el número de niños que trabaja en la industria del sexo que son víctimas de la trata.
La OIM y la UNICEF estiman que entre 2,000 y 3,000 niños haitianos que entran de contrabando cada año a la República Dominicana trabajan en grupos de mendicidad, servicios callejeros (como limpiabotas o venta ambulante de alimentos); en la agricultura, o en el comercio sexual. (COMENTARIO: El estudio de la Universidad de La Florida financiado por la USAID sobre la trata de niños, concluye que los rumores sobre niños haitianos traficados a la República Dominicana para prestar servicios en redes de mendicidad son exagerados Por el contrario, la gran mayoría de la mendicidad es intrafamiliar: los niños fueron utilizados para pedir limosna por sus propios padres o parientes. FIN DEL COMENTARIO).
De acuerdo con la UNICEF, algunos niños haitianos trabajan en los centros turísticos como ayudantes de cocina. Los niños tienen edades comprendidas entre 5 y 15 años. Por lo general son reclutados a través de sus padres que pagan una cuota para que un reclutador los traiga a la República Dominicana para el trabajo estacional, con el fin de generar ingresos adicionales. Los niños se introducen de contrabando en el autobús o en los vehículos privados, y los conductores supuestamente pagar a los funcionarios dominicanos. Se reporta que la mayoría entra de contrabando o incluso son vendidos con el consentimiento de los padres. Las condiciones en que los niños son contrabandeados los hacen vulnerables a los abusos. En general, los niños viven en una vivienda sucia, no tienen una nutrición adecuada y prácticamente tampoco tienen acceso a los servicios de salud. La mayoría de los ellos carece documentos de identificación.
Muchos niños haitianos indocumentados, desde los 9 años, siembran caña de azúcar en los campos, mientras que se ha visto a otros de 14 y 15 cortando caña de azúcar. Periódicamente, la Dirección de Migración dominicana recoge a los niños que mendigan en las calles y los detiene en un hogar para esos grupos, o en prisión, antes de ser deportados. (COMENTARIO: Durante una visita de buena voluntad de funcionarios de la Embajda en febrero de 2004 a campos de caña de azúcar privados, vieron a un niño haitiano de 14 años de edad, que había llegado en enero a los “bateyes”, o campos de caña de azúcar, en San José de los Llanos, a 65 kilómetros al este de Santo Domingo, para cortar caña. Cuando fue entrevistado, el niño dijo que unos desconocidos lo llevaron a la República Dominicana para trabajar, y que su familia se había quedado en Haití. FIN DEL COMENTARIO).
F. Los principales métodos utilizados para traficar mujeres incluyen redes familiares y contratos falsos para trabajar como bailarinas, artistas o empleadas domésticas. Muchas de las víctimas viajan con documentos de viaje “de buena fe”, como visas de no inmigrante, que se le retiran a su llegada (a la RD). Muchas de estas víctimas son madres solteras analfabetas que están desesperados por mejorar las condiciones de vida de sus hijos. Los traficantes son presentados a las mujeres a través de amigos y familiares, que les prometen alguna forma de empleo, consiguen documentos falsos o legítimos para las mujeres, y a menudo retienen sus pasaportes una ve en el país de destino. Las mujeres reclutadas con frecuencia deciden entrar en algo sospechoso (como acordar emigrar ilegalmente), pero no tienen idea de la realidad que encontrarán. Según los expertos en tráfico de personas, algunas mujeres migran voluntariamente para trabajar como prostitutas en busca de mejores oportunidades económicas, pero al final se ven involucradas en situaciones de trata de personas.
Los menores de edad también se introducen de contrabando en Estados Unidos por ciudadanos de EE.UU., o titulares de la “tarjeta verde” que se hacen pasar por los padres. El contrabandista (generalmente una mujer) presenta los certificados de nacimiento estadounidenses de sus propios hijos a las autoridades dominicanas de Migración, puesto que no se requiere de pasaportes para viajar desde y hacia la República Dominicana. Los contrabandistas eligen este método, porque los funcionarios de Migración dominicanos tienen dificultades para confirmar las identidades de los niños que viajan, que no tienen una identificación con foto. Estos contrabandistas, cuando son detenidos afirman, en general, que le llevan los niños a sus padres en los Estados Unidos. Sin embargo, en algunos casos, es posible que estos niños estén siendo objeto de trata menores de edad para la explotación laboral o sexual.
G. El Gobierno Dominicano, al más alto nivel, mantiene su compromiso de combatir el tráfico. El Gobierno intensificó de modo significativo los esfuerzos contra la trata en 2003 y ha continuado iniciativas durante tiempos financieros difíciles. El intercambio de información entre las agencias responsables del Gobierno para combatir el tráfico ha aumentado. El interés del GD en trabajar con otros gobiernos se desprende de la participación en seminarios internacionales (en particular al nivel ministerial) y la firma de instrumentos internacionales relacionados con el problema. Altos funcionarios han asistido a varios actos auspiciado por la Embajada (de EE.UU.) sobre el tráfico de personas, incluyendo un almuerzo de trabajo con el embajador y una reunión con un grupo de trabajo interinstitucional. Funcionarios gubernamentales también participaron en el seminario de la OIM en la redacción de leyes contra la trata.
