SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Ley 285-04 sobre Migración fue promulgada el 15 de agosto de 2004, pero un año después el gobierno prácticamente había olvidado la necesidad de un reglamento para su puesta en vigencia, y las autoridades obviaban referirse al tema en relación con los inmigrantes haitianos en República Dominicana.

Este hecho llamó la atención del gobierno de los Estados Unidos, según lo afirma un cable de su embajada en Santo Domingo, de fecha 7 de noviembre del año 2005, considerado sensitivo y registrado con el número 004946.

El informe confidencial forma parte de los más de 2 mil documentos sobre República Dominicana, que fueron entregados por una fuente del gobierno de Estados Unidos al portal Wikileaks, que los puso a disposición del público en general.

El cable comenta que a raíz una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de septiembre de 2005, que condenó al gobierno dominicano por negar la nacionalidad a las dominicohaitianas Dilcia Yean y Violeta Bosico, que nacieron en Sabana Grande de Boyá, en el Distrito de Monte Plata, de madres dominicanas y padres haitianos,  surgieron muchos comentarios airados entre algunos y un buen examen de consciencia entre algunos comentaristas serios.

Agrega que un tema de migración más reciente e igualmente crítico comenzaba a surgir, relacionado con el reglamento que se necesitaba para poner en plena vigencia la Ley de Migración.

Señala que en esos momentos algunos políticos comenzaban a hablar sobre una enmienda de la Constitución simplemente para eliminar el "jus soli"  o el derecho a la ciudadanía para los nacidos en territorio dominicano, que en esos momentos era válido de manera automática para todos, excepto para diplomáticos y para extranjeros que de manera transitoria se hallaran en territorio dominicano. La Embajada de EE.UU señala que se había definido con claridad qué significaba un extranjero en tránsito.

Comenta que el 26 de octubre el Consejo Nacional de Migración de la República Dominicana publicó un proyecto de reglamentación con varias partes relacionadas con la aplicación de la Ley 285-04 sobre Migración, promulgada el 15 de agosto de 2004. Las autoridades informaron que esperaban comentarios y propuestas hasta el 15 de noviembre de 2005, y que luego sería avalado por un decreto del Presidente de la República. (En realidad, ese decreto no se produjo hasta el presente año 2011, exactamente el 19 de octubre, es decir 7 años después de aprobada la Ley de Migración).

Para la Embajada de Estados Unidos lo extraño fue que luego de la publicación del documento y de que se llamara al público a emitir su opinión, muy pocos se animaron a hacerlo.

Dice que aun que el proyecto de reglamente proponía un censo de extranjeros residentes en República Dominicana, que podría tardarse dos años, esto no explicaba la ausencia de comentario oficial.

“Aparte de hacer comentarios sobre la labor de los activistas por los derechos de los haitianos, algunos de los miembros más abiertos de la administración Fernández han guardado silencio sobre estas medidas que podrían concederle derecho de residencia a una abrumadora cifra de cientos de miles de inmigrantes indocumentados haitianos. Por el momento, también los partidos de oposición mantienen silencio sobre el tema, posiblemente debido a que las implicaciones de esta propuesta aún no han sido asimiladas”, señala el cable.

El cable comenta que a raíz una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de septiembre de 2005, que condenó al gobierno dominicano por negar la nacionalidad a las dominicohaitianas Dilcia Yean y Violeta Bosico, que nacieron en Sabana Grande de Boyá, en el Distrito de Monte Plata, de madres dominicanas y padres haitianos,  surgieron muchos comentarios airados entre algunos y un buen examen de consciencia entre algunos comentaristas serios

“Esperamos que esto cambie, y que aumenten las presiones para un cambio constitucional. Si, por el contrario, el silencio se mantiene, hay otras explicaciones posibles: 1) El gobierno ha evitado explicar las implicaciones, consciente de que van a despertar la oposición popular; 2) El hecho simple es que rara vez, o nunca, ha habido una petición para que la población comente sobre el proyecto de reglamento, antes de su aplicación;  3) Algunos pudieran considerar que las declaraciones en contra del proyecto de reglamento favorecen a la presunta conspiración internacional para fijar la etiqueta de xenófoba a la República Dominicana. Las declaraciones contra la regularización serían  vistas por la comunidad internacional como una prueba del racismo omnipresente en la sociedad dominicana”, advierte.

Asimismo, consideraba que las disposiciones de "línea dura" de los reglamentos (por ejemplo, una declaración general de que las deportaciones masivas no violaban los principios de la Organización de Estados Americanos de 1969, en la "Convención Americana sobre Derechos Humanos"), les venía muy bien a los críticos.

