Cortesía de Connectas/Edith Febles, Hogla Enecia Pérez e Indira Vásquez*
A casi dos décadas de su creación, el sistema de cobertura de salud y de pensiones del país no ha logrado -como prometía- reducir las desigualdades. Muchos afiliados a las AFP padecen la falta de acceso a sus fondos y a otros les niegan los derechos que por ley tienen. Y la DIDA, el organismo que debe defenderlos, tiene escaso presupuesto y poca autonomía. Un informe de las Naciones Unidas es contundente: el modelo dominicano deja a la mayoría de los trabajadores en el desamparo durante la vejez.
Por más de 35 años, Ysabel Rodríguez Collado ha asistido a miles de personas con diferentes padecimientos en el sistema hospitalario. Ahora, a sus 65 años de edad, no puede retirarse a descansar el tiempo que le queda de vida porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) no autoriza su pensión mediante el sistema de reparto. Ella es una de las casi 300 enfermeras víctimas de un sistema que impera en República Dominicana hace casi dos décadas y que ha dejado en el limbo, también, a miles de trabajadores que aportaron a ese antiguo sistema.
El CNSS es el órgano de dirección del sistema de seguridad social que rige en el país desde 2003, cuando se puso en vigencia la ley 87-01 que permitió la entrada de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de origen privado. Ese Consejo decidió con la resolución 289-03 que solo quienes tenían más de 45 años de edad en aquel momento y fueron afiliados a las AFP de manera automática o voluntaria, pueden solicitar su traspaso al sistema de reparto. La razón: tenían derechos adquiridos con la anterior ley de seguridad social. Pero no es el caso de Ysabel, que no cumplía ese requisito etario.
Para superar el trance, la enfermera acudió a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entidad creada mediante la ley 87-01 para orientar y asistir a los afiliados. Pero en términos prácticos es poco lo que ese órgano puede hacer. “Fui a la DIDA para solicitar y firmar el traspaso de mis fondos de Banreservas al Ministerio de Hacienda. Eso fue el día 4 de diciembre de 2019. Me lo llenaron, yo lo solicité y me dijeron llame en dos meses. Y la última vez que llamé, la respuesta que me dieron era que yo no calificaba para pensión”, comenta la mujer en tono desesperanzado sobre el proceso que ha tenido que soportar para acceder a su pensión por antigüedad en el servicio.
Ella tenía los recursos para su pensión garantizados a través del sistema de reparto, el cual aseguraba a los empleados públicos, pero al crearse el nuevo sistema de seguridad social en 2003 quedó con recursos en dos carriles distintos. Una situación que le ocurrió a cientos de enfermeras como ella: sus aportes fueron al viejo sistema de reparto y al nuevo modelo de pensiones que incluye a todos los trabajadores. Ese segmento de profesionales de la salud no es el único que tiene esta problemática; otros empleados que cotizaron bajo el anterior sistema de pensiones están en las mismas condiciones.
Son miles los ciudadanos que se han convertido en víctimas del sistema de seguridad social dominicano. La directora de la DIDA, Carolina Serrata Méndez, que lleva poco más de un año en el cargo, reconoce que al menos 800 expedientes como el de la enfermera se encuentran depositados a la espera de una resolución que les permita a sus titulares acceder a la tan ansiada pensión. Y que está gestionando esas y otras reclamaciones ante el CNSS, que dilata sus reuniones y tarda años en responder requerimientos.
Esta y otras deudas del sistema de seguridad social dominicano quedan reflejadas en un estudio del PNUD de las Naciones Unidas publicado en marzo de este año. “El sistema de protección social del país está lejos de alcanzar los objetivos establecidos en la Ley de 2001 y ser un mecanismo eficaz para reducir las desigualdades”, dice el informe, que agrega: “Más preocupante aún es que, después de dos décadas de condiciones económicas inusualmente favorables, no se registran avances en la cobertura del régimen contributivo de la seguridad social”. El contributivo, vale aclararlo, es el régimen al que se acogen los empleados públicos y privados del país.
