Rafael L. Trujillo: la utilización del Estado en provecho personal

Hace un par de años el Archivo General de la Nación recibió una copia del inventario de  las propiedades, empresas y recursos económicos acumulados por Rafael L. Trujillo M. en sus treinta años de dictadura. El documento, en que se enumera todo lo que poseía el dictador al momento de su muerte, está fechado 5 de julio de 1961. En él aparece de manera detallada la riqueza acumulada por el dictador hasta la hora de su muerte, ascendente a 148 millones 800 mil pesos (se recuerda que en aquellos años un dólar era igual a un peso). Además, se tiene calculado en 150 millones de dólares el dinero depositado por Trujillo, tanto a su nombre como a nombre de familiares y testaferros, en bancos extranjeros.

Tomando este documento como referencia,[1] ahora sabemos que los bienes de Trujillo estaban repartidos en: Haciendas y propiedades rurales, inversiones en empresas, posesión de acciones diversas, deudores, el Yate Angelita, solares, propiedades rurales, y bienes  e inversiones de María de los Ángeles Martínez Alba de Trujillo.

Para que se tenga una idea, basta destacar que Trujillo tenía fincas en La Victoria, La Estrella, Hato Nuevo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Cotui, Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, San José de las Matas, Monte Cristy y Guayubin. La suma de toda la tierra de Trujillo asciende a 348,369 tareas, además de poseer residencias, casas de alquiler y solares en casi todas las provincias del país.

Las empresas más importantes controladas por el dictador eran la Dominican Republic Sttlament, el Santo Domingo Country Club, Azucarera Haina, Industria Licorera La Altagracia, Laboratorio Químico Dominicano, Cervecería Nacional Dominicana, Editora La Nacion, Banco de Crédito Agrícola e industrial, Explotación Minera Hatillo, Industrial dominico-Suiza y la Industria Dominica de Alcoholes.

Pero, imagino que ustedes se estarán preguntando, y cómo Trujillo pudo acumular tanta  riqueza, cómo fue que utilizo el Estado para enriquecerse de manera desmedida?  Cómo fue que Trujillo, con un salario de $400 dólares como Brigadier General del Ejército en 1928 y de $700 dólares que recibía en 1939 como presidente, pudo acumular una riqueza de más de 300 millones de dólares en su  período de gobierno.

Leyendo los documentos publicados por el historiador Eliades Acosta, he seleccionado una muestra que puede ayudar a entender la voracidad del dictador, y que conste, que no estamos hablando de toda la riqueza acumulada en manos de sus hermanos, hijos y demás familiares, la que debe ser exorbitante.

La acumulación de riqueza de Trujillo se inició durante la ocupación militar americana, y la forma en se apropiaba de lo ajeno,  aparece claramente establecido en el expediente del consejo de guerra a que fue sometido en 1920, cuando era apenas segundo Teniente de la Guardia Nacional Dominicana. En el referido expediente preservado en Washington, Trujillo fue acusado de “violación e intento de estupro” y por “conducta escandalosa tendiente a la destrucción de las buenas costumbres”.

Los oficiales norteamericanos que llevaban el consejo de guerra contra Trujillo, destacaron el intento de estupro contra la joven Isabel Guzmán, de 17 años, y el cobro fraudulento de 150 dólares hecho contra el padre de la misma, para dejarlo en libertad. Se destaca en la acusación que “el dicho Rafael L. Trujillo, (…), voluntariamente, de manera ilegal, mal intencionada y corrupta, se apropió para su uso y beneficio, de la citada suma (…), obtenido incorrectamente, para vergüenza y deshonra del servicio de la Guardia Nacional Dominicana y del Gobierno Militar de Estados Unidos en República Dominicana.”[2]

En 1926, siendo Trujillo el Jefe de la Policía Nacional, en la Cámara de Diputados se dispuso, cuando se estaba discutiendo la Ley de caminos, prohibir “bajo pena de destitución a la Policía Nacional Dominicana y a los Policías Municipales tomar participación alguna, a menos que sean requeridos por autoridad judicial competente, en el cobro de este impuesto”.  Esto se debió a que todo el que no portaba un recibo de libre transito, era detenido y para dejarlo en libertad tenía que pagar 5 dólares, dinero que iba a parar a manos de Trujillo.