En 2003, el GD procesó al congresista Guillermo Radhamés Ramos García. Ramos García está acusado de contrabando de nacionales chinos en la República Dominicana, mientras se desempeñaba como cónsul en Cabo Haitiano, Haití. Los procedimientos judiciales contra él y dos co-acusados asiáticos comenzaron el 22 de octubre de 2003, cuando la Suprema Corte primero convocó a una audiencia para conocer del caso. En esta audiencia, a los acusados se les instruyó a presentarse con sus abogados el 30 de octubre, momento en que se fijó una nueva fecha por el tribunal. El 3 de diciembre, el Tribunal Supremo volvió a reunirse, pero el juicio fue aplazado cuando el traductor de los otros acusados no se presentó.
El 28 de enero el juicio aplazado una vez más, porque los abogados de Ramos García no comparecieron (COMENTARIO: Hubo un paro nacional el 28 de enero, conocido localmente como “huelga”. FIN DEL COMENTARIO). El juicio está programado para continuar el 24 de marzo. El 20 de enero, la Procuraduría General recomendó una fianza de 100,000 pesos por cada co-acusado, que fue rechazada por la Corte Suprema. En febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que cada co-demandado pagara 500,000 pesos. Cada uno estaba obligado a pagar el 2% de esa cantidad, aproximadamente US$200. Aunque Ramos García está protegido por la inmunidad parlamentaria actualmente, el presidente de la Cámara de Diputados anunció el 24 de febrero que una resolución para despojarlo de inmunidad está en la agenda legislativa para la sesión del Congreso que comienza eN marzo de 2004.
H. No hay ningún informe verificable de participación institucional en el tráfico. Sin embargo, como con cualquier gobierno que tiene un alto nivel de corrupción, algunos funcionarios se han beneficiado con sobornos, relacionados de forma directa o indirecta con el tráfico o contrabando de extranjeros. El actual director de Migración despidió a 107 inspectores y supervisores en el año 2003, como resultado de las investigaciones por corrupción. Desde mayo de 2001, más de 400 empleados de Migración han sido despedidos y más de 40 redes de tráfico han sido desmanteladas De estas, 11 intentaban contrabandear niños con pasaportes falsos y certificados de nacimiento para adopciones ilegales en los EE.UU. y Puerto Rico. En enero de 2004 la Secretaría de Relaciones Exteriores despidió al director de la Oficina Comercial en Hong Kong debido a fuertes sospechas de que llevaba de contrabando nacionales chinos hacia la República Dominicana. La Secretaría también llamó al embajador de Argentina en marzo de 2004, debido a las acusaciones de que él obtuvo servicios de mujeres dominicanas víctimas de la trata.
I. La capacidad del GD para combatir la trata de personas es limitada. La deprimida situación económica es uno de los motivos principales que impulsa a los dominicanos a emigrar. En las zonas urbanas, el 21% de la población vive por debajo del umbral de pobreza; en las zonas rurales, esta cifra se duplica a 42%. Existe una obsesión nacional con la obtención de visados y viajar al extranjero, especialmente hacia los Estados Unidos. El hecho de que muchos emigrantes envíen remesas (en total más de US$2 mil millones en 2003) está asociado con la falta de condena pública al contrabando e incluso el tráfico de personas. A pesar del esfuerzo del Gobierno para combatir la trata de personas, los recursos para capacitar a policías, fiscales y jueces son limitados. Sin embargo, funcionarios del gobierno han participado en actividades de capacitación patrocinadas por los donantes extranjeros (véase la respuesta a la pregunta en la sección final sobre Prevención).
La corrupción y actitudes profundamente arraigadas complican más la respuesta del GD a los problemas de trata de personas. En una cultura de tolerancia a la corrupción, muchos funcionarios están dispuestos a mirar hacia otro lado en lugar de ayudar a una víctima; peor aún, algunos pueden tratar de sacar provecho de la explotación. Una actitud históricamente negativa hacia los inmigrantes haitianos también hace que los funcionarios sean reacios a ayudar a los haitianos víctimas del tráfico. La mayoría de los funcionarios expresan el deseo de detener el tráfico de mujeres o niños en general, pero rara vez se menciona como objetivo a los niños haitianos. Además, el sistema legal es lento y deficiente, con un 70% de los reclusos en República Dominicana en espera de juicio. Un sistema que no puede procesar de manera eficiente a los traficantes de drogas, asesinos y otros delincuentes tiene dificultades graves para llevar a los casos complejos de los traficantes de personas ante la justicia. No existe un registro electrónico integrado. La obtención de estadísticas u otros registros es en extremo difícil y la memoria institucional se pierde de una a otra administración, porque muchas oficinas del gobierno sólo conservan los archivos de papel, en todo acaso
J. Periódicamente, el Gobierno realiza evaluaciones sobre sus esfuerzos con la trata de personas que pone a disposición de organizaciones internacionales, como la OIM, y de la Embajada. La Dirección General de Migración trabaja en estrecha colaboración con nuestro personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en actividades de vigilancia del contrabando y elabora y facilita informes sobre los arrestos. La Marina de Guerra, bajo los auspicios de la Inteligencia Naval (M-2), también coordina regularmente con nuestro Agregado de la Guardia Costera, en cuanto a las intercepciones. Todas las oficinas gubernamentales responsables de la lucha contra la trata, con la mejor intención y voluntariamente, comparten información entre sí, con la Embajada y con otras partes interesadas. A pesar de que no existe un sistema para rastrear los casos de tráfico de personas, los informes sobre las acciones contra la trata de la Procuraduría General se pondrán en marcha en 2004.
