NUEVA YORK, Estados Unidos.- Para el intelectual Silvio Torres-Saillant el pensamiento trujillista y balaguerista sobre la continuidad sigue vigente, vivo, en la figura del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el ex presidente Leonel Fernández, quien utiliza todos los argumentos del entramado ideológico de la dictadura para justificar su regreso al poder.
En un ensayo, a propósito del libro El reinado de Vincho Castillo, droga y política en la República Dominicana, Torres-Saillant explica que si Leonel Fernández pusiera en ejecución sus planes, el país pudiera perder la democracia que ha conquistado, y el presidente comenzaría a gobernar dictadoriamente.
“Al omitir esas acotaciones básicas, el ex presidente Fernández invita todo tipo de especulaciones acerca de sus planes para el país cuando recupere la silla presidencial que aparentemente el actual gobernante le está calentando. Da para temer que una vez reincorporado a las funciones de primer mandatario, Fernández proceda a buscar solución al problema de la alternabilidad que al parecer ha impedido la “transformación de la sociedad”. Sería cuestión de modificar el sistema político dominicano con fines de permitir al primer mandatario concentrarse en su obra de gobierno sin las “interrupciones” causadas por el cambio de mando que tolera la ley”.
Especula que en un gobierno de Leonel Fernández a partir del 2016 Vincho Castillo pudiera ser el Ministro de Relaciones Exteriores:
“La militancia fogosa de Marino Vinicio Castillo, alias “Vincho”, desde el puesto de Ministro de Relaciones Exteriores que seguramente ocupe en el 2016, mientras mantiene su programa de televisión, su lucrativa práctica privada de la abogacía y sus negocios partidarios dentro de la Fuerza Nacional Progresista, aducirá “graves asuntos de Estado” que hacen urgente el apoyo a la sentencia del TC sobre la permanencia ininterrumpida del primer mandatario en el poder”.
A continuación, la quinta parte de la presentación realizada por Torres-Saillant, en la ciudad de Nueva York, del libro del periodista Fausto Rosario Adames, sobre droga y política en el país:
El “Vinchismo” Leonelesco y la Actual Moral Social
El reinado de Vincho Castillo, entonces, nos cuenta sobre un individuo para hablarnos de una sociedad cuyo liderazgo político irrespeta a la población pisoteando con botas mugrientas toda pulcritud moral, todo principio, todo valor de decencia y dignidad humana.
Balaguer, que aborrecía la aspiración democrática del pueblo y la participación ciudadana que la acompaña, jamás vio en la población dominicana nada más que una masa inerme lista para moldearse al gusto del régimen ya mediante la manipulación y el soborno o el asesinato y la cárcel.
De igual manera, Fernández se ha caracterizado por medidas que vulneran a la población como ofrendar las montañas del país a emporios mineros extranjeros sin importarle el predecible daño a la salud ambiental. Se negó tercamente a incrementar el presupuesto a la educación no obstante el número de padres, maestros y estudiantes que se tiraron a la calle a pedírselo. Se mostró molesto por las protestas callejeras de la ciudadanía causadas por la ruina económica en que dejara el Estado al fin de su período presidencial que acabó en el 2012 y desestimó las carencias reales que llevó a la gente a protestar.
En vez de mostrarse sensible ante las quejas del pueblo, prefirió combatirlo, tratándolo como ignorante. Valiéndose de los mecanismos televisivos oficiales aunque ya no era presidente, optó por dar una charla nacional sobre la economía global para educar—ergo, callarle la boca–a la ciudadanía.
Asimismo, cuando en septiembre del 2013 al Tribunal Constitucional que él mismo había creado tres años antes se le ocurrió el esperpento de redefinir de buenas a primeras la nacionalidad dominicana, desnacionalizando a los compatriotas de herencia haitiana, Fernández se adelantó a todos los otros apologistas de la insólita sentencia, alegando que la jurisdicción sobre la nacionalidad le competía sólo al Estado Dominicano, sin mostrar inquietud alguna por el parentesco espeluznante de esa acción con precedentes tales como la desnacionalización de la población alemana de origen judío perpetrada por el gobierno Nazi durante los años 30 o el retiro de la ciudadanía a los ugandeses de herencia asiática ingeniada por el sádico tirano Idi Amín en 1973.