También observaba que hablar de regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados equivaldría a ofrecer una "amnistía", lo que alentaría más la inmigración ilegal que la simple puesta en vigencia del reglamento sin debate.

Más Wikileaks sobre República Dominicana…

El cable

2005-11-07 19:06

2011-08-30 01:44

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

Embassy Santo Domingo

UNCLAS SECTION 01 OF 03 SANTO DOMINGO 004946

SENSITIVE

SUBJECT: DOMINICAN POLITICS II #6:  HAITIAN MIGRANT REGULARIZATION "UNDER THE RADAR"

2005-11-07 19:06

Asunto: política dominicana: regularización de migrantes haitianos "bajo el radar"

1. (SBU) Este es el sexto de una serie sobre acontecimientos políticos en el segundo año de la administración de Leonel Fernández.

Regularización de inmigrantes haitianos "bajo el radar"

Mientras que una reciente decisión relacionada con la migración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha provocado muchos comentarios airados entre algunos y un buen examen de conciencia entre algunos comentaristas serios, una cuestión de migración más reciente e igualmente crítica parece estarse produciendo casi bajo el radar. Esto está ocurriendo mientras algunos políticos han comenzado a hablar sobre una enmienda de la Constitución, simplemente, para eliminar el "jus soli" -el derecho a la ciudadanía para los nacidos en territorio dominicano, (automática en la actualidad para todos, excepto para diplomáticos y "transitorios", un término no definido).

La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el Dr. Milton Ray Guevara lo sugirieron en declaraciones a la prensa el 2 de noviembre, y el ex canciller Hugo Tolentino Dipp la hizo suya. Todos son miembros del PRD de oposición, que tiene una mayoría decisiva en el Senado y una pluralidad importante en la Cámara de Representantes. El diario El Día sedujo a dos expertos en temas constitucionales a declarar en su edición de 04 de noviembre que sí, que en efecto, la Constitución dominicana se puede cambiar. El politólogo Pedro Catrain llegó a postular que "jus solis" era apropiado en el siglo XIX para un país en gran parte despoblado, pero que ya no lo es en la actualidad.

Antecedentes

Mientras tanto, y cuando los temas más amplios de la nacionalidad se están debatiendo, el 26 de octubre, el Consejo Nacional de Migración de la República Dominicana publicó un proyecto de reglamentación con varias partes relacionadas con la aplicación de la Ley 285-04 sobre Migración (promulgada el 15 de agosto de 2004). Impreso en su totalidad en los principales periódicos, este proyecto de reglamento está abierto a todo comentario del público hasta el 15 de noviembre de 2005. Su implementación final se llevará a cabo a través de un decreto presidencial.

De particular interés es su plan para regular una parte importante de los migrantes indocumentados que están actualmente en la República Dominicana, mediante un censo futuro de los extranjeros. Dado que la mayoría de los más de 800,000 haitianos presentes  en la República Dominicana son indocumentados, y que la opinión pública hacia ellos es generalmente hostil, una pregunta sería: ¿cuál es, exactamente, la causa de la ausencia de comentarios oficiales y no oficiales hasta la fecha?

Parece que las actitudes no han cambiado significativamente desde la encuesta de Gallup de 1998, en la cual el 45% de los dominicanos favorecieron la deportación de ilegales haitianos y otro 17% favoreció la repatriación de todos los haitianos, legales o ilegales. Los estimados sobre la población haitiana varían ampliamente; el presidente Fernández dijo al Embajador (de EE.UU.) el año pasado que hay probablemente cerca de 700,000 haitianos indocumentados; en 1998, el Banco Mundial estimó una población total de 800,000, y los más altos estimados actuales de los políticos dominicanos son de 1,5 millones o más.

En estas circunstancias, ¿qué repercusión tendría la regularización de unos cuantos cientos de miles de inmigrantes haitianos indocumentados?

El problema de (hablar sobre) la amnistía

En gran medida, la prensa en la República Dominicana está controlada políticamente  y movida por el escándalo. La combinación de estos factores limita a las juntas editoriales de los periódicos de hacer comentarios o solicitar comentarios sobre cualquier cosa, excepto las crisis más inmediatas que afectan a la sociedad dominicana. El proyecto de reglamento propone llevar a cabo un censo completo de los extranjeros en un período de hasta dos años. El reconocimiento popular de las implicaciones podría demorarse mucho.

