La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus) afirmó que es urgente que el país cuente con una nueva ley de contrataciones públicas.
En un comunicado firmado por el vicepresidente ejecutivoa de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, se advierte que se han generado disidencias entre entes del Estado en el ámbito jurisdiccional, por lo que resulta evidente que se requiere una regulación más completa sobre el tema de las compras y contrataciones públicas.
Exhortó al Poder Ejecutivo remitir al Congreso Nacional el Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, que ha sido debatido.
"Las actuales facultades del órgano rector y la posibilidad de fiscalizar con eficacia aquellas contrataciones que podrían presentar condiciones irregulares a la luz de la Ley No. 340-06, podrían ser fortalecidas desde un marco jurídico más acorde a las dinámicas reales de funcionamiento del Estado dominicano·, precisó.
Para Finjus, la actual coyuntura ha evidenciado algunas de las limitaciones inherentes a la propia Dirección General de Contrataciones Públicas.
Castaños Guzmán expresó que esa realidad implica que la suspensión provisional de la Resolución Núm. RIC-131-2021 de la DGCP, por parte del Tribunal Superior Administrativo, responde directamente a una ambigüedad en el marco interpretativo de la ley vigente.
Resaltó que esa es la causa de las contradicciones entre los entes públicos y, por tanto, se ralentizan procesos institucionales que responden a necesidades y prerrogativas de quienes acuden a procesos de esta naturaleza.
"Desde Finjus, consideramos que esta situación es una muestra más de la necesidad de garantizar a la ciudadanía un marco jurídico coherente en esta materia y que, al mismo tiempo, dote de seguridad jurídica a quienes generan relacionamiento directo con procesos de compras y contrataciones públicas", precisó.
Sostuvo que se requiere que el Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas pueda ser estudiado cuanto antes en el Congreso Nacional para su eventual promulgación.
Indicó que dando ese paso se podría fortalecer el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, consolidando el alcance del Órgano Rector, extendiendo la aplicabilidad de los principios rectores y garantizando un marco adecuado para la resolución de los conflictos administrativos que pudiesen ser resueltos por esta importante institución pública.