SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La revelación de Marino Vinicio Castillo, de que el partido que preside, la Fuerza Nacional Progresista, se marcha del gobierno por la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de auspiciar una reforma de la Constitución para autorizar la reelección presidencial, implica entre otras renuncias, las siguientes:
Marino Vinicio Castillo, director de Ética e Integridad Gubernamental, con asiento en el Palacio Nacional. También ocupaba la posición de Asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo.
Pelegrín Castillo Semán, hijo del doctor Castillo, y en actualidad Ministro de Energía y Minas. Renunció a la condición de diputado para ocuparse de organizar y estructurar el recién creado ministerio. La posición de diputado la ocupó su hermano Vinicio Castillo Semán.
José Ricardo Taveras Blanco, Director General de Migración. Ha sido director de Migración desde la pasada administración de Leonel Fernández y ha permanecido en el puesto. Fue diputado, y ocupa la posición de Secretario General de la Fuerza Nacional Progresista.
Pascual Prota Henríquez, secretario de Estado y director de la Autoridad Nacional Marítima (ANAMAR). Prota Henríquez es el tesorero de la Fuerza Nacional Progresista, aparte de asesor en la Dirección de Migración.
Radhamés Batista, Ministro Consejero de la embajada dominicana en Cuba, quien dirigió la Comisión Nacional de Desarrollo Fronterizo y pasó a una función diplomática por petición de la Fuerza Nacional Progresista.
Norberto Rondón, abogado, dirigente de la FNP, y quien fue juramentado por el presidente Danilo Medina en 2013 como Embajador y presidente del Consejo de Fronteras.
Otras posiciones de menor jerarquía también orientada y dirigida por la FNP también tendrán que presentar renuncia.
En el ámbito de los organismos investigativos, de seguridad del Estado y en posiciones en áreas judiciales la FNP también ha colocado a personeros vinculado a su menbvresía, así como en provincias, en gobernaciones y sindicaturas.
Una gran cantidad de policías y militares al servicio de la seguridad de la familia Castillo Semán podría perder sus trabajos o tendrían que ser cambiados de labor.
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