Fernández se hace portavoz de una tesis anti-democrática y falaz al intentar presentar la agresión del gobierno del PLD contra un sector étnicamente diferenciado de la población como una acción de Estado cuyo cuestionamiento atentaría contra la soberanía nacional. En criterios como ésos deja claro que su relación con la práctica autocrática no es coyuntural sino que corresponde al ideario que orienta su visión de la sociedad. Sus argumentos reflejan su adhesión orgánica a la lógica y la ética trujillista que personifica el funesto abogado Castillo.
Fernández, que se precia de estar al día en la bibliografía sobre pensamiento político, sabe bastante bien que el Estado no lo define el régimen de turno ni la agenda del partido de gobierno. A él debe haberle llegado alguna noticia sobre la evolución de los pueblos, las relaciones sociales y la dinámica entre gobernantes y gobernados desde los tiempos del monarca francés Louis XIV, a quien se le atribuye haberse jactado de decir “l’état c’est moi” (el Estado soy yo).
Fernández tiene que saber que la agenda del gobierno Nazi, de Trujillo, del fraudulento Balaguer, o del sádico Idi Amín no representa un proyecto de Estado. Constituye, más bien, la interrupción del Estado. En cualquier definición moderna que se respete el Estado incorpora el consenso de la ciudadanía en su programa de acción, concede sin regañadientes el papel de interlocutores legítimos a los representantes de la sociedad civil, acoge la pluralidad ideológica para prevenir el predominio hegemónico de partidos o grupos de interés particulares y, sobretodo, reconoce a la población como base inexorable de su razón de ser.
Cuando un gobierno que controla la justicia y los medios de comunicación–mediante el soborno–reescribe las leyes para impedir a la población querellarse contra funcionarios o redefine la nacionalidad de la noche a la mañana para despojar de la ciudadanía a sectores étnicamente marcados de la población comete actos contrarios a la integridad institucional del Estado.
Quizás debamos reconocerle honestidad a Fernández por anunciar a la sociedad dominicana su conversión política y moral al declararse “vinchista”. Pues parece estar poniendo las cartas sobre la mesa en cuanto a su visión futura para nuestro pueblo.
Similar honestidad parece haber orientado su declaración últimamente sobre las virtudes del continuismo presidencial, haciéndose eco de los juicios que, para justificar la dictadura trujillista, emitiera Balaguer en su famosa charla “El principio de la alternabilidad en la historia dominicana,” dictada el 19 de septiembre de 1952 en el Ateneo Dominicano de la capital, llamada entonces Ciudad Trujillo.
Allí, con la argumentación penosa que permea toda su prosa ensayística, el siervo del tirano se las arregla para concluir que la sociedad dominicana ha registrado un avance significativo únicamente en aquellas ocasiones cuando el primer mandatario ha podido gobernar ininterrumpidamente. Es decir, el cambio de mando que tanta gente reconoce como una virtud de la democracia perjudica al pueblo dominicano.
Sesenta y un años después, Fernández repite el precepto continuista de la dictadura diciendo que un “solo período presidencial no transforma un país” ya que para ello hace falta “un período histórico determinado,” ilustrando su aserto con los “treinta años” que ha tomado a China su transformación”. Afirmando que eso “no se logra en cuatro años, ni en ocho ni en 12” sino “en el tiempo”, Fernández también invoca un caso nacional.
Dice: “El doctor Balaguer dejó un legado de desarrollo de infraestructura y eso fue porque gobernó 22 años” (Jhanyl Moreta Morel, “Leonel Fernández: ‘cuatro años no son suficientes…”, www.diariolibre.com/noticias 21 diciembre 2013). Fernández podría haber citado también, quizás con todavía mayor propiedad, las tres décadas que duró el cleptómano Trujillo en el poder, las cuales dejaron como saldo una transformación en nuestra sociedad cuyo lastre apenas hemos comenzado a purgar.
Pero aún sin mencionar al maléfico tirano, esa profesión de fe continuista no deja de espeluznar, sobretodo al pronunciarla un político que ya ha cumplido cuatro períodos presidenciales y cuya campaña electoral para regresar al Palacio Nacional comenzó inmediatamente después de tener que salir del mismo debido al límite que impone la Constitución dominicana al número de reelecciones consecutivas.
El precepto continuista espanta en gran medida por cuánto se desprende de los precedentes que Fernández invoca para ilustrar su punto: los 22 años de Balaguer y la duración del liderazgo político en China. El líder del PLD cita a China sin acotar que su régimen excluye de manera estructural la opción de la alternabilidad electoral. Tampoco explica que Balaguer logró la permanencia en el poder mediante la burla constante de las reglas electorales que contemplaba el sistema político dominicano después de la dictadura.