En aquella ocasión, el diputado Licairac relató un incidente:  “Yo si estoy con que se apruebe esa ley, porque la Policía Nacional Dominicana está cometiendo grandes abusos en los campos con ese motivo”. Otro diputado, de apellido Ferrer, planteo que “era necesario aprobar esa ley, porque se estaba haciendo negocios con los fondos de caminos, y que hay camino que deberían producir $5,0000.00 (y) no han producido la mitad”. En el mismo año, la Cámara de Cuentas mantenía en suspenso 18 mil pesos de la Policía Nacional Dominicana, debido a que esta no había podido rendir cuenta y observando: “de manera que eso acusa muy mala administración”.[3] Pero hay más; cuando en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo el presupuesto de la Policía Nacional para 1926, el diputado Brache critico que la PND contrajera deudas por 37 mil pesos sin contar con la autorización del Congreso y aclaraba que eso era:  “darle una autorización tacita para que mañana nuevamente, comience a enredarse, segura que nuevamente se le van a pagar sus enredos”.  Recuérdese que desde 1924 la Republica estaba gobernada por el general Horacio Vásquez, quien fue muy criticado por la corrupción bajo su mandato, lo que provoco que 1929 Vásquez solicitara la intervención de una delegación de especialistas norteamericanos para realizar una especie de auditoria de los gastos del gobierno. Esta fue conocida como la Comisión Dawes, que al tratar las finanzas del Ejército Nacional planteó entre otras cosas:

“Gastos tales como: compra de ropa, raciones, compra de gasolina, de aceite, reparaciones y gastos de contingencias, son arbitrariamente calculados. (…). La Comisión presenta varias partidas que agregan la suma de $529,875.00 que son infundadamente calculados. La Comisión opina que se podría lograr un gran ahorro siempre y cuando se haga una supervisión más científica y más estrecha”.[4] Lo que estaba destacando la Comisión, de manera discreta, era la corrupción que existía en el Ejército Nacional bajo la jefatura de Trujillo, quien, solo en 1929 se había “embolsillado” más de medio millón de dólares.

Horacio Vásquez fue derrocado el 23 de febrero de 1930 y a partir de ese momento Trujillo no tendrá límites en la acumulación de riquezas. Los mecanismos fueron diversos y casi siempre amparados en alguna legislación. Los documentos producidos por la propia dictadura son suficientes para demostrar cómo era que Trujillo utilizaba el Estado dominicano para enriquecerse o disfrutar de los bienes del pueblo dominicano. Veamos algunos ejemplos:

Trujillo respetó a empresarios burgueses, aunque a través de una política parcialmente monopólica afectó a sectores de los  mismos[5], lo que incidió en la acumulación de capitales en beneficio propio y el de su grupo.[6] Esos monopolios abarcaron diversos sectores de la economía como fueron el de la carne, la sal, la leche, las compañías de seguro y cigarrillos, impidiendo la aparición de empresas similares o haciendo que las existentes salieran del mercado en base a la extorsión y hasta la persecución política, como aconteció con Barleta y Michelena.[7]

Un caso sintomático de la forma en que se producía el monopolio, se puede apreciar en la fabricación de cigarrillos: se dio el caso de que William G. Walsh, empresario de la ciudad de Nueva York, visitó el país con el fin de instalar una “factorías modernas de cigarrillos capaz de elaborar un producto de superior calidad que se pueda vender en competencia con las otras marcas existentes en el país”. Este empresario norteamericano se relacionó en este negocio con el italiano Amadeo Barletta quien tendría a su cargo la  administración y la venta de los productos elaborados en la empresa.[8] Barletta fue implicado en una conspiración en 1935, quedando la referida empresa fuera del mercado, y la Santo Domingo Motors bajo el control de Trujillo.”[9]

En los casos más descarados, Trujillo se valió de leyes que permitían la expropiación de las empresas y bienes de las personas acusadas de conspirar contra la estabilidad del Estado. Apoyado en ella, Trujillo terminó quedándose con las propiedades de sus enemigos políticos.

Trujillo convirtió el Estado en un negocio particular y llegó un momento en que ya el pueblo no distinguía entre lo que era de su propiedad o propiedad del Estado. Solo él y la “Oficina particular del presidente”, tenían conocimientos de todas las actividades fraudulentas que se venían ejecutando, a través del Partido Dominicano, el Ejército y la estructura del Estado.

Muchas de las obras públicas del país, con recursos asignados en el presupuesto, eran construidas por dominicanos que en ocasiones, para justificar la acción fraudulenta eran declarados como vagos, como sucedió en 1930 cuando el gobierno inició una campaña contra supuestos vagos en la ciudad de Santo Domingo. La orden de Trujillo indicaba que todos “los hombres hábiles, sorprendidos en delito de vagancia, deben ser utilizados en los trabajos de las carreteras”.[10]

En 1941, en el libro puesto a circular por Eliades Acosta, aparece el documento que prueba la utilización de campesinos en las propiedades de los Trujillo, cuando uno de ellos se atrevió a denunciar: “nosotros somos cincos compañeros que hemos ido a La Mata a trabajar ;  (…) y ahora el raso De León ha inventado un camino para ir a su conuco (…) y ha puesto la gente a trabajar de balde y cuando nosotros decimos que ese camino es perdiendo su tiempo que está, entonces nos dijo que ese camino era del mayor Trujillo y del Presidente y también ha puesto una alambrada para su conuco las gentes de balde. A nosotros si fuera el camino para el Mayor o para el Presidente, nosotros no negaríamos de hacerlo, (…), pues nos quita todas las semanas el lunes y el jueves; (…) he faltado dos veces al camino y me ha echado diez días preso”[11].