K. La prostitución extendida en el país está generalmente aceptada. En muchos casos, mujeres que son prostitutas en el extranjero nunca han trabajado como prostitutas en la República Dominicana, y disfrutan de un estatus socio-económico relativamente alto cuando regresan para los días festivos con regalos, ropa de lujo y joyas caras. Estas mujeres vacilan en denunciar a los traficantes, no necesariamente por temor a su seguridad, sino por temor a la condena social. También tienen ingresos sustancialmente más altos como prostitutas, en relación con lo que ganarían en otras ocupaciones profesiones. El turismo sexual creció en la medida que aumentó el número de visitantes internacionales.
El artículo 334 de la Ley de Violencia Doméstica (Ley 24-97) prohíbe actuar como intermediario en una transacción de prostitución, y el Gobierno utilizó la ley para enjuiciar a terceros que se beneficiaron de la prostitución.
L. No hubo reportes de compra o venta de niños para casamientos.
PREVENCIÓN
A. El Gobierno reconoce que el tráfico de personas es un problema en el país, y varias agencias gubernamentales están involucradas en la lucha contra la trata. El Fiscal General comentó repetidamente en la prensa y en conferencias en 2003 sobre los peligros de la trata de personas. En diciembre de 2003, el Procurador General participó en una cumbre sobre la trata de personas organizada por la ONG Shared Hope International, a la que asistieron más de 75 fiscales dominicanos, jueces y agentes de policía, junto con representantes de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. En sus comentarios, el Fiscal General anunció que su oficina había rescatado a 2,000 jóvenes chicas de los burdeles. Hizo hincapié en que también los factores socioeconómicos hacen a la mujer y a los niños vulnerables al tráfico de personas.
B. Las principales instituciones del Gobierno Dominicano involucrados en los esfuerzos contra la trata (que también sirven como fuente de información) son:
-El Comité Interinstitucional para la Protección a la Mujer Migrante (CIPROM)
-El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI): un ministerio no al nivel de gabinete, administrados por la hermana del Presidente)
-La Secretaría de Estado para la Mujer (SEM)
-La Dirección General de Migración
-La Unidad de Inteligencia Naval (M-2)
-La Secretaría de Trabajo (SET: Secretaría de Estado de Trabajo)
-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SEREX: La sección especial para mujeres, niños y adolescentes y Asuntos Consulares
–El Fiscal General (PG: Procuraduría General)
-La Policía Nacional
-La Secretaría de Estado de Turismo (Secretaría de Estado de Turismo)
-El Consejo Nacional para la Niñez y la Juventud (CONANI: Consejo nacional para la Niñez.
CIPROM, presidido por la SEM, tiene la iniciativa en cuestiones de trata de personas para el Gobierno. Fue creado en 1999 por el Decreto N º 97 para desarrollar planes y fortalecer la acción del gobierno para proteger a las mujeres migrantes, especialmente a las que son llevadas mediante el tráfico a otros países para ser explotadas sexualmente. CIPROM se compone de SEM, la SEREX, la Secretaría del Trabajo, la Dirección de Migración, la Secretaría de Turismo, la OIM, ASONOHARES (Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes) y algunas otras entidades. En 2003, CIPROM fue reforzada por la incorporación de adicional de la Policía Nacional, el Fiscal General, y más organizaciones no gubernamentales.
El Departamento de Asuntos Consulares también se ha tomado gran interés en los asuntos de tráfico de personas. En materia de seguridad de visados, el área de asuntos consulares comenzará a procesar visados con fotos integradas en 2004 y ha mejorado la coordinación con la Oficina de Pasaportes. Para ayudar a reducir el fraude, la Oficina de Pasaportes tiene programado emitir pasaportes de lectura mecánica, a partir de abril 2004
C. Ha habido varias campañas administradas por el Gobierno de educación contra la trata y la explotación sexual. Con el apoyo de la OIM, la Secretaría de la Mujer y la oficina del Procurador General han distribuido 30,000 ejemplares de la nueva ley contra la trata de personas a las oficinas del gobierno y a las ONG.
En agosto de 2003, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños y Adolescencia puso en marcha una amplia campaña de sensibilización contra la explotación sexual de menores. Hoy en la República Dominicana, se colocan grandes carteles con el siguiente mensaje disponible en español, inglés, francés y alemán: “En la República Dominicana protegemos nuestros tesoros. Nuestras playas, montañas, monumentos, y nuestro tesoro más importante: nuestros hijos.” Como parte de esta campaña, se compraron anuncios y spots de radio para advertir a los violadores de la sobre las penas por explotación sexual de menores. El Ministerio de Salud Pública también realizó una publicación explicando las responsabilidades de la comisión interinstitucional para prevenir abusos, proteger a las víctimas y procesar a los criminales. La Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) ha capacitado a los empleados del turismo para reconocer las señales de alerta de la explotación sexual comercial de menores y el tráfico de personas.