Para el PNUD, tampoco se ha implementado un régimen voluntario de cotización para aquellos trabajadores no asalariados que deseen aportar al régimen contributivo. “Muchos han ahorrado para su pensión de vejez y, además de no obtenerla, desconocen el destino de sus ahorros”, refiere el informe al destacar que si un trabajador no cuenta con 360 cotizaciones que le dan derecho a una pensión de vejez, puede seguir cotizando más allá de los 65 años con el fin de adquirirlo. No obstante, la ley no especifica qué sucede con los saldos de la cuenta de capitalización individual cuando un trabajador no cumple los requisitos.
Francisca Peguero, enfermera y secretaria general de ASONAEN
Aunque desde la DIDA hacen referencia a los más de 800 expediente remitidos al CNSS, el exempleado público Luis Holguín Veras, quien trabajó en puestos de alto perfil en la administración pública (entre ellos como como asesor del Ministerio de Educación), entienden que esa institución ha sido es “una oficina de servicio al cliente de las AFP” y no una defensora de los afiliados.
“La DIDA debería es estar haciendo un oficio diciéndole al Consejo: modifiquen la resolución 289-03 por improcedente o emitan una nueva reconociendo el derecho de los servidores públicos, amparados en la Ley 359, a permanecer en el sistema de reparto”, refiere.
La enfermera Ysabel, quien inició laborando para el Estado en 1986 en el Hospital Cabral y Báez de Santiago de los Caballeros, desconoce que sus fondos están tanto en el sistema de reparto como en una AFP. “Cuando comenzaron a llenar lo de las AFP, yo me agregué con el Banco de Reservas, por eso mis fondos están ahí. ¡O estaban, yo no sé! Porque la verdad es que la decepción no me ha dejado llamar otra vez. Porque la última vez que yo llamé a la DIDA y esa chica me dijo a mí: ‘usted no califica’, sabiendo yo que tengo 35 años de servicios, yo caí en una depresión rabiosa”.
El PNUD es contundente sobre estas disparidades: “El sistema de protección social de la República Dominicana tiene un profundo problema de arquitectura, derivado de la segmentación que hace la Ley de 2001 entre trabajadores asalariados y no asalariados, y la consiguiente articulación de la seguridad social alrededor de la condición de formalidad e informalidad. Ese problema no se puede resolver únicamente con mayores recursos, ni con más fiscalización ni con nuevos programas contra la pobreza o mejoras a los existentes”.
El informe describe que por las particularidades del sistema, menos de la mitad de los trabajadores tiene acceso a las protecciones asociadas con la formalidad. Y para la minoría que sí tiene, “la cobertura es errática, porque los mismos trabajadores a veces tienen empleos formales y otras, empleos informales”.
Esto implica que “a veces tienen la cobertura de salud que ofrece el SFS en su modalidad contributiva y a veces no; a veces tienen que hacer copagos y a veces no. Y, según el estatus ocupacional que tienen, a veces están cubiertos contra los riesgos de invalidez y muerte y a veces no”, cita el informe después de analizar la forma en que opera el sistema de seguridad social en el país como parte integral de la protección social.
Al hablar de la eficacia de la protección social, el organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas destaca que el modelo dominicano deja a la mayoría de los trabajadores en el desamparo durante la vejez por dos razones. Primero, la cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS), en cualquier modalidad, solo opera durante la vida activa del trabajador. Segundo, la mayoría de los trabajadores no tendrá una pensión de vejez al llegar a la edad de jubilación, aun los que hayan tenido empleos formales durante parte de su vida. Solo una minoría, generalmente los de mayores ingresos, llegará a acumular 360 meses de cotización.
Para el PNUD, se trata de una característica del sistema de protección social del país “que debe destacarse por ser inusual. La mayoría de los sistemas de protección social de la región, y del mundo, contienen mecanismos para ayudar a los jubilados a lidiar con los riesgos de salud; el de la República Dominicana no”.
