Política

Miguel busca tribunal deje sin efecto decisión que retiene fondos del PRD


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) interpuso una demanda en referimiento en levantamiento de oposición contra los 23 dirigentes provinciales que obtuvieron a la retención de los fondos de esa entidad partidaria.

La demanda se ventila en la Tercera Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional, que presiden Yohaldo Hernández, en donde Vargas se opone a la retención de fondos hecha por 23 dirigentes municipales del PRD.

En la instancia, el abogado del PRD, José Miguel Vásquez solicita al tribunal que ordene el levantamiento puro y simple de la oposición a la entrega de valores realizada por Juan Villar Sánchez, Basilio Polanco Sosa, Víctor Sánchez, Eugenio Cedeño, Isidro Torres, Domingo Batista, José Diógenes Contreras, Demetrio Antonio Paulino, Héctor Moscat Lora, Silfredo Antonio Romero Garabito, Héctor Rosa, Rafael Serrano, Mateo Raulín Rijo,Francisco Solimán, Rafael de Luna, Juan José Morales, Rafael Collado, Diógenes de León, José Tomás de la Cruz, César Álvarez, Juan Alberto Estévez y Manuel Guillermo Peña.

Los fondos del PRD fueron retenidos en los bancos Popular, Reservas, Ademi, Progreso, Scotiabank, Santa Cruz, León, Vimenca, Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamos, Bancamérica, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Lopez de Aro, Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamso, Banco Peravia, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banesco y Citibank.

“Ordenar la ejecución provincial, sin fianza y sobre minuta de al sentencia a intervenir, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma”, explica la demanda.

Los abogados de Vargas y el PRD alegan que los dirigentes que municipales actúan en respuesta a las medidas disciplinarias para torpedear, entorpecer y obstaculizar las labores internas del PRD y así frustrar el fortalecimiento institucional.

El PRD explica que como resultado de la retención de fondos por parte de dichas entidades bancarias se han afectado las operaciones administrativas, pago de nóminas, cumplimiento de obligaciones de pago, entre otras situaciones “urgentes” que deben ser atendidas.

La audiencia fue aplazada para el primero de agosto, a los fines e que las partes produzcan una comunicación de documentos.

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