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14333

 

26 de febrero, 2004

 

UNCLAS SECTION 01 OF 02 SANTO DOMINGO 001299

 

SIPDIS

 

SENSITIVE

 

DEPARTMENT FOR WHA/CAR (MCISAAC)

 

E.O. 12958: N/A

TAGS: KJUS, PGOV, PREL, DR

SUBJECT: DOMINICAN ELECTIONS #23 – POLITICS AFFECTS THE

SUPREME COURT

 

REF: SANTO DOMINGO

 

La política afecta a la Suprema Corte

 

El PRD del presidente Mejía parece estar posicionándose para llenar la Suprema Corte con miembros del PRD, a menos de tres meses previo a las elecciones presidenciales.  Si Mejía pierde las elecciones de 16 de mayo, los amigos y partidarios del PRD dentro de la Corte podrían evitar que se enjuicien exitosamente a los funcionarios de la administración de Mejía por abusos reales o supuestos mientras estuvieron en el Gobierno.

Desde el 16 de febrero, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han nombrado a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o CNM.  El CNM tiene la autoridad de elegir los jueces para las vacantes en la SCJ y designar al juez principal.  Los miembros del CNM son el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, otro senador y otro representante, el presidente de la Suprema Corte y otro juez asociado de la SCJ que actúe como secretario.

No hay vacantes en estrado, así que el único asunto en agenda para el nuevo CNM sería seleccionar el nuevo presidente de SCJ.

El presidente de SCJ Subero Isa, un respetado jurista, ha encabezado la corte, que apoya la reforma, compuesta por16 miembros desde 1997.  Él ha sido apolítico desde que subió y fue nombrado magistrado. A mediados de enero amenazó con renunciar luego de abiertos enfrentamientos, tanto en la corte como en su despacho con otros jueces; entregó una carta a los demás miembros solicitando formalmente un voto de confianza de por lo menos tres cuartas partes de los jueces.  Prominentes organizaciones sin fines de lucro y otros miembros de la sociedad civil lo instaron a que permanezca en el puesto.  La embajada hizo lo mismo.  Subero Isa, según se reporta, recibió el apoyo solicitado de parte de sus colegas jueces.  En privado, le dijo a la embajada que la Corte está bajo “tremenda presión”.

Los legisladores electos  al CNM son del PRSC y se dice que son adeptos al PPH.  El debate en la Cámara el 20 de febrero incluyó quejas sobre el lento progreso de la reforma judicial.  El presidente de la Cámara Alfredo Pacheco comentó que la renovación del CNM era necesaria para “supervisar la Corte”.

El Consejo puede actualmente ser convocado a gusto del Presidente.  Si nombra un nuevo presidente de la corte, el susceptible Subero Isa podría ciertamente renunciar. Esto crearía una vacante que le permitiría al PRD elegir un presidente de la SCJ más a su gusto y nominar un simpatizante del PRD en el puesto de Subero.

Con la salida de Subero, el PRD podría aumentar la presión sobre los otros tres jueces para que renuncien.  Todos están por encima de la edad obligatoria de retiro, 75 años, establecida por la Ley de Carrera Judicial de 1997; como todos ya estaban en puestos vitalicios en la corte en ese momento, a ellos les fueron asignados sus derechos basados en comportamientos pasados.

Al nombrar un nuevo juez presidente de la Corte más tres nuevos jueces, el PRD podría comprometer la independencia de la Corte.  El conteo de manifiestos simpatizantes del PRD aumentaría de 7, encabezados por el más severo crítico de Subero el juez Luciano, a 11, una mayoría.

En 1997, cuando se hizo la reforma en la Corte, organizaciones de la sociedad civil jugaron un rol prominente al “investigar” a los nominados y objetando exitosamente algunos con calificaciones limitadas en el Colegio de Abogados;  en 2000, sin embargo, el CNM ignoró los comentarios de la sociedad civil nombrando tres jueces cuyos vínculos con el PRD eran más fuertes que su servicio en la judicatura.  Si el CNM logra apropiarse del rol de nombrar los nuevos jueces, la prueba decisiva de sus intenciones será su receptividad a los comentarios de la sociedad civil.  (No hay un equivalente aquí a la “American Bar Association”;  el Colegio de Abogados es en gran medida una asociación social y no hay una autoridad que certifique las calificaciones de los aspirantes a abogado o jurista).

El presidente de la SCJ establece la agenda de la Corte.  Un miembro del PRD en esa posición podría hacer que los casos que sean de particular para el PRD sean despachados rápidamente o demorados indefinidamente.  Sin importar el resultado de las elecciones presidenciales, el PRD mantendría el control del Senado y su casi control de la Cámara de Diputados por lo menos hasta las elecciones congresuales de 2006.  Recientes maniobras sugieren que el dominio del PRD en el Congreso busca dominar el poder judicial.  Si Leonel Fernández resulta triunfador, como muchos esperan, podría encontrar personas desfavorables listas para movilizarse en su contra en otras ramas del Gobierno.  También resulta preocupante el llenar la SCJ con simpatizantes sería un revés en  los esfuerzos que se llevan a cabo desde 1997 para fortalecer el sector judicial y hacerlo independiente.