Esto se explica, según el ex consultor jurídico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Francisco Aristy, porque “el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha cumplido con la disposición de la Ley 187-01 en varios aspectos. En el artículo 123 se establece que los pensionados son beneficiarios del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Pero a 20 años de la Ley todavía el Consejo no ha establecido el aporte porcentual de los pensionados a estos fines”. En la práctica, esto se traduce en negación de este derecho. Así, muchos trabajadores alcanzan a tener conciencia de esta realidad cuando es un hecho en sus vidas. A José Manuel Raimel Castillo, quien tiene 70 años y desde hace más de cuatro está yendo a la DIDA en busca de ayuda para someter su expediente, le preocupa quedarse sin seguro de salud en caso de que se acoja su solicitud de pensión.
Con 23 años de servicio al Estado a través del Instituto Agrario Dominicano, entre otros entes públicos, no sabe cuál será su suerte. “¡Ay Dios mío! Yo tengo aquí, últimamente, como tres o cuatro años viniendo periódicamente”, dice al referir que por las trabas o burocracias en la institución, les dejan vencer los documentos que presenta cada vez.
Cambiar es una palabra común a todos los consultados para este reportaje: nadie parece conforme con el actual sistema. El pasado 15 de septiembre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma “Coalición por la seguridad social digna” protestaron en 100 esquinas del Gran Santo Domingo exigiendo una transformación del sistema de seguridad social del país. “Hay gente que se encuentra indignada”, decía la nota presentada por las más de 40 organizaciones que cuestionan el modelo. El conjunto de organizaciones sostiene que el sistema de seguridad social le niega derechos a las mayorías. Mientras, en el Congreso Nacional un nuevo proyecto busca acuerdos para modificar la Ley 87-01, aún sin resultado.
La pieza que rige el sistema de seguridad social dominicano fue aprobada en 2001 y entró en vigencia dos años después. Básicamente, planteó un nuevo modelo de salud y pensiones guiado por criterios de eficiencia, cobertura universal y solidaridad. La ley creó las Administradoras de Riesgos de la Salud, ARS; las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP; y la Superintendencia de Riesgos Laborales, SRL. “Hay cambios que son trascendentes por esta ley”, dice la abogada experta en seguridad social Gianna De Óleo y cita que no existe restricción de edad para ingresar a la seguridad social, como ocurría antes, por lo que los asalariados pudieron acceder a más y mejores servicios y el manejo de los servicios es menos discrecional. Igual, ella entiende que República Dominicana tiene en la seguridad social un mecanismo idóneo que debe mejorar. “Yo no apuesto a su desaparición porque sencillamente, ¿hacia dónde iríamos?”, se pregunta.
De Óleo cuestiona que todavía el sistema no cuente con un régimen de salud primaria eficiente, que perdure la discrecionalidad en el cobro de diferencias médicas (lo que eleva el costo de bolsillo que deben pagar los afiliados) y que exista un desconocimiento global sobre la ley y sus alcances. “Aquí se dijo que debía enseñarse cómo opera la seguridad social hasta en las escuelas, pero nada de eso se ha hecho”, agrega.
En un contexto especialmente convulso, con protestas en las calles y críticas en el Congreso, la seguridad social dominicana se encuentra bajo la lupa cuando se acercan los 20 años de la puesta en marcha del sistema. Y no faltan quienes creen que el desconocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos marca de forma desfavorable el debate. “Falta información”, insiste De Óleo.
¿Quién es responsable de que la ciudadanía tenga una vía efectiva para formular sus reclamos en la seguridad social? ¿Quién debe contribuir con datos, publicaciones y espacios educativos sobre el sistema de salud? La ley señala a la DIDA como el órgano responsable de estas tareas.
Entre sus funciones está asistir en todos los servicios que sean necesarios a los afiliados; es decir, brindarles información sobre sus derechos y deberes, así como para formulación de recursos e instancias amigables y legales, querellas y demandas, representación y seguimiento de casos, entre otros enumerados en la Ley 87-01. Sin embargo, este órgano no ha cumplido con sus obligaciones. Nelsida Marmolejos, quien desde su creación en 2003 y hasta el año 2020 fue directora de la DIDA, asegura que el bajo presupuesto y la imposibilidad de decidir frente a los diferendos limitó sus funciones.
