SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las áreas protegidas de la República Dominicana están en peligro debido a la forma espuria como se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, sólo con la mayoría simple, y no con las dos terceras partes, como ordena la Constitución para las leyes orgánicas, según denunció el abogado Francisco Álvarez Valdez.

“La aprobación por mayoría absoluta de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura efectuada por la Cámara de Diputados sienta un precedente que no sólo deroga disposiciones constitucionales relacionadas con las leyes orgánicas y pone en peligro  la independencia del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, sino que incluso facilita la reducción de las áreas protegidas existentes en el país”, explicó.

Detalló que en medio de la polémica desatada, nadie ha fijado su atención en el impacto que puede tener la decisión de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados en relación con el medio ambiente a la luz de lo dispuesto por el  artículo 16 de la Constitución que establece que “los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por Ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso”.

“Al igual que con el artículo 112, que regula las leyes orgánicas, en este artículo 16 de la Constitución se ha querido establecer una mayoría calificada para forzar a las distintas fuerzas políticas con representación congresual a consensuar una materia tan delicada como sería la reducción de las áreas protegidas”, advirtió.

Explicó que la mayoría requerida para estos fines es aún mayor que la requerida para la aprobación de las leyes orgánicas, pues mientras en estas últimas se requiere dos terceras partes de los presentes,  para la reducción de las áreas protegidas es de las dos terceras partes pero de la matrícula completa de cada cámara.

“Imaginemos el caso de la aprobación de una ley que modifique la Ley Sectorial No. 202-04, sobre Áreas Protegidas  y que en la discusión de dicha ley en el Congreso no se haya alcanzado la mayoría requerida por el artículo 16 de la Constitución para reducir el área que ocupa el Parque Nacional de Los Haitises, pero se hayan aprobado otras modificaciones. El proyecto, ya convertido en ley, se envía al Poder Ejecutivo, que lo retorna al Congreso observada, favoreciendo la  posición de reducción que no alcanzó las dos terceras partes de la matrícula para su aprobación."

“Resulta que el PLD y su representación congresual quieren interpretar la Constitución en el sentido de que la observación de una ley por parte del Presidente de la República haría inaplicable cualquier mayoría calificada establecida en la Constitución, excepto que sea para rechazar la observación. En otras palabras, que cuando es para aprobar la observación bastaría con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno de los miembros presentes de cada cámara”, precisó Álvarez Valdez.

“Imaginemos el caso de la aprobación de una ley que modifique la Ley Sectorial No. 202-04, sobre Áreas Protegidas  y que en la discusión de dicha ley en el Congreso no se haya alcanzado la mayoría requerida por el artículo 16 de la Constitución para reducir el área que ocupa el Parque Nacional de Los Haitises, pero se hayan aprobado otras modificaciones. El proyecto, ya convertido en ley, se envía al Poder Ejecutivo, que lo retorna al Congreso observada, favoreciendo la  posición de reducción que no alcanzó las dos terceras partes de la matrícula para su aprobación. Alega la necesidad de atraer a esa zona inversión extrajera para fines mineros.  Pues resulta que con la interpretación defendida por el PLD y sus congresistas, bastaría mayoría absoluta (mitad más uno) para poder aprobar la reducción del parque”, resaltó el abogado y activista cívico.

Precisó que la protección que se quiso lograr en la Constitución estableciendo mayorías calificadas para la aprobación de distintas leyes, se pretende eliminar cuando interviene la voluntad del presidente de la República,  quitándole a las minorías congresuales el poder de veto que le ha otorgado la Constitución.