 

MARSHALL

 

(Nota: Mary Marshall era la Consul General EE.UU en el 2004)

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Cable original en inglés

 

14333

 

26 de febrero, 2004

 

UNCLAS SECTION 01 OF 02 SANTO DOMINGO 001299

 

SIPDIS

 

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E.O. 12958: N/A

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SUBJECT: DOMINICAN ELECTIONS #23 – POLITICS AFFECTS THE

SUPREME COURT

 

REF: SANTO DOMINGO

 

1. (SBU) This is cable number 23 in our presidential election series.

Politics affects the Supreme Court

President Mejia’s PRD appears to be positioning itself to pack the Supreme Court with PRD party members, less than

three months before the presidential election,  If Mejia loses the May 16 elections, friends and PRD supporters on the

Court could prevent successful prosecutions of Mejia administration officials for real or alleged abuses while in

office.

Since February 16 both the Senate and House have named members to a Judicial Council (Consejo Nacional de la

Magistatura or CNM).  The CNM has authority to select judges for vacancies on the Supreme Court and to designate the Chief Justice. Members of the CNM are the President of the Republic, the presidents of the Senate and the House, one other Senator and one other Representative, the Chief Justice, and one other Supreme Court Associate Judge to act as secretary.

There are no vacancies on the bench, so the only apparent item of business for a newly convened CNM would be the

selection of a new President of the Supreme Court. Supreme Court president Jorge Subero Isa, a respected jurist,

has led the reform-minded court of 16 members since 1997.  Hehas been apolitical since ascending to the bench.  In

mid-January he threatened to resign from his position after sharp clashes in open court and in chambers with other

judges; he delivered a letter to other court members formally requesting a vote of confidence of at least three-quarters of the justices.  Prominent NGOs and members of civil society urged him to remain. This Embassy did the same.  Subero Issa reportedly received the requested endorsement from his fellow justices.  In private, he has told the Embassy that the Court is under "tremendous pressure."

Both legislators chosen for the CNM are from the PRSC and are said to be friendly to the President’s PPH faction of the PRD.  Debate in the House on February 20 included complaints about the slow progress in judicial reform.  House Chairman Alfredo Pacheco commented that the renewal of the CNM was needed in order to "oversee the Court."

The Council can now be convoked at the pleasure of the President.  If it names a new Chief Justice, the touchy

Subero Isa would certainly resign. This would create a vacancy which would allow the PRD to select a Supreme Court

Chief Justice more to its liking and to nominate a PRD sympathizer to Subero Isa’s vacated slot.

With Subero Issa gone, the PRD could increase the pressure on three other justices to resign.  All are over the mandatory retirement age of 75 set by the 1997 Judicial Career Act; since they were already serving lifetime appointments on the Court at that time they were "grandfathered" into their positions.  By naming a new Chief Justice plus three new justices, the PRD could compromise the Court’s independence.

The count of patent PRD sympathizers would rise from 7, headed by Subero Issa’s severest critic Justice Luciano, to

11, a majority.

In 1997 when the Court was reformed, civil society organizations played a prominent role in "vetting" nominees, objecting successfully to some with limited qualifications at the bar; in 2000, however, the CNM ignored comments from civil society, appointing three justices whose ties with the PRD were stronger than their service with the judiciary. If the CNM wrests for itself the role of appointing new justices, the litmus test of its intentions will be its receptiveness to civil society comment. (There is no equivalent here to our American Bar Association; the "Colegio de Abogados" is by and large a social association ad there is no authority which certifies the qualifications of would-be attorneys or jurists.)

The Chief Justice sets the Court’s agenda. A PRD partisan in that chair could see that cases of particular interest to the PRD could be heard expeditiously or delayed indefinitely.

Regardless of the outcome of the presidential election, the PRD will retain its control of the Senate and its near-control of the Chamber of Deputies at least until the congressional elections of 2006.  The recent maneuvers

suggest that PRD dominance in Congress is seeking PRD dominance in the judicial branch.  If Leonel Fernandez comes home triumphant, as many expect, he would have a decidedly unsympathetic set of faces ready to move against him in the other branches of government.  And, just as much of concern, the packing of the Supreme Court would be a setback to efforts sice 1997 to strengthen the judiciary and to make it independent.

2.  (U) Drafted by Angela Kerwin.

3.  (U) This report, our entire election series and other

current material can be consulted on our SIPRNET website:

http://www.state.sgov.gov/p/wha/santodomingo/ index.cfm  .

MARSHALL

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