Al citar a Balaguer como ejemplo, estará Fernández avalando el asesinato, el robo, el soborno, el encarcelamiento, el fraude electoral, la corrupción administrativa y el clientelismo de que se valió el caudillo para ascender al poder y sostenerlo?
Al omitir esas acotaciones básicas, el ex presidente Fernández invita todo tipo de especulaciones acerca de sus planes para el país cuando recupere la silla presidencial que aparentemente el actual gobernante le está calentando. Da para temer que una vez reincorporado a las funciones de primer mandatario, Fernández proceda a buscar solución al problema de la alternabilidad que al parecer ha impedido la “transformación de la sociedad”. Sería cuestión de modificar el sistema político dominicano con fines de permitir al primer mandatario concentrarse en su obra de gobierno sin las “interrupciones” causadas por el cambio de mando que tolera la ley.
Si en la actualidad fracasan los esfuerzos de los compatriotas y aliados que desde distintas playas exigen la restitución de la ciudadanía quitada a cientos de miles de compatriotas debido a su origen y, por consiguiente, quedan establecidas como inapelables las sentencias del Tribunal Constitucional que creó Fernández, bastará con que los jueces de dicha corte emitan un fallo al respecto de la alternabilidad electoral. El texto del fallo tendrá unas 120 páginas y habrá solo dos votos disidentes emitidos por dos juezas, a quienes terroristas verbales identificados con el régimen estigmatizarán como “traidoras a la patria”.
La militancia fogosa de Marino Vinicio Castillo, alias “Vincho”, desde el puesto de Ministro de Relaciones Exteriores que seguramente ocupe en el 2016, mientras mantiene su programa de televisión, su lucrativa práctica privada de la abogacía y sus negocios partidarios dentro de la Fuerza Nacional Progresista, aducirá “graves asuntos de Estado” que hacen urgente el apoyo a la sentencia del TC sobre la permanencia ininterrumpida del primer mandatario en el poder. Invocará peligros que se ciernen sobre la nación que afectan su existencia misma, como la urdimbre de Francia, Canadá y los Estados para fusionarnos con Haití y la alianza del principal partido de la oposición con capos del narcotráfico internacional empecinados en debilitar las instituciones del país con fines de hallar acá puerta franca para sus actividades ilícitas.
El apoyo de la Junta Central Electoral a la sentencia eliminadora de la alternabilidad electoral emitida por el TC no se hará esperar. El presidente Fernández, por su parte, dirá poco. Sencillamente, se someterá a la ley inapelable del Tribunal Constitucional por el respeto que el Poder Ejecutivo debe a esa alta corte, alegando que no someterse a la misma constituiría “un desacato”. El presidente en ese sentido no podría permitirse tal ilegalidad.
Al proporcionarnos, mediante el estudio del personaje nombrado en el título, un contexto para pensar críticamente sobre la trayectoria ético-política de Fernández, El reinado de Vincho Castillo nos permite acceder el contexto necesario para valorar la desgracia actual de nuestro pueblo.
Asistimos desafortunadamente a un drama nacional permeado por la más desenfrenada balaguerización de los valores en la sociedad. Desde el 1996 hasta el presente el desparpajo ha dominado el manejo de la cosa pública, la legislatura, los militares, la policía, el clero representado por una iracundia cardenalicia explicable solo como el resultado de necesidades de salud mental dejadas desatendidas en la niñez y una intelectualidad incapaz de escoger entre el fenecido Franklin J. Franco, consagrado erudito fundador de los estudios étnicos en la academia dominicana, y el autor condecorado Manuel Núñez, un negro hispanófilo, anti-haitiano, ultraderechista y negrófobo que ha hecho carrera de manera “vinchista” con la elocución de prédicas de odio y el ejercicio de la maledicencia.
Durante el interludio perredeísta 2000- 2004 nada hizo el gobierno por contrarrestar la trujillización sostenida en la sociedad por la larga duración y el rígido programa ideológico del sinuoso Balaguer.
En ese sentido el Ministerio de Cultura que durante el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía atribuyó excelencia intelectual a un obeso manifiesto anti-haitiano, negrofóbico y anti-Dominican-york—tan precario en la erudición como impugnable en la redacción–nada tiene que recriminarle a su contrapartida peledeísta que autorizó la comparsa del Ku Klux Klan a desfilar en el cierre oficial del Carnaval de Santo Domingo 2014. Representantes de organizaciones políticas distintas, los dos ministros comparten el mínimo común balaguerizador que aqueja a la sociedad de manera más devastadora que cuando gobernaba el criminoso caudillo.
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