En febrero de 2004, la OIM puso en marcha una nueva novela radial titulada “Atrapada”, que dramatiza la vida real de 10 casos de tráfico de persona, a partir de entrevistas con mujeres realizadas por COIN y la Secretaría de la Mujer. La radionovela está siendo transmitida por más de 74 estaciones de radio en todo el país, 52 de ellas en el campo. Además, un estuche que contiene cinco discos compactos, un folleto con información y pautas conceptuales para grupos de estudiantes, será distribuido y utilizado en las sesiones educativas con 90 escuelas secundarias.
D. El Gobierno apoya otros programas para prevenir la trata de personas, especialmente los programas que se dirigen a los niños. Durante el año, la Secretaría de Educación capacitó a 3,000 maestros en áreas de alto riesgo sobre la prevención de la explotación sexual infantil. La Secretaría de Relaciones Exteriores también estableció cuatro redes de cónsules en Europa, América del Sur, América Central y el Caribe para el intercambio de información sobre las tendencias del tráfico y para coordinar las respuestas.
E. El Gobierno está en capacidad de apoyar los programas de prevención. Véanse las respuestas anteriores.
F. El Gobierno ha reforzado las relaciones con las ONG que trabajan sobre el tráfico, por ejemplo, mediante la ampliación de miembros para expandir más la membresía de CIPROM, para incluir una mayor representación de la sociedad civil. Como resultado, en febrero de 2004, SEM colaboró con la ONG FINJUS (Fundación Institucionalidad y Justicia) y otros asociados, para organizar talleres sobre la nueva ley contra la trata de personas. Hasta la fecha, más de 200 activistas de la comunidad y agentes de la policía han participado en talleres realizados en todo el país. SEM comenzó un programa de divulgación para alentar a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de la mujer para centrarse más en la prevención de la trata. SEM también ha fortalecido su colaboración con COIN (Centro de Orientación e Investigación Integral), la principal fuente de información de la ONG sobre las víctimas de la trata.
En febrero de 2004, más de 70 fiscales y agentes de la policía asistieron a seminarios patrocinados por la OIM en Santiago, sobre cómo aplicar la nueva ley contra la trata de personas; 50 fiscales, policías y oficiales de la Inteligencia de la Marina (M-2) asistieron a los mismos seminarios en Santo Domingo. Otros seminarios están previstos para marzo y abril en Barahona e Higüey.
G. El Gobierno ha hecho algunos avances para detener el flujo de la inmigración ilegal, pero la frontera entre Haití y la República Dominicana es de más de 240 kilómetros de largo y muy porosa. La financiación de las operaciones navales también es muy limitada. La Dirección General de Migración informó que más de 12,000 haitianos fueron deportados de la República Dominicana en 2003, pero la sociedad civil proyecta un número más cercano a los 30,000. La Inteligencia Naval (M-2) controla el Canal de la Mona, el canal entre la República Dominicana y Puerto Rico. En marzo de 2004, Iris De Moquet, una fiscal de Pedernales, fue asignada a la División de Inteligencia Naval a tiempo completo para ayudar a sus agentes en la preparación de casos de contrabando, y para informarles sobre las acciones de aplicación de la ley.
La Guardia Costera de EE.UU. informa que la Inteligencia Naval detuvo a 3,739 inmigrantes preparándose para ir en “yola” a Puerto Rico en 2003; esta cifra incluye a los migrantes y los contrabandistas. El número de personas detenidas es, por lo general, un pequeño porcentaje (10 a 15%) del total de emigrantes ilegales y contrabandistas en la escena. El porcentaje restante corresponde a contrabandistas y migrantes que evitan ser capturados cuando salen corriendo en todas direcciones durante las operaciones nocturnas. Algunos de estos traficantes contribuyen a la trata mediante la entrega de personas a redes sin escrúpulos, a su llegada a Puerto Rico. La Guardia Costera de EE.UU. informa que muchas de las mujeres rescatadas de los barcos en el Canal de la Mona, claramente tenían planeado trabajar como prostitutas en los Estados Unidos.
H. Aunque no existe un grupo de trabajo dedicado exclusivamente al tráfico de personas, CIPROM lleva la iniciativa en la respuesta del Gobierno a la trata. Incluye más de 20 agencias gubernamentales, ONG y organizaciones internacionales y se reúne una vez al mes. La Secretaría de Relaciones Exteriores también ha asumido un papel más activo en la respuesta del Gobierno a la trata. En agosto, septiembre y octubre de 2003, y en Febrero de 2004, SEREX auspició encuentros interinstitucionales de los grupos de trabajo. En febrero de 2004, el secretario de Relaciones Exteriores solicitó que se creara un grupo de trabajo para coordinar mejor la política.
