PARÍS, Francia.- Nicolas Sarkozy, ex presidente derechista de Francia, fue llamado hoy a declarar y dejado preso por la Policía Judicial de Nanterre (cerca de París), por un caso de corrupción relacionado con tráfico de influencia y otros delitos.
La prensa francesa detalla que Sarkozy está bajo régimen de “garde à vue”, o sea bajo la jurisdicción de la Policía Judicial. En un plazo de 48 horas deberá ser interrogado y luego enviado a su casa o dejado bajo prisión y así lo ordena la autoridad judicial.
A Nicolas Sarkozy se le investiga hace más de un año sobre la presunta creación en su gobierno de una “red” de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazaban al político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012.
El ex gobernante fue llevado a la policía poco después de las 08.00 hora local (06.00 GMT). El lunes fueron interrogados su abogado Thierry Herzog, y dos altos magistrados del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, todos siguen detenidos en las mismas condiciones que Sarkozy.
La prensa gala explica que De Azibert, cercano a Sarkozy, es acusado de recabar información de consejeros del Tribunal Supremo sobre los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo.
Según esa teoría, el defensor de Sarkozy le prometió como contrapartida que el expresidente le ayudaría a conseguir un puesto en la administración de Mónaco que buscaba, lo que constituiría tráfico de influencias.
Asimsimo, se investiga si el político conservador recibió dinero ilegal para su campaña presidencial de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L’Oréal, Liliane Bettencourt, y del asesinado dictador libio Muamar el Gadafi.
En principio, la investigación se centró en las pesquisas abiertas en abril de 2013 para determinar si parte de la campaña que le llevó al cargo en 2007 fue financiada por el régimen libio.
Las escuchas a las que fue sometido Sarkozy posteriormente condujeron el pasado febrero a la apertura de una investigación judicial por los cargos de “violación del secreto del sumario” y de “tráfico de influencias.