Santiago, República Dominicana.-El 11 de enero de 1962, el gobierno dominicano y los Estados Unidos firmaron el acuerdo para la entrada al país de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entonces conocida como la AID.
En ese acuerdo se estableció que “el gobierno de los de los Estados Unidos de América proporcionará la ayuda económica, técnica y los asuntos afines que en adelante soliciten los representantes de los organismos competentes del Gobierno de la República Dominicana”.
El 2 de mayo de 1962, se firmó entre ambos gobiernos “el acuerdo de Garantías de inversiones” donde se establecieron las bases para que el Estado norteamericano y las empresas privadas colocaran sus capitales en la economía dominicana.
El convenio estableció como objetivo fundamental “facilitar e incrementar la participación de la iniciativa privada para fomentar el desarrollo de los recursos económicos y las capacidades productivas de la República Dominicana, mediante el otorgamiento de garantías de inversión para el gobierno de los Estados Unidos”.
El objetivo principal de esos convenios era estabilizar y modernizar la economía y el Estado dominicano para evitar otra Cuba en la región del Caribe.
Una vez firmados esos acuerdos, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para El Desarrollo Internacional (USAID), inició un plan de donaciones, préstamos, subsidios y ayudas, que abarcaron los principales sectores económicos.
De acuerdo a la investigadora norteamericana Lisa Wheaton, utilizando datos del departamento de Estado, las ayudas y préstamos de la USAID ascendieron a 600 millones de dólares durante el período 1962-1965.
Pero el economista Ramón Tamames, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asegura que “entre los años 1961 y 1966, en sólo cinco años, la República Dominicana recibió, por los diversos conceptos de ayuda exterior, casi 300 millones de dólares, a través de donaciones de la AID, créditos del Eximbank, de la Tesorería de los Estados Unidos, del BID, del FMI y de la banca comercial extranjera. Esos casi 300 millones financiaron un formidable aumento de la demanda global, lo que se tradujo en una fuerte elevación de las importaciones, desequilibradoras a largo plazo de la balanza de pagos”.
El primer préstamo de la USAID al Estado dominicano se firmó el 16 de febrero de 1962 por un monto de 25 millones de dólares, para fortalecer la economía dominicana que sufría una grave crisis de liquidez.
El préstamo fue manejado por el Consejo de Estado, que dirigía Rafael F. Bonelly, a través de la recién creada Junta de Planificación y Coordinación, que estaba integrada por representantes del Estado, los empresarios y de la USAID.
La Junta de Planificación y Coordinación elaboró una lista de los sectores prioritarios para que el Consejo de Estado y a la USAID, invirtieran los 25 millones de dólares.
Los sectores beneficiados con ese préstamo fueron la educación, la agricultura, obras públicas, la reforma agraria, cooperativas y la protección de los ríos Yaque del Norte y del Sur.
Junta de Planificación y Coordinación US232, 000.00
Desarrollo de la Educación US5, 000, 000.00
Programa Nacional de Crédito Agrícola Vigilado US2, 000, 000
Puente sobre el río Yuna, Santo Domingo-Santiago US500, 000.00
Reconstrucción Carretera Santiago-Puerto Plata US1, 000, 000.00
Instituto Agrario Dominicano (IAD) US1, 000, 000.00
Programa de Emergencia de Viviendas US2, 000, 000. 00
Caminos Vecinales US600, 000. 00
Mantenimiento de Carreteras de Superficies Asfaltadas US900, 000. 00
Protección de Recursos Naturales US500, 000. 00
División de Cooperativas de la Secretaría de Trabajo US160, 000.00
Reforma Agraria Nagua US430, 000. 00
Estudios sobre El Río Yaque del Norte y del Sur US500, 000. 00
Además de ese préstamo, la USAID acordó con el Consejo de Estado hacer varias donaciones para beneficiar a la población más pobre del país.
1) Una donación de 7 millones de dólares para educación, agricultura, foresta, un estudio del río Yaque del Norte y planificación.
2) Devolver los 25 millón de dólares que Estados Unidos retenía al país por las sanciones que impuso la Organización de Estados Americanos (OEA) al dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1960.