«Después de 18 años mucha gente no tiene conocimiento de nada de lo más básico de la seguridad social. A la DIDA le toca el rol de informar. No ha hecho nada. Cuando voy a los programas la gente pregunta cosas que debería saber, lo básico de la seguridad social. Antes teníamos experiencia, pero no presupuesto. Y ahora tenemos presupuesto, pero no conocimiento», expresa la abogada De Óleo sobre el cambio administrativo que experimentó la institución con la salida de Marmolejo. Resulta que mientras la DIDA dependía presupuestariamente del Poder Ejecutivo, su titular tenía que ser elegido mediante concurso. Y ahora que tiene legalmente asignación presupuestaria independiente, es designado por decreto presidencial. “Si antes tenía precariedades económicas ahora asegura ingreso de recursos, pero la designación tiene mucho de política”, agrega De Oleo.
El economista y exgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Arismendi Díaz Santana, valora que “ahora la DIDA cuenta con ingresos propios, pero no porque el Estado haya decidido asumir su responsabilidad reduciendo el despilfarro y la sobrevaluación de proyectos por todos conocidas, sino porque a partir de la promulgación de la Ley 13-20 en febrero del 2020, ahora esos recursos provienen de los aportes que realizan los trabajadores para el régimen de pensiones”.
Pero a la vez, cuestiona que «esa Ley liberó al Estado de su responsabilidad con la TSS y con la DIDA” y en cambió “penalizó a los propios afiliados, a pesar de que todos los estudios serios demuestran que sus aportaciones no serán suficientes para garantizar una pensión aceptable. Otra distorsión social impuesta por la pasada administración”.
Esto en referencia al primer párrafo del artículo 29 de la ley 13-20, que establece que para financiar sus operaciones, la DIDA recibirá el 0.05% del salario cotizable para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual, más el 0.05% del salario cotizable del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de reparto.
El mismo artículo 29 de la ley es el que dispuso que la DIDA pase a ser una entidad pública autónoma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Trabajo, dotada de personalidad jurídica, a cargo de la provisión de información y gestión de reclamos y quejas de los afiliados. Una fortaleza que no tenía el organismo en tiempos de Marmolejos, lo que le impedía judicializar los procesos porque su accionar se limitaba a reclamar a los organismos que conforman el sistema de seguridad social dominicano.
“El presupuesto de la DIDA era igual a una caja chica de Obras Públicas (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) en Nagua (un municipio con una población de 79.420 personas). Y con eso funcionamos nosotros con 15 oficinas”, se excusa Marmolejos tratando de explicar las carencias de recursos, el impacto sobre las actividades que le tocó desempeñar y justificar el incumplimiento de la obligación que tenía ese organismo en lo relativo a educar a la población en esos aspectos.
Los reportes presupuestarios de los últimos cinco años reflejan que a la DIDA, que representa a las 9,988,672 de personas afiliadas a la Seguridad Social, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, solo le asignaron entre 131 y 177 millones de pesos (unos 2.5 millones de dólares) para hacer funcionar sus 15 oficinas a nivel nacional.
Con esos fondos debía hacer frente a las reclamaciones de los afiliados a la seguridad social. Según las estadísticas obtenidas a través del portal de transparencia de la DIDA, del 2018 al 2021 las referidas al Seguro Familiar representaron un 38%. Un 8% fueron por pensiones en el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia; y el 54% restante tuvieron que ver con aspectos generales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Lo curioso es que desde el momento en que oficialmente el Estado dominicano declaró la emergencia sanitaria por la COVID, en marzo de 2020, la DIDA solo recibió 96 quejas de usuarios respecto a los servicios vinculados al coronavirus, según los datos suministrados por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (hasta junio de 2021). Sin embargo, al revisar la base de datos de quejas y reclamaciones colgada en el portal web de la institución, en el mismo período se recibieron 18,678 solo en lo relativo al Seguro Familiar de Salud, lo que refleja que el mayor problema del sistema está en el acceso a la cobertura de salud general y en la falta de herramientas de la DIDA para salvar ese problema.