Bajo el liderazgo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la oficina de asuntos consulares del SEREX organizó una comisión interinstitucional de 18 oficinas del gobierno para implementar, consolidar y dar seguimiento a estrategias contra la trata; esta comisión está integrada por la Corte Suprema y la Junta Central Electoral. En marzo de 2004, la comisión envió a la Embajada un informe detallado sobre las actividades del Gobierno en 2003-2004 (Nota: el informe de la Embajada se enviará al Departamento de bolsa).
I. El Gobierno Dominicano participa y coordina un grupo de trabajo internacional para prevenir la trata de personas. En abril de 2003, SEREX gastó US$10,000 para 24 funcionarios consulares asignados a puestos en Centro y Sur América viajar a Argentina a un taller patrocinado por la OIM de dos días sobre el tráfico. Como seguimiento al taller de abril, en julio de 2003 SEREX ayudó a organizar una delegación del Gobierno Dominicano en Haití que incluía a un representante de la oficina de la Primera Dama, CONANI, representantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Fiscal General, el Director de Migración, y representantes de ONG y organizaciones internacionales. El propósito del viaje fue el desarrollo de estrategias transfronterizas y las redes de tráfico de niños en ambos lados de la frontera. En particular, el embajador dominicano en Haití ha hecho del tráfico una prioridad, se reunió con prostitutas dominicanas en Haití y les pidió que notificaran a la embajada de inmediato cualquier actividad relacionada con menores de edad.
La Secretaría de Turismo informa mejoras en su colaboración con los contactos internacionales para desmantelar las redes del ciberespacio que promueven el turismo sexual en la República Dominicana. Una operación encubierta de 2003 en Sosúa (ubicada en la provincia Puerto Plata) dio como resultado el cierre de siete hoteles y bares para la promoción de la prostitución, la promoción del turismo sexual en el Internet y para el uso de menores de edad para realizar actos sexuales. En enero de 2004, personal de la Secretaría de Turismo participó en un taller en Boca Chica sobre “Estrategias de Intervención” con los niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.
J. La Secretaría de la Mujer dirige a CIPROM, el principal grupo interinstitucional del Gobierno para hacer frente a la trata de personas. CIPROM y SEM, con la OIM, firmaron un convenio en abril de 2001 denominado "Programa para Prevenir y Combatir la Trata de Mujeres en la República Dominicana"; en esencia, es un plan de acción nacional. La segunda fase de este convenio se llevó a cabo en 2003, cuando la OIM apoyó en la elaboración de nuevos una nueva legislación contra la trata. En febrero de 2003, la Secretaría de la Mujer inauguró un centro de acogida para víctimas de la trata en las instalaciones de COIN. El centro fue financiado por el UNFPA, con ayuda en especie de la SEM y la Oficina del Procurador General. El centro ofrece atención médica y psicológica, asistencia jurídica y formación profesional.
K. La nueva ley contra la trata de personas establece que varias agencias gubernamentales son responsables de la aplicación de la ley, incluyendo SEM, SEREX, la unidad de la Procuraduría General contra la TIP y CIPROM. Sin embargo, ninguna entidad se encarga de desarrollar programas del Gobierno contra la trata de personas.
INVESTIGACIÓN Y JUICIOS DE TRAFICANTES
A. Se pueden aplicar varias leyes para perseguir a los que trafican con personas. En conjunto, estas leyes son más que suficientes para cubrir todo el ámbito del tráfico de personas (TP). La nueva ley contra la trata de personas (Ley 137-03), aprobada por el Congreso en julio y firmada por el Presidente en agosto de 2003, es la más abarcadora. La definición de “trata de personas”, en gran media se tiene como base de definiciones la de EE.UU., e incluye lo siguiente, a los efectos de la explotación: la explotación sexual, pornografía, servidumbre por deuda, trabajos o servicios forzados, matrimonio de servidumbre, la adopción ilegal, la esclavitud y / o las prácticas análogas, o la extracción de órganos. La ley incluye sanciones para los traficantes prisión de 15 a 20 años, junto con una multa equivalente a 175 veces el salario mínimo. La ley también incluye una provisión contra el contrabando de extranjeros, que implica de 10 a 15 años de prisión y una multa de 150 a 250 veces el salario mínimo. Hay una ley preexistente contra el contrabando de extranjeros (Ley 344-98), pero la Ley 137-03 conduce a a penas más estrictas.
B. El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes revisado (Ley 136-03 también firmada en agosto de 2003), anteriormente conocido como el Código del Menor, penaliza la explotación sexual comercial de los menores con prisión entre 3 y 10 años y una multa entre de 10 y 30 veces el salario mínimo. También hay un artículo en la Ley 136-03 que penaliza la comercialización general de los niños y adolescentes con sentencias en prisión de 20 a 30 años. La explotación sexual infantil está incluida en la definición de trata en la Ley 137-03, pero en teoría, el artículo de carácter general en la Ley 136-03 se podría aplicar para asegurar sanciones más severas contra aquellos que comercializan niños. También hay un artículo en el Código Penal que penaliza a los traficantes involucrados en la promoción de la prostitución, pero las penas son más graves en la Ley 137-03.
