SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El esfuerzo que realiza el ex presidente de la República, Hipólito Mejía, en los organismos internacionales para denunciar el fraude electoral ocurrido en las elecciones del 20 de mayo es inútil y no tiene posibilidad de prosperar, de acuerdo con los criterios de Roberto Álvarez, ex embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, y experto en relaciones internacionales.

En una carta remitida a Acento.com.do, Roberto Álvarez dice que ciertamente en las elecciones hubo un mercado de compra y venta de votos, y que el árbitro electoral actuó con parcialidad a favor del Partido de la Liberación Dominicana, pero que el esfuerzo de Hipólito Mejía debió hacerse impugnando las elecciones internamente, no en un órgano del exterior que verá si se utilizaron los mecanismos legales que tiene la República Dominicana.

“Las instancias nacionales son las adecuadas para continuar resolviendo los abusos electorales que han venido ocurriendo en nuestro país desde hace décadas. Que los tres partidos políticos principales son los culpables de no querer resolverlos por una cuestión de intereses políticos. Que la gran mayoría de la población dominicana está hastiada de estos abusos es una perogrullada”, escribe Roberto Álvarez en su comunicación.

Explica que también queda claro que las cartas de Mejía a la OEA no prosperarán, así como tampoco una posible denuncia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque “los momentos de denuncias electorales relacionados al certamen del pasado 20 de mayo están agotados”.

Cree sin embargo que en este momento, antes que acudir a los organismos internacionales, es tiempo de “aunar esfuerzos ingentes para la aprobación de una Ley de Partidos Políticos y de otra para el sistema Electoral”.

Sostiene que en este sentido, tanto el ex presidente Mejía como el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, han abogado por la adopción de dichas normas y si ambos líderes genuinamente tienen el fortalecimiento del sistema democrático dominicano como norte de sus ideales, “este es un tema ideal para un trabajo mancomunado, de forma tal que la elección de 2012 sea realmente “la última vez que se vulnere la voluntad del pueblo”.

Acento reproduce la carta remitida por Roberto Álvarez a la dirección de este diario:

3 de septiembre 2012

Fausto Rosario Adames

Acento.com.do

Director

Señor Director:

Por medio de la prensa he tomado conocimiento de que el ex presidente Hipólito Mejía ha girado cartas al Presidente del Consejo Permanente de la OEA y al Secretario General, José Miguel Insulza, mediante las cuales denuncia violaciones al proceso electoral del pasado 20 de mayo en nuestro país, e informa que su comunicación al Consejo “deberá ser conocida” en la sesión fijada para el próximo miércoles 5 de septiembre.

En la conferencia de prensa en la cual se dio a conocer el contenido general de las cartas, (comunicado que aparece en la página web www.llegopapahipolito.com y del cual he tomado las citas que siguen), también se afirmó que Mejía “podría recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se examinen las irregularidades ocurridas en el pasado proceso electoral que vulneran las garantías incorporadas en los artículos 3 y 8 de la Carta Democrática Interamericana”.

Antes de referirme a la denuncia del ex presidente Mejía, permítame señor director dejar claramente establecido que como dominicano me inscribo entre aquellos que consideran, como dijera Participación Ciudadana en su comunicado final, que la campaña electoral del pasado 20 de mayo estuvo “manchada por un extendido mercado de compra y venta de cédulas y votos (por ambos partidos principales, añado yo), y por un amplio uso “de los recursos del Estado y un arbitraje electoral parcializado”. Por tanto, no considero la denuncia de Mejía de poca importancia, pero sí improcedente, como explicaré más adelante.

En primer lugar, ¿qué sabemos a ciencia cierta de la denuncia del ex presidente Mejía? Sabemos que ha enviado dos cartas a la OEA, efectuando una denuncia de irregularidades ocurridas durante el proceso electoral, que imputa al gobierno de Leonel Fernández, y solicitando la colaboración del órgano regional “para fortalecer los mecanismos de transparencia, independencia e imparcialidad de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, e impedir violaciones a las leyes nacionales e internacionales”, de forma tal que no vuelvan a repetirse en el futuro.

