SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Mateo, reiteró este miércoles que no habrán deportaciones masivas a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, como aseguraron organismos internacionales y nacionales.

Rosario Mateo señaló que la sentencia del TC se contrae a los que fueron inscritos irregularmente en el registro civil y recalcó que más del 55 por ciento de los inscritos que podrían ser afectados por la sentencia, fueron registrados con cedulas o permisos de residencia, lo cual asegura la nacionalidad de esas personas.

Indicó que 24 mil registrados tienen alguna irregularidad que debe ser vista y citó como ejemplo los hijos de ciudadanos de estados unidos inscritos bajo nacionalidad “norteamericana” y no como “estadounidense”, lo cual constituye una anomalía.

Explicó que los derechos humanos de las personas que se pudieran sentir afectadas por el fallo, están garantizados por la Constitución las autoridades de todos los órganos constitucionales.

El presidente de la Junta aseguró que hay suficientes instrumentos jurídicos para resolver el problema rápidamente y minimizó la situación de los hijos de extranjeros nacidos en el país.

“No creo que sea tan grande. Insisto, no es tan grande. Tenemos instrumentos jurídicos que pueden permitir una rápida solución del problema”, subrayó.

Asimismo, aseguró que a nadie nacido en el país, aunque al momento de inscribirse no lo haya hecho bajo la norma vigente, se le negará la nacionalidad “si prueba que nació en el país”, y consideró que “no hay razón para este pánico creado y alboroto”.

Sobre la comisión que se dirigirá a Venezuela, Rosario Mateo declaró que el gobierno dominicano solicitó la reunión y que en esta se explicará la situación actual de los residentes extranjeros y sus descendientes, al tiempo que se especificará que nadie será deportado como consecuencia de la ejecución de la sentencia y afirmó que “a todos se les permitirá que iniciado el plan de regularización, desde RD pueda acogerse al mismo y regularizar su estado”.

Igualmente, dudó que se puedan producir condenas en relación a los organismos internacionales e insistió que todo aquel que demuestre que nació en el país, le debe ser otorgada la oportunidad de optar por la nacionalidad, pero sobre la base de las leyes 659 del año 44 y 61-25, utilizadas para normar los actos estructurales.

“Si se van a resolver los pocos casos o mucho, de serlos, que pudieran ser afectados por la sentencia, de existir la voluntad de resolverlos por el estado dominicano desde el punto de vista humanitario, no puede haber razón para que haya condenas”.

Colaboración con el estado haitiano.

En lo referente a la posición del estado haitiano, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario criticó la actitud del gobierno del país vecino, la cual fue definida por el estado dominicano como hostil.

Rosario reprochó que mientras República Dominicana busca una solución al impase, Haití se dedica conquistar aliados para guiar al país a una situación desfavorable.

Igualmente, el funcionario manifestó que en Haití se violan los derechos de sus ciudadanos al negar el derecho al apellido y la nacionalidad, creando un problema a la nación.

Expresó que el gran reto es la presencia significativa de nacionales extranjeros, especialmente de la vecina isla, que no tienen documentación, situación que prevé y regulariza la Ley 285-04, sobre extranjeros no residentes en República Dominicana.

“Tenemos que hacer conciencia de que debemos convivir con Haití, pero debe entender que debe ayudar. La primera ayuda que debe dar es documentar a sus ciudadanos”, enunció, y sentenció que la nación vecina “no puede vivir quejándose y criticando, debe colaborar para bien de sus ciudadanos.”

El presidente de la Junta suministró las declaraciones durante la firma de un convenio entre la JCE, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad de Granada.