SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, rechazó los ataques de Marino Vinicio Castillo contra la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), considerándolos inoportunos.
“Lamentamos mucho la opinión del director de Ética, porque él no es que tiene la vocería en este momento con los vínculos de la Comisión Interamericana", expresó.
Recordó que la atribución de comunicarse oficialmente con los miembros de la CIDH que en estos momentos visitan República Dominicana les corresponde al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso.
Consideró como inoportunas las declaraciones de Castillo, director de Ética e Integridad Gubernamental.
También, rechazó los comentarios que hicieron algunos legisladores de que es una injerencia la visita del CIDH, “tenemos que aceptar a nuestros invitados y ayudarlos a levantar la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, y poder ver cuales son las consecuencias de esto”.
Dijo que en el país hay un desconocimiento total de lo que es el sistema interamericano de los Derechos Humanos, debido a que la Comisión y la Corte Interamericana son órganos intergubernamentales que los Estados acordaron crear y no puede haber injerencia cuando un Estado acepta los términos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
Sosa indicó que el gobierno tomo una iniciativa después de la presión que se ha hecho nacional e internacionalmente, cuando el Estado tiene que ser rápido, expedito, oportuno y darle una salida, una respuesta positiva a las personas que están en el país.
“El Estado tiene la obligación de proteger a las personas en el territorio dominicano, una protección positiva y una protección negativa, la protección positiva es la protección a nosotros, y en el caso de que exista una negativa el Estado tiene que darle una respuesta a esos ciudadanos”, expresó Sosa.
Invitó a las personas que se sientan que sus derechos fundamentales han sido vulnerados con la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, a que acudan a la Comisión Interamericana y depositen sus quejas y denuncias.
El director de Ética e Integridad Gubernamental manifestó que dejar sin efecto o anular la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional por una orden del CIDH a través de una medida cautelar, equivaldría a un “golpe de Estado” lo que a su parecer "destruiría en días el sólido” liderazgo del presidente Danilo Medina".