SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El nuevo Congreso de la República Dominicana juramenta este 16 de agosto, con una gaveta de proyectos que desde hace más de una década no logran consenso entre la Cámara de Diputados y el Senado, y consecuentemente, se traducen en la ausencia de leyes esenciales o del siglo pasado, como ocurre con el Código Penal.

Los proyectos de mayor impacto nacional suelen tener este problema de estancamiento, mientras otros sin gran trascendencia puede pasar con relativa facilidad. Un ejemplo de esto es la Ley 16-19 que prohíbe la hookah en lugares públicos y privados, pues fue depositada en agosto 2018, y convertida en ley seis meses después, en febrero 2019. Para el diputado Máximo Castro Silverio, la explicación más lógica es que las “leyes-país”, generalmente despiertan intereses de grupos empresariales, políticos y otros tipos que retrasan el consenso.

“Hay sectores que influyen en la representación mayoritaria e impide su votación. A veces no hay interés (deseos) de sectores internos en la cámara y (los proyectos) lo boicotean. Si lo mandas para otra cámara, lo dejan perimir”, explica Castro Silverio como voz autorizada, pues tiene más de 30 años como miembro de la Cámara de Diputados. Sucede también que, por el contrario, se cree que hay intereses internos cuando “los congresistas tienen temor de aprobar un proyecto, por los comentarios”.

El Código Penal, es el mejor ejemplo de este escenario. El vigente tiene más de un siglo, data desde el 1884 y sus más de 50 modificaciones han intentado medianamente adaptar la pieza a la actualidad. Los debates en el Congreso para su sustitución iniciaron en la década de los 90. Penalizar, o no, el aborto en tres causales fue uno de los motivos, sino el principal, para que el Código no tuviera el consenso necesario.

Muestra de este intenso debate fue la observación que hiciera en 2014 y en 2016 el presidente Danilo Medina a la pieza aprobada, para que la Cámara de Diputados replanteara la posibilidad de introducir la especialización del aborto, en caso de peligro de la madre, incesto o violación y por malformación incompatible con la vida. Las observaciones fueron acogidas, pero en 2015, antes de que el nuevo Código entrara en vigencia, el Tribunal Constitucional lo anuló.

Justo el mes pasado, como despedida del periodo 2016-2020, la Cámara de Diputados pisó acelerador para conocer algunos de estos proyectos pendientes, como la ley de aguas y de residuos sólidos, colocados en agenda del pasado 23 de julio. “Siempre, al final de cada cuatro años el Congreso acelera para dejar esa impronta”, agrega el diputado Castro Silverio.

Pero ni las leyes de agua ni de residuos sólidos pudieron aprobarse en los últimos días. El proyecto de Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos con más de 10 años en debate, fue casi confirmada, pero el presidente Danilo Medina observó aspectos del reglamento que nueva vez deben ser conocidos en el Congreso.