SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La diputada Minou Tavárez Mirabal reclamó al presidente Danilo Medina que se someta a la legalidad y que se abstenga de usar los recursos públicos en su campaña reeleccionista o de lo contrario, que tome una licencia en el ejercicio de sus funciones de presidente hasta tanto concluya una campaña electoral que ni siquiera ha comenzado oficialmente.
Durante una rueda de prensa, la candidata Presidencial de Alianza por la Democracia y Opción Democrática dijo que la incursión del mandatario en la campaña electoral es violatorio de la Constitución y del principio de equidad que debería caracterizar a un Presidente democrático.
“Las actividades proselitistas iniciadas el pasado fin de semana por el presidente violan disposiciones constitucionales y legales, mientras pisotean el principio democrático de igualdad de oportunidades”, expresó Tavárez Mirabal.
La legisladora explicó que cuando el Presidente de la República se desplaza por calles y carreteras en campaña política, no solo está utilizando recursos públicos, lo cual está prohibido, sino que está promoviendo una competencia desleal contra otras organizaciones políticas.
Agregó que mientras participa en campaña, Medina hace una mezcla de sus funciones públicas con una abierta promoción de su campaña reeleccionista, usando la influencia de jefe del Estado para beneficiar su candidatura y las de sus correligionarios políticos, en detrimento de los demás.
“En un país con debilidades institucionales tan marcadas como el nuestro, con los índices de transparencia más bajos del continente, caracterizado por la falta absoluta de control y regulación de las campañas electorales, la aparición de un Presidente en una abierto proselitismo electoral lacera a aún más nuestro precario sistema democrático”, dijo Tavárez Mirabal.
La Legisladora consideró que el presidente Medina es el primero que debe dar el ejemplo y acogerse a lo que establecen la Constitución y las leyes, al tiempo que reclamó de la Junta Central Electoral ejercer la autoridad que le otorga la ley para garantizar un proceso electoral democrático y equitativo.