C. La Ley Contra la Violencia Doméstica (Ley 24-97) incluye penas por violación, incesto, agresión sexual y otras formas de violencia doméstica, que van desde uno a 30 años de prisión y multas que van de 5,000 a 500,000 pesos.
D. En un esfuerzo por priorizar el procesamiento de los traficantes, en abril de 2003 la oficina del Procurador General anunció la creación de una unidad de lucha contra la trata, con una unidad dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad. Los fiscales especiales entrenados en cuestiones de trata fueron asignados para trabajar en las unidades. Existe una unidad contra la trata de la Fiscalía General en cada provincia. Aunque no ha habido procesamientos en virtud de la nueva ley, varias investigaciones sobre casos de trata se han abierto o se volverán a abrir bajo la nueva ley.
La unidad contra el tráfico de la Procuraduría en Santo Domingo decidió volver a abrir al menos tres casos pendientes para determinar si hay indicios de trata de personas. Por ejemplo, la unidad está investigando el caso de Antonio Made Jiménez, acusado de transportar indocumentados haitianos a territorio dominicano. Inicialmente, la Fiscalía iba a aplicar la ley original contra el contrabando de extranjeros (Ley 344-98). La unidad de lucha contra el tráfico también ha reabierto el caso en contra de José Ramón Mercedes Quiterio, acusado el 10 de mayo de 2002 de la organización ilegal de viajes a San Martin, lo cual viola el artículo 405 del Código Penal. El 15 de julio 2003, el caso en contra de Jesús Fortuna Peña, acusado de transportar los nacionales haitianos dentro del territorio dominicano, fue abierro de nuevo para determinar si involucraba tráfico. Fortuna está libre bajo fianza por orden del Juzgado de Instrucción de Elías Piña.
En el año 2003, la unidad contra la trata de la Fiscalía General en San Juan de la Maguana recibió una denuncia de un nacional alemán, Francis George Kraus, contra cuatro dominicanos por supuestamente formar parte de una organización que elaboró documentos falsos y traficó con personas hacia los países europeos. Los resultados de la investigación están pendientes.
En 2003, Aracelis Sánchez Mora fue arrestado por orden de la unidad de lucha contra el tráfico de la FG por trata de menores de edad en un bar de Azua. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción encontró a Sánchez Mora, en violación de los artículos 334 y 334-1 del Código Penal, pero permanece libre bajo fianza. El bar en cuestión ha sido cerrado temporalmente hasta que la concluya investigación.
El caso contrabando de extranjeros de más alto perfil que está siendo procesado es el de diputado Guillermo Radhamés Ramos García (véase la respuesta a la sección G, Descripción general de la Trata de Personas). Desde que se produjo la violación del congresista, antes de la aprobación de la nueva ley contra la trata, está siendo procesado por violar el artículo 1 de la Ley de contrabando de extranjeros (Ley 344-98) y los artículos 59 y 177 del Código Penal. Sin embargo, si es hallado culpable, la Corte Suprema de Justicia podría aplicar la nueva ley contra trata de personas (si el Presidente del Tribunal Supremo decide que son necesarias penas más severas).
Fue inaugurada oficialmente una unidad de lucha contra el tráfico de la Policía Nacional en agosto de 2003. La unidad cuenta con 13 investigadores que han sido entrenados principalmente en la detección de la falsificación de visados y pasaportes de EE.UU. A continuación, el informe que la unidad proporcionó a la Embajada sobre actividades que abarcan 2003-2004:
-Número de personas sometidas a la justicia por intentar salir del país con documentos de viaje alterados (como el pasaporte de EE.UU. o Europa, visados, tarjetas de residencia): 172
-Número de personas sometidas a tráfico o trata de personas: 14
-Número de personas sometidas por contrabando de niños: 3
-Número de visados falsos de Estados Unidos y Europa recuperados: 102
-Número de denuncias recibidas sobre contrabandistas extranjeros: 35
-Otras denuncias recibidas: 34
-Número de casos pendientes (de las denuncias recibidas): 11
En un caso muy publicitado en agosto de 2003, unidad contra el tráfico de la Policía Nacional detuvo a un traficante de niñas dominicanas hacia Haití, sobre la base de una información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. La prensa local informó sobre entrevistas con algunas de las víctimas, que dijeron que les habían prometido trabajo en San Martín para trabajar en una tienda. El traficante permanece en la cárcel de Najayo, en Santo Domingo. En octubre de 2003, la unidad detuvo a otro traficante de niños en Haití y los niños fueron devueltos inmediatamente a sus familias, antes de que sufrieran daños.
E. Según el COIN y la OIM, las organizaciones de tráfico suelen ser grupos pequeños. Las redes de contrabando en la República Dominicana están poco organizadas, y es probable que las ganancias del tráfico vayan directamente a miembros individuales. Por lo general, hay un contacto en el país de destino, y unas cuantas personas en la República Dominicana que reclutan a las personas objeto de la trata, y que se encargan de obtener los documentos de identificación y de viaje. No hubo informes de que las ganancias del tráfico se canalizaran hacia grupos armados, organizaciones terroristas, jueces, bancos, etc.
