SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) la contratación de una firma de auditores reconocida para verificar los ingresos y gastos de campañas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de los candidatos, para determinar si están con las disposiciones establecidas en las leyes 15-19 y 33-18 y sus reglamentos.
El PRM precisa que los gastos que se incurran en la contratación de la firma de auditorías se deduzcan de los fondos que reciben los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de conformidad con el artículo 61 de la Ley 33-18.
En solicitud formalizada ante la JCE, el delegado político del PRM, Orlando Jorge Mera, recordó que el órgano electoral tiene mandato constitucional para velar “porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.”
Jorge Mera cita las disposiciones de la Ley Electoral 33-18 que regulan los capítulos y partidas que deberán asignar las campañas partidarias en organización y promoción, y disponen que los partidos mantendrán a la vista en formato electrónico, un informe que contenga todos los ingresos y gastos de la organización, antes durante y después del proceso electoral, debiendo detallar las informaciones de gestión, sobre la administración y contabilidad de los recursos captados, con los indicadores y los estándares de auditoría establecidos por la Cámara de Cuentas.
En la carta refiere una sentencia del Tribunal Constitucional estableciendo que el control interno de la actuación administrativa y financiera constituye una competencia accesoria de la JCE, la cual forma parte indisoluble de la autonomía e independencia que le otorga el artículo 212 de la Constitución de la República. En suma, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, ha puesto en manos de la JCE vigilar, controlar y fiscalizar los recursos públicos y privados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, para con ello lograr el mantenimiento y consolidación del sistema democrático nacional.