SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó prisión preventiva de 12 meses en contra del alcalde del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, Raúl Mondesí, por alegada malversación de fondos que superan los RD$300 millones.
Mediante el escrito de acusación preparado por el Ministerio Público, se requirió a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la apertura a juicio e imposición de medida de coerción por hechos graves de corrupción.
Solicita además una garantía económica de un millón de pesos dominicanos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica contra otros empleados de la alcaldía como el secretario General, Bienvenido Araujo Japa; el contralor, Pedro Cordero Valverde; el tesorero Municipal, Antonio de Jesús Ferreira Guzmán; y Edward Vianelo Guerrero Pontier.
En dicho expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, señala que Raúl Mondesí y a los principales funcionarios del Ayuntamiento manejaron los fondos públicos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos sin remesar los impuestos retenidos y no cumplían mínimamente con el presupuesto otorgado.
Se estableció que realizaban pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del Cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestaban servicios en la institución edilicia
Además resalta que elaboraron documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del Ayuntamiento como los relativos a la recogida de basura.
Manifiesta que los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley No. 6-86 sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS).
Igualmente se hacían pagos en exceso por realización de obras de infraestructuras; además de contratación de bienes, obras y servicios violentando el procedimiento de compras establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Por igual se les acusa de realizar pagos sin soportes de los servicios; es decir, sin constancia de que los trabajos se hayan realizado.
El Ministerio Público les atribuye no realizar declaración jurada de bienes, aun cuando todo funcionario público está obligado por ley a realizar tal declaración.
Se estableció que realizaban pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del Cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestaban servicios en la institución edilicia.
La acusación establece también la venta de equipos de transporte (Chatarras) en violación a las leyes y los reglamentos. Asimismo indica que hicieron uso de personas supuestas para elaborar contratos y cobrar cheques con endosos falsos.
En tal sentido, el Ministerio Público solicitó en su escrito que los acusados sean enviados a juicio por violación a los artículos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266 del Código Penal dominicano que prevén los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.