F. A través de la unidad contra la trata en la oficina del Procurador General, el Gobierno investiga los casos de trata de personas. (Véase la respuesta anterior en el apartado D). La Dirección de Migración Dominicana también arrestó a numerosos traficantes que fueron detenidos intentando abordar vuelos con niños impostores. Por ejemplo, en 2003, la sección consultar de la Embajada, fue informada de seis arrestos de ciudadanos de EE.UU. por parte de las autoridades dominicanas, de personas que intentaban pasar niños de contrabando hacia los Estados Unidos (ver reftel C). Después de varios meses de investigaciones coordinadas con nuestros agentes de DHS, en marzo de 2004, funcionarios de Migración detuvieron a tres mujeres de Puerto Rico por cargos de contrabando de niños hacia los Estados Unidos: las autoridades sospechan que una de de las mujeres llevó niños de contrabando a los EE.UU. por lo menos en siete ocasiones.
Las autoridades de Migración con frecuencia llevan a los niños con identidades sospechosas y a sus supuestos padres, a la sección consular de ciudadanía y verificación de identidad. Migración colabora activamente con el gobierno de Estados Unidos en la investigación y enjuiciamiento de estos casos. El Departamento de Familias y Niños (bajo la jurisdicción del Procurador General) investiga activamente los secuestros, especialmente de los niños en venta para los extranjeros que deliberadamente dejan de lado las formalidades legales. El Gobierno trata de proteger a los niños de ser víctimas de aquellos que los adoptarán, por lo cual la adopción se les hace más difícil.
G. Después de que se promulgó de la ley contra de la trata de personas, la Secretaría de la Mujer inició una campaña de capacitación en 50 provincias y municipios del país. En septiembre y noviembre de 2003, aproximadamente 250 trabajadores del gobierno participaron en talleres de SEM sobre la prevención de la trata. En cooperación con la ONG FINJUS y otros grupos de la sociedad civil, SEM ha organizado una serie de talleres sobre el tráfico dirigidos a funcionarios medios del gobierno y de las organizaciones comunitarias. Estos talleres se llevarán a cabo en febrero y abril de 2004.
H. El Gobierno coopera con otros gobiernos, como el de Haití, en la investigación y el enjuiciamiento de casos de tráfico de personas. Esta coordinación condujo a la rápida detención en octubre de 2003 de un traficante haitiano de niñas dominicanas, a partir de de un soplo que llegó a la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, que fue compartido con SEREX, y luego pasó a la unidad contra wel tráfico de la Policía Nacional Dominicana.
I. Aunque no se conoce ningún caso de extradición por trata de personas, existe la posibilidad de extradición a través de la aplicación del Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas a los tratados de extradición, una vez que el protocolo sea ratificado. De acuerdo con el artículo 16, párrafo 3 de la Convención, cada uno de los delitos enumerados en el artículo 3, párrafo 1 (a) o (b) se considerará incluido en todo tratado de extradición vigente entre los delitos susceptibles de extradición entre ambas partes. Una advertencia importante es que los delitos sean punibles con arreglo a la ley nacional de ambos países, el que solicita y el que entrega. Por ejemplo, la extradición entre los Estados Unidos y la República Dominicana se rige por el Tratado de Extradición del 9 de junio de 1909. Una vez que ambos países han ratificado el protocolo, si los delitos son punibles con arreglo a la legislación de ambos países, los delitos dan lugar a la extradición.
J. y K. Ver respuestas en la sección Panorama del Tráfico de Personas
L. El Gobierno ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:
-Convenio de la OIT 182, Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil
-Convenio de la OIT ,29, Sobre el trabajo forzoso
-Convenio de la OIT 105, Abolición del Trabajo Forzoso
-Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se firmó 15 de diciembre 2000, pero no ha sido ratificado.
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
A. La ley contra la trata de personas (Ley 137-03) establece una comisión en la cual las víctimas de la trata tienen garantizados una vivienda adecuada, atención médica, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo. La ley también establece que se le dará a las víctimas asistencia legal, así como evaluaciones psicológicas y de otro tipo. En la práctica, estas disposiciones no se han convertido en una realidad, principalmente porque la policía, los fiscales y los jueces están siendo entrenados sobre la forma de aplicar la ley.
En mayo de 2003, el Presidente firmó la Ley 88-03 sobre La Creación de Refugios para Mujeres, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Doméstica. La Secretaría de la Mujer informó que se construyó un albergue en San Cristóbal para las mujeres víctimas de violencia doméstica, pero muchas ONG y organizaciones internacionales informaron que el refugio no era todavía funcional, y que no iba a dar cobijo a las víctimas de la trata repatriadas. Hay varios albergues administrados por la Iglesia que sirven de refugio a los niños que escapan de la prostitución.
De a cuerdo con las ONG que trabajan con víctimas de la trata, como COIN, la mayoría de las víctimas se sienten demasiado avergonzadas para buscar una acción legal contra los traficantes. COIN, con la ayuda de consultores de SEM, ofrecen servicios de salud de bajo costo, asesoría psicológica, asistencia jurídica y capacitación laboral a las mujeres migrantes que han regresado. COIN proporciona análisis para el VIH / SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual; COIN ESTIMA que hasta un 12 por ciento de los trabajadores del sexo son VIH-positivas. COIN también opera un centro de acogida para las mujeres que regresan.
