Política

Le Monde: Leonel es responsable del rumbo “derechista y xenófobo de su partido”


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Desde los inicios del XX, la migración haitiana ha proporcionado por mucho tiempo mano de obra sobre explotada en plantaciones de azúcar ‒públicas y privadas. El despegue económico de la República Dominicana después de una veintena de años, mientras que Haití se sumía en la crisis, acentuó un flujo migratorio hacia la República vecina, sobre todo, desde el terremoto que devastó a Haití en enero de 2010.

En octubre de 1937, el dictador dominicano Rafael Trujillo ordenó la masacre de más de 15,000 haitianos negros inmigrantes para “blanquear la raza”. Al año siguiente, para lograr el perdón de la comunidad internacional, el sangriento tirano abrió las puertas de su país a los judíos alemanes, blancos, perseguidos por Hitler.

Sesenta y cinco años después, la decisión del más alto tribunal dominicano de retirar la nacionalidad dominicana a los dominicanos descendientes de haitianos, de nuevo provoca la preocupación de la comunidad internacional y la indignación de los defensores de los derechos humanos. A finales de septiembre, el Tribunal Constitucional consideró que, retrospectivamente, los descendientes de los inmigrantes “en tránsito”, nacidos después de 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.

Denunciada como un “genocidio civil”, esta decisión convierte a los descendientes de los migrantes en apátridas, no obstante, el derecho al suelo estuvo vigente hasta la Constitución de 2010. El Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa describió la sentencia como una “aberración jurídica que parece directamente inspirada en las famosas leyes nazis”. Criticada en una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a finales de octubre, la República Dominicana argumentó que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, confió el caso a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus decisiones son vinculantes para los Estados miembros y el Tribunal de Justicia dictaminó en 2005 que el estatus migratorio de los padres no puede menoscabar el derecho a la nacionalidad de sus hijos.

A la defensiva frente a las reacciones internacionales, el gobierno dominicano ha intentado disminuir el impacto de la sentencia. Si bien el Tribunal Constitucional contó 668,145 personas de origen haitiano que pudieran verse afectadas, una revisión de los registros llevó a la conclusión, a principios de noviembre, que no eran más que 13,672 los descendientes de haitianos “registrados con un documento no válido”.

Las autoridades dominicanas han mantenido la confusión al mezclar el derecho a la nacionalidad de los descendientes de haitianos con el archivo migratorio, un verdadero problema en la relación entre las dos repúblicas que comparten la isla La Española. Desde principios del siglo XX, las plantaciones de azúcar dominicanas utilizan a los cortadores de caña haitianos a los que retribuyen en forma miserable.

La “haitianización”

La crisis interminable que siguió a la caída de la dictadura de Duvalier y al terremoto de enero de 2010, impulsó el flujo de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera, con la complicidad remunerada de las autoridades. La agricultura y el sector de la construcción dependen de estos sobreexplotados, y el Estado los emplea en sus principales obras de construcción. Una nueva ley de inmigración fue votada en 2004, pero el plan de regularización de los inmigrantes en situación irregular aún no ha sido aprobado.

La imagen de la República Dominicana, el primer destino turístico de la región, se ha visto seriamente afectada por la decisión del Tribunal Constitucional. Los países de la Comunidad del Caribe, de la cual Haití es miembro, fueron los primeros en denunciarla. Uno de los principales donantes, la Unión Europea, se mantuvo tranquila después de recibir garantías de que no habría deportaciones masivas hacia Haití, donde la situación política continúa deteriorándose.

La controversia ha dividido profundamente a la sociedad dominicana. Los jesuitas están entre los defensores más dinámicos de los “desnacionalizados”, mientras que el jefe ultraconservador de la Iglesia Católica, el cardenal López Rodríguez, es un portavoz del campo “nacionalista”, que denuncia un presunto “plan” de las grandes potencias, con Estados Unidos y Francia a la cabeza, para “fusionar la isla” y quitarse de encima el “problema haitiano” en detrimento de República Dominicana.

Recientemente homenajeado por la Universidad de París VIII y la UNESCO, el expresidente Leonel Fernández es uno de los grandes responsables del rumbo derechista y xenófobo de su partido y de esa opinión. Fernández seleccionó a los miembros de las “altas cortes”, incluido el Tribunal Constitucional.

Le otorgó un poder desmedido con su resultado electoral a la Fuerza Nacional Progresista, un pequeño partido xenófobo creado por el abogado “Vincho” Castillo, el principal caballo de batalla en la lucha contra la “haitianización” de la República Dominicana. El sucesor de Fernández, el presidente Danilo Medina, no ha querido desafiar su poder, particularmente, en cuanto al problema migratorio.

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