Sin embargo, esto no explica la ausencia de comentario oficial. Aparte de hacer comentarios sobre la labor de los activistas por los derechos de los haitianos, algunos de los miembros más abiertos de la administración Fernández han guardado silencio sobre estas medidas que podrían concederle derecho de residencia a una abrumadora cifra de cientos de miles de inmigrantes indocumentados haitianos. Por el momento, también los partidos de oposición mantienen silencio sobre el tema, posiblemente debido a que las implicaciones de esta propuesta aún no han sido asimiladas.

Esperamos que esto cambie, y que aumenten las presiones para un cambio constitucional.

Si, por el contrario, el silencio se mantiene, hay otras explicaciones posibles:

– 1) El gobierno ha evitado explicar las implicaciones, consciente de que van a despertar la oposición popular;

– 2) El hecho simple es que rara vez, o nunca, ha habido una petición para que la población comente sobre el proyecto de reglamento, antes de su aplicación;

– 3) Algunos pudieran considerar que las declaraciones en contra del proyecto de reglamento favorecen a la presunta conspiración internacional para fijar la etiqueta de xenófoba a la República Dominicana. Las declaraciones contra la regularización serían  vistas por la comunidad internacional como una prueba del racismo omnipresente en la sociedad dominicana;

– 4) Más disposiciones de "línea dura" de los reglamentos (por ejemplo, una declaración general de que las deportaciones masivas no violan los principios de la Organización de Estados Americanos de 1969, en la "Convención Americana sobre Derechos Humanos"), le vienen muy bien a los críticos, y

– 5) Hablar de regularizar la situación es similar a ofrecer una "amnistía". Esto pudiera alentar más la inmigración ilegal que la simple puesta en vigencia sin debate.

Los artículos cuestionados

El proyecto de reglamento es notablemente claro en lo tocante a la regularización, con la conversión a algún tipo de estatus legal para todos los inmigrantes indocumentados que entraron en el República Dominicana hasta e incluyendo el 15 de agosto de 2004. Las principales disposiciones son las siguientes:

– 1) Todos los extranjeros en el país que hayan entrado hasta e incluyendo el 15 de agosto de 2004, y que han permanecido por un período de 10 años o más, tendrán el "derecho" a optar por la residencia permanente según la ley, así como el derecho a recibir una tarjeta de identificación personal válida por 4 años. (Capítulo VI, art. 11, párr. C)

– 2) Los presentes por menos de 10 años, pero más de 5 años, tienen derecho a optar por la "residencia temporal" y estar dotados de una tarjeta de identificación válida por 2 años. También puede solicitar un cambio de categoría. (Capítulo VI, art. 11, párr. D)

– 3) Los extranjeros con menos de 5 años de presencia (en el país) que entraron hasta e incluyendo el 15 de agosto de 2004, se considerarán "no residentes" y, por esa causa, "en tránsito", según el Artículo 11 de la Constitución Dominicana. Sin embargo, se les dará una tarjeta de identificación personal con fecha de vencimiento igual a la del máximo legal del estatus de no residente. (Capítulo VI, art. 11, párr. E).

Mientras que algunas partes de este proyecto siguen siendo muy preocupantes, incluida la declaración sobre las deportaciones en masa, estos proyectos de reglamentos podrían representar un paso de avance significativo para asegurar los derechos de muchos migrantes indocumentados.

Ninguna solución para la cuestión del Tribunal de Derechos Humanos

Puesto que será nuevo, y probablemente no se aplicará inmediatamente después de ser aprobado, el proyecto de medidas no necesariamente resolverá los casos de la nacionalidad de los residentes recién reconocidos nacidos aquí antes de la regularización del estatus. Los muchos que se oponen a la presencia de haitianos o dominico-haitianos podrían argumentar, con mayor vehemencia, que el acto de concesión de la residencia es una confirmación de facto de que hasta ese momento el individuo en cuestión era un "transitorio", incluso si él o ella había estado en el país durante 10 años o mucho más tiempo (y hasta quizá, si la persona había nacido en la República Dominicana). De esta línea de pensamiento se derivaría que los hijos de estas personas nacidos antes de la regularización no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Estas son cuestiones que deben examinarse en profundidad -tal vez, según lo solicitado por el Consejo de los Obispos el 1 de noviembre, por la Corte Suprema, “teniendo en cuenta todas las variantes posibles".

2. Este texto fue elaborado por Michael Garuckis y Michael Meigs.

3. Este texto, así como el texto original completo en español del reglamento propuesto, se puede encontrar en nuestro sitio web en SIPRNET  http://www.state.sgov.gov/p/wha/santodmingo). La Embajada publicó el texto en español de la normativa en la página web y lo ha enviado por correo electrónico a la WHA / CAR Searby).

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