Interesante resulta un mecanismo, que yo he llamado de “donación voluntaria”, para beneficiar a Trujillo, instaurado desde los primeros tiempos de la dictadura. Esa modalidad comenzó en 1930 con el regalo de un carro para Trujillo.

En 1933, importantes funcionarios y miembros del Partido Dominicano, promovieron una campaña nacional para que los dominicanos se despojaran de sus bienes y aportaran recursos para la erección de una estatua a Trujillo, proponiendo que “cada ciudadano y cada extranjero contribuyera con 50 centavos para formar el fondo que se necesitaba para la misma. Esa estatua fue instalada en San Cristóbal.[12] Las cotizaciones de la estatua recibida por el gobierno indicaban que el pueblo dominicano tendría que pagar entre 140 mil y 68 mil dólares, solo para satisfacer la megalomanía del dictador. Igual sucedió para la construcción del Monumento de Santiago en 1946, para lo que se promovió la existencia de un comité nacional que logró reunir $81,000 pesos y el cheque, que salio publicado en el periódico La Nacion, estaba destinado para ser cobrado directamente por Trujillo.[13]

En 1933 los dominicanos decidieron despojarse de sus bienes para contribuir para la donación del yate de Trujillo.  Otra embarcación adquirida por el Estado fue el “Guantánamo”. Inmediatamente se compró, fue armado “como buque para la defensa nacional” y bautizado con el nombre de “Presidente Trujillo”. La crónica del periódico La Opinión destaca el viaje de Trujillo a la región Sur conduciendo el mismo el vapor “Presidente Trujillo”[14]

Como parece que Trujillo y su familia tenían afición por los barcos, en 1939 quien recibió la donación de una embarcación lo fue Ramfis, y bautizada de inmediato como Yate Ramfis, el que antes llevó el nombre de “Camargo”, y que fue propiedad de  Julio Fleischmann.  El Miami Herald publico una nota, reproducida por el periódico Listín Diario, que me permito leer:

“La esposa e hijos del Jefe del Ejercito de la República Dominicana a bordo del yate en espera de la llegada del Generalísimo y de sus ayudantes americanos antes de partir de visita a la Habana”.[15] “Ramfis guía su propio bote de motor y tiene una perrera con 52 perros en su palacio dominicano. Él es dueño del único trailer (aparato que se agrega a un automóvil) que hay en la república y lo usa en sus frecuentes paseos al campo, conduciendo a sus compañeritos y a los perros. A bordo del yate hay seis de esos perros”.[16] Recuérdese además, que el yate Angelita, comprado a la compañía Astilleros Dominicanos Gibbs en 741,000 dólares, terminó costándole al pueblo dominicano 2,130,695 dólares.

En 1937 el presidente decidió construir un parque para Ramfis, su hijo favorito, y como siempre lo hizo con el dinero del Estado y la contribución “voluntaria” de los empleados y militares. Todas las secretarías de Estado apartaron partidas de su presupuesto con ese fin.

Cuando era necesario seguir llenando los bolsillos del presidente, los soldados, los presos y los empleados siempre estaban presentes, como lo demuestran numerosos informes de oficiales del Ejército. Cito: “Retornado, informando a Usted (…), que de los 261 presos que hay recluidos en las caréceles de Boca Nigua y en la cárcel de esta, no se puede disponer en la actualidad que trabajen 170 presos en la construcción de la nueva fortaleza, por la razón de que muchos de esos presos se encuentran enfermos e inutilizables para el trabajo, y además que de esos 261 hay 33 presos haciendo trabajos en la Finca del Honorable Señor Presidente.”[17] En otro informe del Ejercito en 1942, El oficial de la cárcel informo al comandante en Jefe del Ejército sobre los presos que trabajaban en diferentes lugares: en la propiedad de Pedro V. Trujillo 51; en la de Romeo Trujillo 4; Arismendy Trujillo, 2; en casa de Nieves Trujillo 4 y  en la Mansión presidencial, 6.[18]