“Yo hubiese querido tener mejores oportunidades para impactar el sistema”, continúa su defensa Marmolejos: “Hacía tiempo que no nos invitaban a las reuniones. Ni siquiera conocía a los consejeros”. Se refiere al Consejo de la Seguridad Social, que decide la suerte de la mayoría de las cuestiones del sistema y donde la DIDA sigue sin tener voz ni voto. Y donde al final del mandato de Marmolejos “ni siquiera tenía presencia”, se lamenta la ex funcionaria.
Tanto ella –una reconocida dirigente sindical antes de fundar la DIDA- como Rafael “Pepe” Abréu, miembro del CNSS, y Chanel Rosa, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), coinciden en que a ese órgano lo hicieron dependiente económicamente del Poder Ejecutivo y que no pudo llegar a operar como debería de hacerlo. Hoy la DIDA está ahogada económicamente y sus servicios son precarios, ya que una vez recibe las quejas debe remitirlas a las Aseguradoras de Riesgo (ARS) y en caso de que sus requerimientos no sean acogidos, entonces debe acudir a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), un órgano de la seguridad social que tiene su propia ventanilla para recibir quejas directas de los afiliados. Lo cual hace de la DIDA un organismo prescindible para muchos afiliados.
La base de datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) detalla que -a julio de este año- 9,988,672 dominicanos estaban afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), de los cuales 5,744,332 eran del régimen subsidiado y 4,148,035 del contributivo.
Pero como bien recoge el informe del PNUD, “la calidad del servicio y el alcance de las intervenciones es mejor en la modalidad contributiva: los beneficiarios pueden atenderse en clínicas privadas, reciben subsidios por maternidad y enfermedad, y tienen acceso a los servicios de guardería para sus hijos. En cambio, en la modalidad subsidiada, solo tienen acceso a las instalaciones del sector público, donde el gasto per cápita es menor”.
Eso lo que sufren, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas que requieren de servicios hospitalarios con altos costos. Eddis Castillo, presidente de la Asociación de Pacientes Renales, se dializa tres veces a la semana desde hace 20 años. La enfermedad ha dejado huellas en su cuerpo, pero no menguó su ánimo de luchar por sus derechos y de los que padecen la misma condición, que supone grandes gastos económicos.
Manifiesta que para el colectivo que dirige, las autoridades no han puesto el empeño suficiente para disminuir sus penurias. Pone como ejemplo la resolución 375 de octubre del 2015, emitida por el Consejo de la Seguridad Social, donde se contempló dar cobertura integral a los pacientes con enfermedades de alto costos. Sin embargo, como esa disposición afectaba los intereses económicos de las Aseguradoras de Riesgo de Salud, se procedió a enmendar el dispositivo en un nuevo texto marcado con el número 431 de octubre de 2017, en el que se condiciona la atención integral solo para las dolencias presentes en el denominado Plan de Prestaciones de Servicios de Salud (PDSS).
Eddis Castillo, presidente de la Asociación de pacientes renales
Ante esto, el economista Díaz Santana, un articulista habitual sobre temas de seguridad social y que ha sido consultor de varios organismos internacionales, considera que en el país hubo una “mezquindad presupuestaria” para la seguridad social. Quien dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y redactó la Ley 87-0, entiende que “ante las crecientes demandas de la población para incluir mayores servicios, la única salida racional es establecer la estrategia de atención primaria y organizar la red de servicios por niveles de complejidad, como dispone la Ley 87-01”. Y explica que si se sigue manteniendo un sistema de salud tan ineficiente, ineficaz y costoso, “seguiremos transitando hacia un modelo costoso pero con resultados sanitarios inferiores”.
El resultado de ese modelo es el que ha padecido Virginia Fontana González, una dominicana que tuvo que pagar abogados privados para someter a la Justicia a su Aseguradora de Fondos de Pensiones (AFP), a la que le reclamó el dinero que le corresponde por discapacidad. Tanto la AFP a la que está afiliada como la DIDA le dijeron que no calificaba para acogerse a lo que provee la ley. Pero gracias a su tesón, le ganó dos veces al sistema de seguridad social la batalla judicial.
