Cortesía de CONNECTAS/Por Carlos Gutiérrez*
Justo cuando Europa comenzaba a enfrentar la cuarta ola de la pandemia, Omicrón puso a temblar al planeta entero. Esta nueva variante del SARS-CoV-2, identificada a principios de noviembre en Botswana, pronto encendió las alarmas en diversos países, algunos de los cuales ya han detectado su presencia. Por ello, algunos ya impusieron restricciones de viaje y cierre de fronteras, como Estados Unidos, Israel y Japón.
Esta nueva cepa, cuyas características preocupan a la comunidad científica, vino a caldear aún más los ánimos mundiales frente a la cuarta ola de la covid-19. Austria, por ejemplo, ya había anunciado el retorno al confinamiento total y la vacunación obligatoria, así como Alemania, donde el gobierno había endurecido las medidas y limitado el acceso a espacios públicos a personas no vacunadas.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) resulta llamativo que la nueva variante haya aparecido en una zona donde la vacunación anticovid es muy baja, pues apenas alcanza el 25 por ciento de la población. Eso muestra la urgencia para que la mayor cantidad posible de gente se vacune, pues los contagios posibilitan las mutaciones. Eso significa no solo distribuir de mejor manera las vacunas, sino lograr que las personas accedan a aplicárselas. Además, recomienda que los gobiernos tomen decisiones basadas en evidencias científicas, bajo el argumento de que aún se sabe muy poco sobre esta mutación.
Por lo pronto, en América el debate también está que arde. El gobierno federal de Estados Unidos, por ejemplo, obliga a las empresas del sector privado con 100 o más empleados a exigir que sus trabajadores se apliquen la vacuna o se sometan a pruebas semanales. En Perú, a partir del 15 de diciembre, los mayores de 18 años deberán presentar un carnet de vacunación para acceder a locales cerrados. Y, a partir de esa fecha, “toda empresa con más de diez (10) trabajadores sólo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación”.
Colombia, por un decreto del 3 de noviembre, impone presentar el carné de vacunación a mayores de 12 años de edad para participar en eventos presenciales de carácter público o privado, bares, restaurantes, cines, discotecas, escenarios deportivos, parques de diversiones, etcétera.
En Costa Rica el presidente hizo obligatoria la vacunación para trabajadores del sector público, con alcances al sector privado. Subraya que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse”. La firma de economía digital ECIJA, tras analizar dichas medidas, señala que a los trabajadores se les podría aplicar “un despido sin responsabilidad patronal”, con base en el Código del Trabajo.
Ante este escenario, tomó aún más fuerza el debate entre quienes defienden la autonomía individual frente a la vacuna y quienes sostienen que todo el mundo debe vacunarse, quiera o no. Para el doctor Gonzalo Valdivia, jefe de la división de Salud Pública y Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la obligatoriedad debe ser un recurso “de última línea”, porque hacerlo sin que haya un acuerdo social puede resultar contraproducente.
Access Now, en un reporte titulado Protocolo de exclusión: por qué los “pasaportes” de la vacuna contra el COVID-19 amenazan los derechos humanos, señala que medidas como exigir certificados digitales de vacunación crean “un espacio para que prosperen la exclusión y la discriminación y plantean serias amenazas a largo plazo para la privacidad y la seguridad de millones de personas en todo el mundo”. En la presentación del mencionado documento, Carolyn Tackett, deputy advocacy director de la organización, dice que “los gobiernos de todo el mundo se están apresurando a implementar nuevas tecnologías como la solución general para volver a la normalidad tras una pandemia. Pero en su prisa muchos han descartado o ignorado los riesgos de estas herramientas de seguimiento rápido, incluidos los certificados digitales de vacunación”.
En las conclusiones, el informe de Access Now indica que “los certificados digitales de vacunación pueden promover la exclusión de las poblaciones más vulnerables, incrementar los riesgos de seguridad mediante la integración y el procesamiento de información en bases de datos centralizadas y, en última instancia, socavar las libertades básicas y la autonomía de las personas que más sufren”.