Sabemos también que “Mejía cuestionó el rol de los órganos electorales como garantes de la equidad”, alegando vulneraciones de “la Constitución y la propia Ley Electoral, vistas las decisiones, omisiones y violaciones de derechos que estos adoptaron o permitieron a lo largo del proceso electoral”.  Asimismo, sabemos que Mejía pide que las observaciones electorales de la OEA sean más eficientes, para evitar “el uso de fondos públicos y el transfuguismo”. El ex presidente Mejía además expresó “confianza en la capacidad del sistema interamericano en mejorar sus esfuerzos con la sociedad y la necesidad de que se profundice en las causas que distorsionan la democracia dominicana, para que su solución lleve a un perfeccionamiento del sistema electoral y a preservar la gobernabilidad”.

Mejía tiene la expectativa que dichas misivas serán conocidas este miércoles y pide al Consejo “y a los pueblos de América” poner “mucha atención a los hechos relatados en su informe enviado al señor Secretario General y a esta comunicación, a fin de que la Carta Democrática Interamericana tenga plena vigencia en la República Dominicana”. Finalmente, conocemos que Mejía contempla la posibilidad de presentar una denuncia a la CIDH.

Hasta aquí sabemos. ¿Qué no sabemos?

Para comenzar, desconocemos si las cartas de Mejía contienen anexos con datos concretos, testimonios, o documentos impresos o visuales que avalen los hechos denunciados; si efectivamente incluyen pruebas, ignoramos el valor y volumen de éstas; o, si por el contrario, contienen simples relatos generales. Tampoco sabemos cuál es, si alguno, el remedio o medida que el ex presidente Mejía espera del Consejo Permanente de la OEA. ¿Espera el ex presidente Mejía que el Consejo adopte una resolución o emita una declaración en relación a su denuncia? ¿O habrá remitido las cartas con el objetivo de crear presión en el escenario político nacional y, en particular, sobre el gobierno? ¿Si es así, qué espera como resultado? En otras palabras, ¿cuál es el objetivo final de su denuncia? Nada de esto queda claro.

Dado lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿qué podemos inferir sobre estas cartas y a que conclusiones llegamos?

Primero algunos antecedentes.

El PRD, que sepamos, no presentó impugnación alguna en ninguno de los 14,470 colegios electorales, ni en las Juntas Electorales de los municipios o del Distrito Nacional, y, por tanto, imposible le era recurrir ante el Tribunal Superior Electoral.

Esto quiere decir que el PRD decidió no utilizar, cuando tuvo la oportunidad, los mecanismos de la jurisdicción nacional disponibles para impugnar el resultado del proceso electoral del 20 de mayo. Este es un dato fundamental, como veremos.

Por otro lado, si bien Hipólito Mejía no reconoció directamente el triunfo de Danilo Medina en su discurso del 22 de mayo pasado, sí lo hizo indirectamente al declararse “el líder de la oposición en defensa del interés nacional y la preservación de la paz y la tranquilidad de la familia dominicana”. Si así hizo, es de suponer que lo hacía para representar los intereses de su partido dentro del ordenamiento jurídico del país, pues de otra manera no se garantizaría la paz y la tranquilidad.

Es oportuno recordar, señor director, que en las elecciones legislativas y municipales de 2002, el PRD logró 29 de los 32 senadores y 72 de los 150 diputados, así como la mayoría de las sindicaturas del país. En otras palabras, para la elección presidencial de mayo de 2004, el PRD tenía el control absoluto del Senado y casi mayoría simple en la Cámara; con estos votos, más los de aliados coyunturales, pudo modificar la Constitución en 2002, para permitir la reelección de Mejía. Si hubiera querido, también hubiera logrado la aprobación de la ley de partidos políticos, cuyo proyecto ya circulaba desde hacía varios años, pero aparentemente, en ese momento, no le convenía.

Para esa elección de 2004, que el ex presidente Mejía perdió frente a Leonel Fernández, la OEA envió a RD una misión de observación electoral que estuvo en el país por espacio de un par de meses. En su informe final, la misión afirmó lo siguiente:

“La Misión hizo seguimiento a varias denuncias que le fueron presentadas, y procedió a encauzarlas ante la Cámara de lo Contencioso Electoral de la JCE. Las denuncias fueron cambiando en su naturaleza conforme avanzaba el proceso electoral, siendo las más frecuentes en el período precomicial, las referidas a la llamada ‘compra de y/o retención de cédulas de identidad’ y al uso de recursos del Estado para favorecer la campaña electoral del partido oficial”.