La primera fue en el 2013, después de que le negaran una pensión por discapacidad tras 34 años de trabajo. Virginia trabajó casi toda su vida en el sector financiero pero lo menos que tendría al retirarse es dinero. Su AFP le manifestó que no tenía derecho a una pensión por discapacidad, como pidió tras el deterioro progresivo de su salud. Ella interpuso un recurso de revisión ante la Superintendencia de Pensiones, donde dieron la razón a la administradora de pensiones. “Entonces fui a la DIDA. Una empleada me dio una nota de que yo no calificaba para pensión por discapacidad. Pedí ver a la directora y nunca fue posible”, recuerda.
Antes de seguir contando las peripecias judiciales de Virginia, hay que aclarar el papel que tienen en el sistema de seguridad social dominicano los dirigentes sindicales, que tienen tres votos en el Consejo de la Seguridad Social y derecho al veto, pero que no han hecho uso de ese poder por falta de “conocimiento de sus representantes y la vulnerabilidad que se deriva de sus bajos ingresos”, según analiza Díaz Santana, para quien ellos tienen “una alta cuota de responsabilidad” en las fallas del sistema.
Pero “Pepe” Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), refiere que el poder de veto que ellos tienen en el Consejo “es limitada” y que quienes más han hecho uso de esa facultad son los empresarios cada vez que aparecen propuestas para ampliar los beneficios a la población.
“Casi no lo hemos usado (al poder de veto)”, reconoce y defiende esa actitud al decir que “tendría poco sentido para nosotros porque la mayoría de resoluciones que se han presentado siempre apuntan hacia el aumento de derechos. Y ahí son los empresarios que se atrincheran”. Entre las resoluciones que el sector sindical no vetó en el CNSS se incluye la referente a que las ARS no asumirían ningún costo por los gastos de la pandemia de la COVID-19, amparadas en que la Ley de Seguridad Social 87-01 las exime de obligación cuando se trata de pandemias.
En esta indefensión frente a los poderosos se movió Virginia, que en vez de ser acompañada de algún gremio profesional recibió el apoyo de una abogada que asumió su caso. La sentencia que finalmente la favoreció recoge el espíritu de la Constitución dominicana, que consagra la salud como derecho fundamental. También consigna la obligación de asegurar el derecho a la seguridad social (“en particular los que sufren alguna discapacidad”) y es consciente de la obligación de los jueces de ponderar las peculiaridades de cada caso. En el suyo, los tribunales emitieron una histórica sentencia, ratificada una y otra vez, que consagró lo que todo el sistema le negó: su derecho a una pensión digna.
“Fue algo histórico porque mostró que los usuarios podíamos ir directo a los tribunales. Me dieron la razón”, recuerda sobre el fallo de 2013 que dispuso que le pagaran retroactivamente la suma de mensualidades dejadas de cobrar en los más de tres años que duró el proceso.
Pero pasaron varios años y llegó una reducción de esas mensualidades (de unos 850 dólares). Virginia regresó a los tribunales y antes de concluir el proceso, la empresa aseguradora llegó a un acuerdo para reconocerle el mismo importe económico. Por segunda vez, le ganaba en la Justicia al sistema de seguridad social dominicano.
Una bomba de tiempo para el futuro
Además de las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, la falta de información sobre los derechos de los afiliados es el otro aspecto en el que el sistema de seguridad social dominicano no ha logrado cumplir sus objetivos.
Llama la atención que en plena pandemia de la COVID-19, la DIDA solo haya invertido 1,203,207 pesos (poco más de 21 mil dólares) en publicidad e impresión, en momentos en que las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) tomaron la decisión de no cubrir los costos a los afiliados. Esto es, la realización de pruebas para el diagnóstico de la enfermedad (PCR) y también los relacionados a internamientos y tratamiento del virus, amparadas en lo que establece la Ley de Seguridad Social.
Carolina Serrata Méndez, la directora de la DIDA, dice que tiene en carpeta lograr mayor presencia en los medios de comunicación con campañas dirigidas al empoderamiento ciudadano. Pero hasta ahora los gastos destinados a campaña de información en la DIDA son exiguos si se los compara con los que realizan otras entidades gubernamentales.