Ricardo Baruch Domínguez, activista e investigador en temas de derechos humanos y salud, piensa que “estas medidas tendrían que estar relacionadas no con una obligatoriedad, sino con una fuerte invitación” a que se lleven a cabo. Para él, los Estados deberían estar apostando a que las comunidades tengan una mejor educación en salud. “Hay una violación a los derechos humanos cuando se vuelve obligatorio; más bien, a lo que se debería apostar es a la promoción de la salud y la prevención”, dice. La situación se vuelve delicada en una región donde un alto porcentaje de la población aún no tiene acceso a la vacunación.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el Continente americano más de 568 millones de personas ya presentan un esquema completo de vacunación. Estados Unidos encabeza la lista de vacunas aplicadas, seguido por Brasil, México, Argentina y Canadá. Según la OPS, 20 países ya tienen más del 40 por ciento de la población protegida, pero aún hay seis que aún no han alcanzado ni el 20 por ciento de población vacunada; estos son Guatemala, Jamaica, San Vicente, las Granadinas, Nicaragua y Haití.
En el artículo “Laboralidad y vacunación, emergente respeto de derechos”, los académicos Gabriela Serrano y Felipe Garcés escriben que estamos frente “a un conflicto ético”, ya que en las democracias son fundamentales el derecho a la privacidad y a decidir sobre el propio cuerpo. Para estos científicos, “no se le puede obligar a nadie a vacunarse y mucho menos despedirlo […] al hacerlo se estaría cayendo en discriminación por la condición de salud del individuo, lo cual violenta Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”. Concluyen que es tanto un derecho humano aplicarse la vacuna como no hacerlo; por lo tanto, “con base en el ejercicio de esa libertad, no se debe negar el derecho a un trabajo digno”.
Por su parte, el doctor José Ramón Orrantia Cavazos, investigador posdoctoral del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, quien hace estudios sobre la inadecuación de la narrativa de la posverdad para abordar el problema de los grupos antivacunas, recomienda distinguir claramente entre formas de obligación. Por un lado, está lo que llama “vacunación forzada”, que es utilizar la fuerza pública para inmunizar a la gente, y por el otro, la “vacunación obligatoria”, que utiliza la coacción legal para obligar a las personas a vacunarse.
Sobre la vacunación forzada, Orrantia Cavazos menciona que en las campañas de la OMS contra la viruela en la India y en Bangladesh, la vacunación se consideró un acto colonialista. Con respecto al segundo tipo, la obligatoria, piensa que el conflicto es que estas medidas “generan mucha resistencia y esa resistencia se convierte en un problema político y no en un problema médico”.
¿Qué hacer, entonces, con quienes no quieren vacunarse? “Es un gran problema”, reconoce Orrantia Cavazos. “Países como Francia, Estados Unidos, Alemania o España tienen grandes movimientos antivacunas organizados y están haciendo campañas contra la vacunación. Son un gran dilema, porque difunden mala información, ya que muchas de las razones por las que no quieren vacunarse responden a creencias religiosas, políticas o sociales; lo que buscan es una justificación científica y, al hacerlo, promueven una muy mala ciencia”.
El doctor Gonzalo Valdivia sugiere a los países escuchar a los grupos antivacunas. “Los sistemas de salud que son refractarios a eso y están propensos a no abrir diálogo se están granjeando gratuitamente un problema. Es importante avanzar hacia mejores niveles de conversación y comprensión entre los códigos de estos grupos que parecen antagónicos, pero yo pienso que no lo son”.
La respuesta es la educación en salud y evitar discursos que estigmaticen a los no vacunados, opina Baruch. Cree que los gobiernos deberían reforzar la información de los beneficios de la vacuna. Se deben combatir las noticias falsas y poner en evidencia “las debilidades argumentativas” de estas noticias que se transmiten por diferentes redes.
El doctor Orrantia Cavazos coincide con Baruch en que se deben relajar las medidas obligatorias, ya que cuando esto ocurre “también se relaja la oposición a las vacunaciones”. Asimismo, señala que el problema más grave no es quienes no quieren vacunarse, sino quienes “no alcanzan vacuna por una injusta distribución de la misma a lo largo del mundo”.
Los expertos están de acuerdo en que, afortunadamente, en América Latina y el Caribe los movimientos antivacunas no son tan grandes ni tan fuertes como en Europa. Sin embargo, los gobiernos deben tratar el complejo tema de los no vacunados con mucho cuidado y conciencia de que las acciones que tomen ahora podrían afectar el comportamiento de las personas no solo en la actual pandemia sino de las que vendrán.
* Periodista mexicano. Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS. Doctor en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias, y Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid. Maestro en Artes Escénicas por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM.