Política

Legisladores postergan proyectos vitales, y agilizan los de menos valor

Por Kharla Pimentel /Acento.com.do


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Constitución Dominicana establece en su artículo 16 que el Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de la República, compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados que originan decisiones continuamente garantizando la gobernabilidad y valiendo de mediador en las tareas del Estado.

El Senado lo integran 32 miembros, uno por cada provincia; y la Cámara reúne a 117 legisladores. Entre ambos tienen la responsabilidad de crear o modificar las leyes.

¿Cumplen está función? ¿De qué manera? ¿Trabajan por el bien común y para una mayoría?

Desde el 16 de agosto del año 2010, hasta el 16 de agosto del 2011, la Cámara de Senadores aprobó 224 proyectos de leyes. Mientras en el periodo 2012-2013 sancionó y aprobó solo 93.

Entre las piezas aprobadas algunas llaman la atención, como el proyecto de ley que dispone la Exhumación y Traslado de los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, al Panteón de la Patria, que permaneció en proceso de ser promulgada desde el 14 de septiembre del año 2011.

Aunque algunas de estas propuestas de leyes proceden de entidades oficiales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, o el Consejo Nacional de la Magistratura, los legisladores duran años en su lectura y estudio. Otras propuestas, sin mucha trascendencia, pueden ser aprobadas con una rapidez inusitada.

Podría entenderse que existe un mal uso del tiempo por parte de los legisladores que se dedican a hacer “esfuerzos” que muy bien podrían ser usados en aspectos con mucho más importancia.

La Cámara de Diputados aprobó de manera casi unánime, con 102 votos a favor y uno en contra, el proyecto que prohíbe el uso de la hookah o pipa de agua en colmadones, bares, discotecas y en lugares públicos.

La hookah, de origen oriental, se ha puesto de moda en los centros de diversión de la capital dominicana, y quienes más la usan son jóvenes. Para prohibirla, se alegó que está ocasionando problemas de salud.

El uso de la hookah es común en sociedades del Medio Oriente, o en los Estados Unidos, donde grupos comparten fumando diversos tabacos saborizados.

Este caso el abogado y coordinador general de Participación Ciudadana, Roberto Álvarez, lo califica como una cuestión del impacto mediático para demostrar que se está siendo duro en la persecución de la droga.

Entre leyes perimidas y en espera

Proyectos como el de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, depositado por última vez el 13 de marzo del 2012 por la Junta Central Electoral, y que perimió el 12 de enero del año en curso, fue aprobado por los diputados pero aún espera convertirse en Ley, porque el Senado no le ha dado curso.

Pero no queda allí, este proyecto que prohíbe, entre otras cosas, el uso de aportes económicos que no sean de la Junta Central Electoral en las campañas por los partidos políticos, fue entregado en el año 2000, y lleva casi 14 años en estudio.

“No parece haber una voluntad para ello, los partidos prefieren continuar con esta situación ambigua que hay, no quieren la transparencia”, refiere el coordinador general de Participación Ciudadana, Roberto Álvarez.

El pasado 14 de septiembre, el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, admitió que el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas no se ha aprobado porque la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se ha puesto de acuerdo para una propuesta unificada sobre las primarias simultáneas en los partidos.

También, el abogado constitucionalista José Rijo, resalta el proyecto de Ley del sistema electoralque tiene que reemplazar la del 1997.

“La Junta Central Electoral está sustentando sus decisiones en una Ley que no le aplica porque antes  de conformar esa junta debió de hacerse esa Ley, como se hizo la del Tribunal Superior Electoral (TC)”, señala.

Otros proyectos como el de una Ley para el fomento, desarrollo y competitividad de la artesanía, que tiene como objetivo la formulación de políticas y estrategias que incrementen el desarrollo de esta actividad, y promueve la institucionalización de las empresas artesanales impulsando la inversión privada hacia dicho sector, caducó el primero de enero del 2011, seis meses después de ser presentado sin mayor importancia.