La institución ha dedicado 68% de los fondos que recibe del Estado para pago de personal y gastos operativos básicos. Al tomar como referencia el año 2019, previo a la pandemia, se evidencia que de los 177 millones de pesos que recibió, 120 millones (poco más de 2 millones de dólares) fueron para pago de nómina y servicios básicos, mientras que para cumplir con su deber de orientar y acompañar a los afiliados solo se destinaron 6,582,062 pesos (116 mil dólares).
“Decir que todos los dominicanos están en la seguridad social y pensar que esto soluciona sus problemas de salud es desconocer la realidad. Hay profundas diferencias entre el régimen subsidiado y el contributivo. Esto tiene que ver con los recursos que se invierten”, sintetiza Chanel Rosa, el ex director del Servicio Nacional de Salud.
“Hay personas que no saben siquiera que están en el régimen subsidiado, menos podrían entonces reclamar un derecho que ni siquiera tienen idea que existe”, abunda.
“Me duelen los empleados que al finalizar su vida laboral quedan sin seguro médico”, expresa Marmolejos, la ex directora de la DIDA. Esa es una de las realidades que están por encima de cualquier interés que pueda tener el organismo. “El sistema deja a la mayoría de los trabajadores en el desamparo durante la vejez por dos razones. Primero, porque la cobertura del SFS, en cualquier modalidad, solo opera durante la vida activa del trabajador; al llegar el momento del retiro, el trabajador la perderá y quedará expuesto a los riesgos de salud durante una de las etapas más complejas de su vida, a menos que disponga de los medios para adquirir un seguro de salud privado”, resalta el informe del PNUD.
Se trata de una característica del sistema “que debe destacarse por ser inusual. La mayoría de los sistemas de protección social de la región, y del mundo, contienen mecanismos para ayudar a los jubilados a lidiar con los riesgos de salud; el de la República Dominicana no”, alerta el mismo informe. Muchos trabajadores alcanzan a tener conciencia de esta realidad cuando es un hecho en sus vidas. “Es que la gente no tiene idea de lo que le toca ni de las limitaciones”, reitera Gianna De Óleo, habituada a responder preguntas ciudadanas desde plataformas de comunicación como la radio, la televisión y las redes sociales.
Así como las Naciones Unidas, los partidos políticos, los congresistas que los representan, las organizaciones de la sociedad civil y distintos actores del Estado reconocen que el sistema de la Seguridad Social en República Dominicana tiene que cambiar. El panorama que alertan los técnicos y que recoge el informe del PNUD advierte la bomba de tiempo: “En los próximos años, conforme las primeras cohortes del régimen de capitalización empiecen a llegar a la edad de jubilación, el país experimentará un problema social sustantivo, ya que más de la mitad de los jubilados no tendrá derecho a una pensión de vejez; problema que, debe resaltarse, se concentra mayoritariamente entre los trabajadores de más bajos salarios”.
El mismo documento del organismo de la ONU resalta que “en las últimas dos décadas, la República Dominicana tuvo uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, duplicando su producto interno bruto (PIB) per cápita real entre 2001 y 2019”. Y que “ese crecimiento, junto con los programas contra la pobreza, redujo la tasa de pobreza del 32% al 21%”. Sin embargo, el país no logró reducir la informalidad laboral, que de hecho aumentó del 52,3% al 55,2% en el mismo período. Y además, la composición del empleo no cambió: “en 2001 el 51% de los trabajadores dominicanos se ocupaban por cuenta propia o en establecimientos de hasta cinco personas, comparado con el 52% en 2019”, indica el PNUD.
En este sentido, el informe es concluyente: “Más allá de las buenas intenciones, la superposición entre lo contributivo y lo no contributivo lleva a un equilibrio de baja efectividad de la protección”. Por eso, sugiere que “modernizar la legislación es esencial para fortalecer los esfuerzos de protección social y llevar la economía a un equilibrio con mayor inclusión social y progreso compartido” en las políticas de protección social y laboral en el país. Todo un reto.
*Este reportaje fue realizado por Edith Febles, Hogla Enecia Pérez e Indira Vásquez, para Acento y CONNECTAS, con el apoyo de Participación Ciudadana, Grupo Faro e Innovación para el Cambio.
