Manila (Filipinas), 30 jun (EFE/EPA).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cumple hoy un año en el cargo con una alta aprobación ciudadana a pesar de su polémico comportamiento y los más de 7.000 muertos causados por la llamada "guerra contra las drogas".
Manila, 30 jun (EFE/Atahualpa Amerise).- Rodrigo Duterte cumplió hoy un año como presidente de Filipinas con nuevas estadísticas que muestran el amplio respaldo a su gestión, pero también entre fuertes protestas por los más de 7.000 muertos de su "guerra antidroga" y la ley marcial en Mindanao.
Entre el 75 y el 80 por ciento de los filipinos está satisfecho o muy satisfecho con la gestión de su líder, según las últimas encuestas de las consultoras SWS y Pulse Asia, publicadas hoy por medios locales con motivo del aniversario de su llegada al poder el 30 de junio de 2016.
Además de gozar del respaldo ciudadano, Duterte conserva un fuerte apoyo en la Cámara de Representantes, donde generalmente cuenta con los votos a favor de una amplia mayoría de los 297 diputados para dar luz verde a sus generalmente polémicas iniciativas.
En su primer año como jefe de Estado, Duterte ha dado prioridad a su campaña estrella, la "guerra contra las drogas", con la que busca cortar de raíz el consumo de estupefacientes en el país y atajar el problema del crimen.
Para ello ha brindado un ambiente de impunidad en el que tanto policías como patrullas vecinales y particulares han matado a más de 7.000 presuntos drogadictos y narcotraficantes, de ellos 3.116 abatidos por agentes tras supuestamente resistirse al arresto.
Por ello la organización Human Rights Watch (HRW) calificó esta semana como una "calamidad" para los derechos humanos el primer año de mandato del presidente de Filipinas y reiteró su petición de llevar su "guerra contra las drogas" a la Corte Penal Internacional (CPI).
Mientras, unos 500 manifestantes desfilaron hoy por las calles de Manila en dirección al Palacio de Malacañán para protestar contra lo que consideran asesinatos extrajudiciales arbitrarios que en general afectan a las clases más pobres y vulnerables de Filipinas.
Otros grupos minoritarios también organizaron protestas en diversos lugares del país, donde también se exhibieron pancartas contra la decisión de Duterte de aplicar la ley marcial en la isla sureña de Mindanao, hogar de 20 millones de filipinos.
El presidente tomó esta decisión el 23 de mayo, día en que se produjo una insurrección armada de yihadistas fieles al Estado Islámico (EI) en la ciudad de Marawi, al oeste de Mindanao.
Las Fuerzas Armadas no han logrado hasta ahora reducir a los terroristas y continúan los combates que suman ya 422 muertos y 265.000 desplazados.
Debido a este conflicto Duterte ha pasado el primer aniversario de su investidura en la ciudad de Davao, la mayor ciudad de Mindanao donde el mandatario de 72 años ejerció como alcalde durante más de dos décadas antes de ganar las elecciones de mayo de 2016.
"Yo no soy un hombre que pretenda clasificarse a sí mismo. Que lo hagan los demás. Tu puedes calificarme como 'bueno', 'muy bueno', 'excelente' o 'muy malo', y no me importará. Yo solo hago mi trabajo", declaró el presidente la víspera del aniversario en una emisora local, cuando le pidieron valorar su primer año en el poder.
En el primer año de la era Duterte también ha destacado el fuerte giro en política exterior al acercarse a China y Rusia, con cuyos líderes ha celebrado varias cumbres bilaterales, al tiempo que se ha alejado de EEUU, su aliado tradicional.
La polémica ha acompañado casi de forma constante a este presidente caracterizado por su retórica directa y en ocasiones soez que acaparó una fuerte atención internacional cuando el pasado septiembre durante un discurso llamó "hijo de puta" a su entonces homólogo Barack Obama.
Aunque pidió perdón tras el revuelo generado por el insulto, lo cierto es que el mandatario ha seguido utilizando habitualmente la expresión "hijo de puta" en sus alocuciones púbicas, e incluso se la ha dedicado en varias ocasiones a los obispos de la influyente Iglesia Católica filipina.
Duterte y la Iglesia han protagonizado numerosas tensiones, en parte por la intención del presidente de restaurar la abolida pena de muerte en el país mediante un proceso que de momento está pendiente de una decisión del Senado. EFE