3) Enviar al país técnicos de la Agencia para El Desarrollo Internacional (AID) para trabajar en la agricultura, economía, foresta, reforma agraria, construcción y viviendas.
4) Donación de medicinas para los hospitales.
5) Donación de 60 mil toneladas de alimentos para los pobres del campo y la ciudad.
6) Traer a la República Dominicana jóvenes del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos para trabajar en las comunidades.
7) Garantizar la asesoría de los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la OEA.
A pesar de lo beneficioso del préstamo de los 25 millones de dólares, su ejecución fue traumática, porque el gobierno del Consejo de Estado sufría una profunda crisis de liquidez y no tenía dinero para cumplir con los pagos atrasados con varias instituciones y empresas norteamericanas.
El 19 de noviembre de 1962, el doctor Nicolás E. Pichardo, vicepresidente del Consejo de Estado, envió una carta al ministro de Finanzas donde explicaba los problemas que existían con la ejecución del préstamo de la USAID.
Reveló que “del préstamo de 25, 000, 000.00 concedido por la Alianza para El Progreso a la República Dominicana, una primera partida de US11, 5000. 00 pudo ser convertida en pesos dominicanos con suma rapidez al permitirse que se aplicara a cobranzas atrasadas en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica”.
“El remanente de US13, 500, 000. 00 quedó sujeto a una serie de condiciones que imposibilitaron su rápida conversión, y aun cuando estas condiciones fueran ulteriormente obligadas, hasta la fecha solamente han podido ser convertidas en pesos dominicanos $495, 563.00”.
“Como la casi totalidad de la suma US13, 500, 000.00 ha sido asignada a proyectos de vías de ejecución, el Gobierno Dominicano se ha visto obligado a financiar de sus propios fondos estos proyectos con $1, 000, 000.00 que hoy en día reclama insistentemente la Tesorería Nacional para cumplir con sus obligaciones regulares”.
“Si no fuera mucho atreverme, recomendaría que en vista de la buena fe demostrada por el Gobierno Dominicano y de sus grandes esfuerzos para cumplir sus obligaciones de divisas con el mercado norteamericano, se considerara la posibilidad de aplicar $3, 000, 000 de los restantes del préstamo al pago de cobranzas atrasadas. En esta forma, se conjuraría la amenaza que pesa sobre los programas de desarrollo”.
El 25 de febrero de 1963, el doctor Ramón Cáceres Troncoso, secretario de Finanzas, dirigió una carta al Consejo de Estado para pedir una transferencia de fondos para pagar los intereses y el capital del préstamo de los 25 millones de dólares a la AID.
En esa misiva, Cáceres Troncoso reconoce la imposibilidad de adquirir fondos para el pago del préstamo.
“En fecha de ayer, 24 de febrero en curso venció el término estipulado en el contrato por $25, 000, 000.00 con la Agencia para El Desarrollo Internacional para el pago semestral de intereses ascendentes a $50, 985. 76 según comunicáramos por oficio NO. 2776, de fecha 8 de febrero al Director de Presupuesto”.
“Como no ha sido posible obtener este valor de otros fondos, me permito solicitar a Fomento de La Caña, en el sentido de que, con cargo a la cuenta bancaria que dicha comisión mantiene a su disposición en el Banco de Reservas, y que al 31 de diciembre tenía un balance favorable de $163, 000. O0, y expida un cheque por la suma de $52, 000. 00 a favor del Tesorero Nacional para el pago de referencia, de manera que esta cantidad sea depositada en el Fondo 1465, de Sostenimiento de la Comisión de Defensa del Azúcar y Fomento de la Caña, y a continuación efectuar el correspondiente traspaso al Fondo de 1449. Atenciones especiales de la Secretaría de Estado de Finanzas, de donde habrán de pagarse los aludidos intereses”.
El 15 de marzo de 1962, el director de la USAID en el país, Newell Williams, se reunió en las oficinas del gobernador del Banco Central, Diógenes Fernández, y los más importantes funcionarios del área financiera del Consejo de Estado, para analizar el manejo del préstamo y la situación económica nacional.