El Gobierno, bajo los auspicios del CONANI, tiene previsto abrir nueve refugios seguros para los niños víctimas de explotación sexual. De acuerdo con CONANI, la oficina del Procurador General quiere financiar por lo menos siete de los albergues, el primero de ellos se inaugurará en los primeros seis meses de 2004.
B. La mayoría de los fondos del Gobierno para las ONG que trabajan sobre el tráfico se canaliza a través de la Secretaría de la Mujer. Al Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) se destinaron 720,000 pesos entre 2003 y 2004 de los presupuestos de la SEM -aproximadamente US$16.000 US$. COIN se incluirá en el presupuesto de SEM de 2005.
C. No existe un proceso en funcionamiento de detección y remisión de las víctimas. El artículo 9 de la nueva ley contra el tráfico establece que el Estado quiere proteger la privacidad y la identidad de la víctima. La mayoría de las víctimas son remitidas a las ONG, como COIN por la OIM.
D. Según el COIN, las víctimas no son penalizadas. Las mujeres que regresan suelen ser enviadas a la Dirección de Migración después de su llegada al aeropuerto. Si los funcionarios de inmigración sospechan trata de personas, los casos se remitidos a la Policía Nacional. Si no, las mujeres son enviadas a su casa. COIN, la Secretaría de la Mujer, el Procurador General y la Dirección de Migración están considerando la posibilidad de un acuerdo con la Policía Nacional de que todos los casos relacionados con la trata sean elevados al COIN.
E. Las víctimas pueden presentar demandas civiles contra los traficantes, pero existe falta de conciencia social al respecto. También hay ausencia de incentivos. Algunos inmigrantes ilegales, por ejemplo, han dicho a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a las víctimas que se resistían a delatar a los contrabandistas, ya que es probable intenten de nuevo la migración ilegal en el futuro.
F. Todavía no existe un programa de protección para las víctimas y los testigos. Las denuncias de trata y tráfico ilícito de personas se someten a la Policía Nacional, pero aquellos que presenten denuncias no están protegidos en la práctica.
G. Hay varios ejemplos del apoyo del Gobierno para capacitar a funcionarios en el reconocimiento de la trata. Así, el artículo 14 de la ley contra el tráfico establece que los servidores públicos responsables de este asunto deben recibir capacitación. En noviembre de 2003, el fiscal especial para la lucha contra el tráfico de la unidad de la Procuraduría General viajó a Colombia para un taller de capacitación sobre trata de personas. La Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la Mujer y el Niño ha estado particularmente activa en los esfuerzos de capacitación. Antes de su salida para el extranjero, los cónsules dominicanos asignados son capacitados sobre la explotación sexual, la trata y el comercio de menores. En noviembre y diciembre de 2003, aproximadamente 15 cónsules asistieron a estas sesiones de entrenamiento de 2 días.
H. Existe una sección en la ley contra el tráfico de personas relacionada con la ayuda del Gobierno para las víctimas de la trata. Esto incluye asistencia para una vivienda adecuada, atención médica y oportunidades de formación y empleo, entre otras medidas. El Gobierno presta ayuda limitada en la práctica, principalmente a través de su relación con COIN.
I. Las principales ONG fuentes de información sobre el tráfico de personas son:
-Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
-Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)
-Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU)
-Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
-Acción SIDA
-Tu Mujer
La organización local sin fines de lucro más activa en temas de tráfico es COIN, y su organización derivada, MODEMU. Fundada en 1985 para ayudar a las trabajadoras del sexo, COIN comenzó a trabajar con las mujeres migrantes en 1994, a través de su Centro de Información sobre Inmigración y Salud (CIM). CIM ofrece información a los posibles migrantes, a víctimas de la trata y sus familias, entrena a los grupos para prevenir el tráfico, funciona como grupo de presión y trabaja para sensibilizar a los grupos políticos, y presta asistencia a las mujeres migrantes devueltas.
Como miembro de CIPROM, COIN trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno en temas de tráfico. Con el financiamiento de IOM, COIN asistió a 85 mujeres que regresaron en 2003; 65 fueron devueltas de Argentina y 20 de diversos países europeos y del Caribe. Durante años, COIN también ha organizado programas de educación comunitaria sobre la trata para 3,000 emigrantes potenciales y niños. COIN aconseja a las mujeres que planean aceptar ofertas de trabajo en Europa y el este del Caribe sobre inmigración, salud y otros problemas, incluyendo los peligros de la trata, la prostitución forzada y la servidumbre doméstica.
CRITERIOS LEGALES
3 (SBU) El punto de contacto de la Embajada (de EE.UU.) y redactor de este informe es Shelby Smith-Wilson, de la Oficina de Política, (teléfono 809-731-4203, fax 809-686-4038; correo electrónico Smith-WilsonSV@state.gov). Se dedicaron más de 100 horas por personal de la Embajada a la preparación y redacción del presente informe.
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