SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) depositó, este viernes, 1 de abril,  una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, por considerar que constituye “un atentado al orden constitucional.”

Dicha acción fue depositada por un grupo de abogados del PRSD ante la Suprema Corte de Justicia, la cual ejerce funciones transitorias de Tribunal Constitucional.

El partido que preside Hatuey De Camps considera que en el proceso de creación y aprobación de dicha Ley, los poderes Ejecutivo y Legislativo cometieron una serie de “infracciones constitucionales,” y por ello piden que la misma sea declarada inconstitucional.

Se sostiene en la acción que constituye una infracción formal al Artículo 112 de la Constitución que dicha Ley no haya sido aprobada por las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados.

Según afirman, el voto calificado otorgado al Presidente de la República para las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura “atenta contra la independencia y autonomía del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral,” constituyendo una infracción material a los Artículos 4, 7, 69.2, 139 y el Párrafo 1 del Artículo 149 de la Constitución Dominicana.

El PRSD recordó que “las leyes orgánicas, no obstante su naturaleza, no se encuentran exentas del control de la constitucionalidad por la vía de la acción directa, pues el Artículo 185 de la Carta Magna se refiere a leyes, y no hace exclusión ni diferenciación alguna en cuanto a ordinarias u orgánicas”.

Esta acción del PRSD, según afirman, constituye una doble lucha, primero lograr que la Suprema Corte de Justicia retome su posición de que cualquier persona se puede convertir en denunciante de la inconstitucionalidad de las leyes, característica propia de este tipo de acción en un sistema democrático.

Con la acción el PRSD busca también la independencia y autonomía de los Poderes del Estado, principalmente de aquellos encargados de impartir justicia, aplicar la Constitución y velar por la protección y garantía de los Derechos Fundamentales de  los Dominicanos.