SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las fundaciones Hermanas Mirabal y Manolo Tavarez Justo reiteraron las responsabilidad del coronel Manuel R. Montes Arache en la libertad de los asesinos confesos y condenados de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y Rufino de la Cruz.
A través de un comunicado, las entidades recordaron que horas después de la toma de la Fortaleza Ozama por las fuerzas constitucionalistas el 30 de abril de 1965 los asesinos de las hermanas Mirabal y su acompañante, Rufino de la Cruz, fueron puestos en libertad por un grupo de militares encabezados por Montes Arache "según su propio testimonio incriminatorio".
"En ese testimonio el Sr. Montes Arache esgrime el falso argumento de que había que salvaguardar y proteger la vida y dignidad de esos criminales (olvidando la condena de la justicia dominicana y la dignidad de las víctimas) del peligro que significaba el espíritu revolucionario y justiciero de otros agredidos por la dictadura. Al menos con Alicinio Peña Rivera, Montes Arache reconoció haber compartido vida militar al servicio del régimen", resaltaron.
A continuación, el comunicado:
FUNDACIÓN HERMANAS MIRABAL
FUNDACIÓN MANOLO TAVAREZ JUSTO
DECLARACIÓN DE PRENSA
En virtud de que EXISTEN HECHOS QUE NUNCA DEBEN CAER EN EL OLVIDO, las fundaciones Manolo Tavárez Justo y Hermanas Mirabal queremos dejar constancia de la verdad sobre las denuncias recogidas en medios de comunicación sobre la impunidad que protegió a los asesinos confesos y condenados de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y Rufino de la Cruz desde que en medio del fragor de la Guerra de abril de 1965 un grupo de militares constitucionalistas les facilitó la fuga.
Nuestras fundaciones, conformadas por compañeros de lucha e ideales y por descendientes de las heroínas nacionales Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y del héroe nacional Manuel Aurelio Tavárez Justo, en su condición de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia y la preservación de la memoria de resistencia y lucha por los mejores intereses de nuestra Patria encarnadas por esos héroes y heroínas, queremos señalar a la opinión pública nacional lo siguiente:
- a) Que horas después de la toma de la Fortaleza Ozama por las fuerzas constitucionalistas el 30 de abril de 1965 los asesinos de Patria, Minerva, María Teresa Mirabal y Rufino de la Cruz, quienes cumplían de manera privilegiada sus condenas en dicho lugar, fueron puestos en libertad por un grupo de militares constitucionalistas encabezados por el coronel Manuel R. Montes Arache; según su propio testimonio incriminatorio. En ese testimonio el Sr. Montes Arache esgrime el falso argumento de que había que salvaguardar y proteger la vida y dignidad de esos criminales (olvidando la condena de la justicia dominicana y la dignidad de las víctimas) del peligro que significaba el espíritu revolucionario y justiciero de otros agredidos por la dictadura. Al menos con Alicinio Peña Rivera, Montes Arache reconoció haber compartido vida militar al servicio del régimen.
- b) Que desde que ese evento vulneró el cumplimiento de las penas impuestas a los asesinos de las Hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz en un juicio ejemplar, histórico, público y contradictorio, transmitido por la radio y la televisión de la época a todo el país hasta la fecha -durante 55 años- las sucesivas autoridades llamadas a cumplir y a hacer cumplir sus propios dispositivos (y muy a pesar de los recursos de ley y orden que familiares y amigos de las Hermanas Mirabal iniciamos y sometimos en las instancias de lugar desde la cruel matanza hasta nuestros días) no llevaron a cabo ninguna acción para impedir, como ha sucedido, que estos criminales convictos y confesos permanecieran evadiendo la justicia y que casi todos hayan fallecido infamemente en la paz de sus hogares.
- c) Que a Manolo Tavárez y a Leandro Guzmán en los albores de la celebración del juicio a los asesinos de sus esposas y madres de sus hijos no pocas personas les propusieron tentadores, diversos y elaborados planes para ejecutar a dichos verdugos y que ambos, ratificando su compromiso con la justicia y la democracia en nuestro país, se negaron a que se llevaran adelante dichos planes argumentando que su lucha estaba dirigida no solo a terminar con la dictadura sino con la falta de justicia y que si aceptaban ensangrentar sus manos ejecutando prisioneros estarían negando todos los valores por los que tantos dominicanos y dominicanas habían dado sus vidas e igualándose a los comportamientos que como país debíamos superar. Esa convicción los llevó a exigir justicia y a declarar como testigos en el juicio en 1962. Y esa misma convicción llevó en 1966 a Mercedes (Chea) Reyes Vda. Mirabal y a Dedé Mirabal a reclamar en una instancia pública ante las autoridades que fueran buscados y extraditados los asesinos que habían sido liberados antes de cumplir sus condenas.
- d) Que inspirados en ese ejemplo, como ciudadanos y demócratas, en lugar de intentar suplantar a las instituciones responsables de impartir justicia, de perseguir y condenar a quienes las quebrantan así como de hacer cumplir las condenas de los asesinos de las Hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz y de procesar a los asesinos de Manolo Tavárez, a través de todos estos años hemos gestionado ante varios Procuradores Generales de la República (que entendíamos no tenían compromisos con el régimen trujillista) diferentes peticiones e instancias legales para que accionaran en procura de justicia y verdad, tanto en el caso de los asesinos de las Hermanas Mirabal, como de Ramiro Matos y compartes acusados de fusilar al héroe nacional Manolo Tavárez Justo. En tal sentido visitamos y planteamos infructuosamente peticiones y/o querellas ante el Dr. Abel Rodríguez del Orbe en el 1997, el Dr. Radhamés Jiménez en el año 2007, el Dr. Francisco Domínguez Brito en el año 2013 y el Dr. Jean Alain Rodríguez en el año 2016.
Revictimizar a las víctimas de crímenes de Estado como estos, o incitarlas a que tomen la justicia por sus propias manos es un gesto lamentable y perverso que demuestra la inconmensurable ignorancia de quienes en el fondo reniegan de una verdadera democracia y actúan en pleno siglo XXI como partidarios de una sociedad regida por la Ley del Talión.
Nuestras Fundaciones no pueden dejar de llamar la atención sobre la maldad de personas y comentaristas que desde intereses inconfesables atribuyen la responsabilidad de que no se haya hecho justicia a los hijos y descendientes de las Hermanas Mirabal y de Manolo.
Creemos en las instituciones de la democracia y aunque los resultados de nuestras gestiones no hayan llenado las expectativas de justicia nuestras y de la mayoría del pueblo dominicano, seguiremos actuando frente a ellas con la firme convicción de que es posible escribir una historia sin impunidad para nuestro país.