En ese mismo orden, tras varias revisiones el proyecto de ley que prohíbe la discriminación a la población sobre los 40 años en materia de empleo y ocupación, propuesto por la Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, terminó su tiempo de espera el 26 de junio del 2011 sin ser aprobado.

Igualmente, el proyecto de ley mediante el cual se  declara a Loma Miranda como área protegida en la categoría de reserva natural, sometida por el senador Euclides Sánchez, de La Vega, y aprobada por la Cámara de Diputados, ha dividido a la población.

La pieza fue depositada el 5 de septiembre del 2012, perimida en junio del presente año y reintroducida, espera la aprobación del Senado. La propuesta ha generado controversias, especialmente después de que la minera Falcondo paralizara sus operaciones en octubre pasado, a la espera de una respuesta del gobierno que le permita explotar la riqueza minera de Loma Miranda.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha fijado una posición oficial definitiva sobre este asunto.

A principios de octubre se escenificaron manifestaciones frente al Congreso Nacional, con agresiones incluidas, por grupos a favor y en contra del proyecto de Loma Miranda, así como la salida de funcionamiento de la empresa minera Xstrata Nickel-Falcondo.

“Lo mismo con la Ley de declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento ilícito, es fundamental ahora mismo”, resaltó el coordinador general de Participación Ciudadana.

La Ley de declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento ilícito establece para los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito sanciones con pena de cuatro 4 a 10 años de prisión mayor.

Fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado mes de octubre, ahora pasa de nuevo al Senado para su estudio y ponderación.

“Una persona que presente una querella contra un funcionario público, y le impongan ahora mismo al querellante presentar las pruebas de como el funcionario se ha beneficiado de su cargo, ¿Que vas a ser? ¿Pedirle al presunto implicado que te de copia de sus cuentas personales?”, señala Álvarez.

Esta nueva Ley invierte la carga de la prueba, es decir un funcionario que tiene un estilo de vida que está en desproporción tendría que demostrarle a la autoridad competente cuando se lo requiriera la licitud, que resulto de una manera legal.

Alvares destaca que este proyecto tiene 6 años en el Congreso, primero la aprobó el senado y después no lo aprobaba la Cámara de Diputados, luego en octubre lo aprobó la Cámara, pero ahora tiene que aprobarlo el Senado, “es un juego que hay”.

Lo común

La aprobación de proyectos como la Ley No.310-12, del 7 de diciembre de 2012, que designa con el nombre de Profesor César Cáceres Castillo, el liceo de Los Hatillos, Distrito Municipal Guayabo Dulce, Provincia Hato Mayor.

Además, de la Ley que declara el 8 de junio de cada año como “Día Nacional del Dermatólogo”, promulgada el 18 de marzo del presente año. Así como la Ley No.254-10, promulgada el 23 de octubre de 2010, que designa con el nombre de profesor Juan Rosado al parque Patria, del municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.

Igualmente, se encuentra la Ley de la medalla al mérito en el servicio público, aprobada el 17 de octubre del año 2012.

Sin embargo, muchas leyes importantes promulgadas y esperadas por la ciudadanía han sido cuestionadas por su forma de ejecución como es el caso de la Ley No.139-11, promulgada el 21 de junio de 2011, para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos en educación.

“El 4 por ciento para la educación” fue la consigna más coreada por grupos sociales y civiles durante el año 2012. Sin embargo, su inversión ha provocado dudas.

Hasta la ahora la iniciativa más importante del Gobierno, a partir de la aprobación del 4% del PIB para Educación ha sido la puesta en marcha de la construcción de 10 mil nuevas aulas.

Aunque no han faltado las observaciones al hecho de que previamente no se aseguraron los terrenos en donde serían construidas en las distintas localidades, lo que ha provocado atrasos en muchas zonas, en general se ha aplaudido que se celebren concursos para asignar las construcciones, evitando la concentración de las contratas en dos o tres grandes empresas.

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