El informe también incluyó la siguiente información:

“En el caso de estas últimas (denuncias sobre el uso de los recursos del Estado), la Misión constató que no existen en el país antecedentes de haber sido sancionados estos hechos ante instancias judiciales. Tampoco ha existido un procedimiento concreto de control respecto a los fondos que entregan particulares a los partidos políticos para financiar sus campañas electorales. Respecto al tema de la posible utilización de recursos del Estado para proselitismo, la Misión encauzó, ante la autoridad electoral, el oficio presentado por el PLD respecto a supuestos abusos de los recursos del Estado a favor de la campaña electoral del candidato presidente, a través de la entrega subsidiada de motocicletas a ‘motoconchistas’ en actos públicos”.

Finalmente, entre sus conclusiones, la Misión resaltó como factor negativo: “La carencia de una base legal que respalde la aplicación de políticas preventivas y sanciones a actos de corrupción del poder público”.

Afortunadamente, el principio jurídico -con base en la buena fe- conocido como la “Doctrina de los Actos Propios”, que no le permite a una persona utilizar como argumento de defensa o a favor, hechos o un comportamiento que esa misma persona ha empleado o usado, no aplica en el ámbito político al cual nos referimos. Por tanto, Hipólito Mejía y el PRD tenían y tienen, a pesar de lo ocurrido en 2004, todo el derecho de efectuar las denuncias que consideren pertinentes.

Lo que siempre aplica, sin embargo, es el uso correcto de los procedimientos.

Para la elección de 2012, los canales apropiados para efectuar denuncias sobre irregularidades del proceso electoral eran básicamente dos: las instancias de impugnación electoral nacionales establecidas por la legislación dominicana y la Misión de Observación Electoral de la OEA. En cuanto al primer recurso, el PRD decidió no utilizar los medios, y en cuanto al segundo, el Secretario General de la OEA ha explicitado en múltiples ocasiones que la institución habla sobre los procesos electorales por medio de los informes de sus misiones. Por tanto, era necesario presentar cualquier denuncia directamente a la Misión. Lo más probable es que tanto el Presidente del Consejo como el Secretario General hayan remitido las cartas de Mejía a la Misión de Observación Electoral para RD, y por tanto no debería esperar que éstas sean conocidas por el Consejo Permanente. Por esto dije más arriba que la denuncia efectuada era improcedente.

Pero, además, es inoportuna porque aun no conocemos el informe final de la Misión de Observación Electoral. Este iba a ser presentado al Consejo este miércoles 5 de septiembre, pero su conocimiento ha sido pospuesto.

La denuncia de Mejía implica un desconocimiento de los alcances y posibilidades de acción de la OEA. La Carta Democrática Interamericana solo la pueden invocar los gobiernos, cuando existe una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional establecido, o un riesgo inminente al “proceso político institucional democrático”, algo que no existe en el caso dominicano.

Esta es la realidad diseñada por los Estados miembros de la OEA, y menciono esto con cierto asombro, ya que el gobierno del entonces presidente Mejía fue uno de los arquitectos de la Carta Democrática Interamericana, la cual fue proclamada en Lima, Perú, por lo Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, el 11 de septiembre de 2001.

Una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tampoco prosperaría ya que el articulo 46 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como requisito esencial para que la Comisión pueda declarar admisible una comunicación o petición, el agotamiento previo de los recursos de jurisdicción interna, algo que como dijéramos previamente, ni el ex presidente Mejía ni el PRD hicieron en su momento.

¿Qué conclusión podemos extraer de esta situación?

En primer lugar, que las instancias nacionales son las adecuadas para continuar resolviendo los abusos electorales que han venido ocurriendo en nuestro país desde hace décadas. Que los tres partidos políticos principales son los culpables de no querer resolverlos por una cuestión de intereses políticos. Que la gran mayoría de la población dominicana está hastiada de estos abusos es una perogrullada.

También queda claro que las cartas de Mejía a la OEA no prosperarán, así como tampoco una posible denuncia a la CIDH. Que los momentos de denuncias electorales relacionados al certamen del pasado 20 de mayo están agotados.

Sin embargo, este sí es el momento de aunar esfuerzos ingentes para la aprobación de una Ley de Partidos Políticos y de otra para el sistema Electoral. En este sentido, tanto el ex presidente Mejía como el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, han abogado por la adopción de dichas normas y si ambos líderes genuinamente tienen el fortalecimiento del sistema democrático dominicano como norte de sus ideales, este es un tema ideal para un trabajo mancomunado, de forma tal que la elección de 2012 sea realmente “la última vez que se vulnere la voluntad del pueblo”.