Un trabajo hecho publicar por Félix W. Bernardino, deja totalmente evidenciado la situación de los prisioneros durante la dictadura:  Los agricultores se envían periódicamente a las distintas colonias agrícolas del Estado, de donde hemos visto salir a muchos hombres, luego de haber cumplido su condena, con la preparación necesaria, y habituados a la agricultura. (…). Los presos de la cárcel de la Fortaleza Ozama son utilizados en labores que redundan en un beneficio positivo para la sociedad: la construcción de edificios públicos, cuarteles, militares, campos de aterrizaje, limpieza de cuarteles, colonias agrícolas, etc.”[19]

Mientras que en otro informe se le requiere a los oficiales impartir ordenes de “lugar a cada uno de los oficiales de sus respectivas dependencia, a fin de que estos den sus contribuciones para un regalo que la oficialidad del Ejercito hará al General de Brigada Héctor Bienvenido Trujillo Molina (…) consistente en un par de espolines con cadena, todo de oro de 14 kilates. Y aclaraba la orden, que ese dinero debía descontarse del sueldo de abril de 1937.[20] Esa era la forma voluntaria con la que Trujillo esquilmaba a los dominicanos.

En cuanto a los empleados, existen en los fondos del Archivo General de la Nación numerosos documentos que demuestran la forma en que el gobierno los despojaba de sus exiguos salarios, pues  “en algunas comunes de la República se obliga a los empleados municipales a pagar un tanto por ciento del sueldo que perciben, en provecho de lideres políticos, o para fines políticos”.[21] Igual sucedía cuando había la intención de construir algunas obras publicas o para adular al tirano, llegándose a descontarle hasta el 5 % por varios meses consecutivos,[22] o simplemente eran designados para trabajar en casa de algunos de los familiares de Trujillo.

Resulta alarmante la forma en que los Trujillo o algunos de sus familiares más cercanos, se apropiaban de las propiedades ajenas, encubriendo sus acciones con el nombre de testaferros. Basta con  leer la carta enviada por el  Lic. Rafael Alburquerque Zaya Bazán a Trujillo en 1937, denunciando a uno de los familiares del Jefe. El padre del ex vicepresidente Alburquerque denunció como salvaje el  atentado de que fue victima de parte de Arismendy Trujillo en su bufete de abogado: “Estaba llevando un caso de revisión de fraude de unas 300 tareas en la común de San Cristóbal en contra de Alejandrina Pérez. “Hoy en la mañana, acompañado del señor Rafael Dacosta Gómez (a) Chicha, irrumpió en el apartamento privado de mi oficina, el señor J. Arismendy Trujillo Molina, demandándome imperativamente “si había meditado el asunto al enviar la citación para la audiencia, que recibió” (…). Acto seguido se  abalanzó sobre mi, en actitud agresiva, mientras decía “que esa propiedad era de él”, viendo que yo retrocedía, sacó la pistola que portaba y me lanzó un maquinazo a la cabeza, golpe que recibí en el brazo izquierdo, al defenderme. Entonces, diciendo palabras groseras e insultantes para mi persona, sobó la pistola, me apuntó, y a no ser por la pronta intervención del amigo Lic. Cesar L. Romero, que se interpuso entre nosotros y a quien agarró por el cuello, no se habría evitado la consumación de sus propósitos. (…). Honorable Señor Presidente de la República, por lo que me dirijo a Ud. no con la intención de que Ud. sancione los hechos cometidos, sino con el propósito de que con su garantía, pueda yo quedar a resguardo de posteriores ataques”.[23]

Por otro lado, Trujillo tenía la modalidad de alquilar muchas de sus propiedades a cuenta del Estado y a precio “consignado en el presupuesto vigente”[24] o utilizaba la modalidad de la permuta como un instrumento fraudulento, de modo que obtenía terrenos de buena calidad y entregaba terrenos que no servían para labores agrícolas. En estas acciones no dejaba de participar el Partido Dominicano, instrumentos utilizados para su enriquecimiento, pues a través de él se apropiaba del 10% de los salarios de los empleados del Estado; pero también de las propiedades de muchos dominicanos, que por miedo a la dictadura aceptaban que se les despojase de sus tierras. Además de que Trujillo vendía sus propiedades al Estado a precios exorbitantes, como sucedió con la Finca San Rafael, la cual fue vendida a la Secretaria de Agricultura para el establecimiento de la escuela provincial de Agricultura.[25]

Creo que sería muy interesante, que algún investigador pudiera tipificar la forma en que Trujillo utilizaba el Estado para su enriquecimiento ilícito, porque no es posible que una persona por más general o dictador que fuera, pudiera acumular 300 millones de dólares recibiendo salarios que nunca pasaron de los mil dólares mensuales. También sería interesante cuantificar la fortuna en manos de la familia Trujillo e incluir a sus más cercanos colaboradores. Talvez así, y de una manera contundente, los herederos del dictador dejarían de seguir reivindicando las bondades y honestidad de Trujillo y sus familiares.