El informe explora el momento crítico actual en la lucha de la región contra los sobornos, y sugiere ocho estrategias para construir sobre el progreso reciente. Hemos escogido algunos fragmentos, pero el texto íntegro en inglés se puede leer en el enlace que ofrecemos al final.
VISIÓN DE CONJUNTO
En toda América Latina, la corrupción que antes recibía resignación y aceptación ahora es noticia de primera plana. Desde 2014, cientos de políticos y líderes empresariales anteriormente intocables han sido condenados a prisión, desde Brasil hasta Perú, Guatemala y más allá. Este cambio, aunque perturbador en el corto plazo, tiene el potencial de hacer que la región sea significativamente más justa y próspera.
Lo que está sucediendo es un movimiento anticorrupción verdaderamente regional, incluso si los resultados han variado ampliamente entre países. Las encuestas de opinión pública y las manifestaciones callejeras indican que cuenta con un fuerte apoyo de la mayoría de los latinoamericanos.
El éxito del movimiento puede atribuirse a profundos cambios estructurales en los últimos 30 años, incluida la expansión de la democracia, el surgimiento de instituciones judiciales independientes y el crecimiento de la clase media de América Latina. Una amplia coalición de funcionarios judiciales, grupos de la sociedad civil, políticos, líderes del sector privado y ciudadanos regulares está decidida a seguir presionando para que se ponga fin a la impunidad.
DESAFÍOS RECIENTES Y OTROS ACONECIMIENTOS
Después del amplio apoyo inicial de los ciudadanos y algunos gobiernos, en los últimos meses se han producido varios reveses en el movimiento anticorrupción. En algunos países, los actores políticos han utilizado su poder para bloquear cargos potenciales y suprimir la capacidad de la judicatura para investigar delitos potenciales. En octubre de 2017, el Congreso de Brasil votó para proteger al presidente Michel Temer de los cargos de corrupción. Otros prominentes políticos brasileños han utilizado su llamado foro privilegiado, o estatus privilegiado, para evadir la investigación o impulsar posibles juicios en el futuro.
Algunos observadores, incluido el juez de la Corte Suprema Luís Roberto Barroso, advirtieron sobre un esfuerzo concertado de los políticos y los actores judiciales para realizar cambios legales que "supriman" la investigación Lava Jato. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro ha bloqueado los esfuerzos para enjuiciar a los funcionarios corruptos, a pesar de la clara evidencia de corrupción, incluida la proporcionada por la exfiscal jefe Luisa Ortega después de que rompió con el régimen y huyó del país en 2017.
En Honduras, una serie de desafíos para la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, respaldada por la OEA (MACCIH), llevó a la renuncia de su jefe, Juan Jiménez Mayor, en febrero de 2018. Citó la falta de apoyo de la OEA. OEA, problemas deficientes de personal y seguridad.
El impulso a la renuncia se produjo en enero de 2018, cuando los legisladores aprobaron una ley que limitaba la capacidad de la misión de investigar el uso indebido de fondos públicos, en lo que Jiménez Mayor llamó un "pacto de impunidad". En marzo de 2018, la Corte Suprema hondureña aceptó un caso de inconstitucionalidad de MACCIH. dejando el futuro de la misión en duda.
En Guatemala, la decisión del presidente Jimmy Morales de expulsar en agosto de 2017 a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por la ONU, generó una intensa reacción internacional y nacional.La orden de Morales se produjo justo después de que Velásquez y la Fiscal General Thelma Aldana -los mismos fiscales que investigaron con éxito al ex presidente Pérez Molina- hicieron público que buscaban levantar la inmunidad del presidente para investigar el financiamiento ilegal de campañas. En una demostración de fortaleza para el movimiento anticorrupción, varios ministros del gobierno y sus diputados renunciaron en señal de protesta, y el Tribunal Constitucional anuló la orden presidencial, lo que permitió a Velásquez permanecer en el país. Sin embargo, el incidente subrayó el fuerte apoyo de muchos políticos a favor.
"Si combate la corrupción, la corrupción intentará combatirlo… pero no podemos darnos por vencidos". -Claudio X. González, presidente y cofundador, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)
En México, los medios de comunicación han acusado a los funcionarios del gobierno de usar spyware destinado a ser utilizado contra redes criminales y terroristas para atacar a individuos y grupos de la sociedad civil que trabajan para combatir la corrupción y la impunidad.
Esto fue visto como una acción enérgica contra aquellos que luchan contra los sobornos en un país donde la corrupción cotidiana le cuesta a la economía entre el 2 y el 10 por ciento del PIB y el 98 % de los crímenes quedan impunes. En octubre de 2017, el Fiscal General de México Raúl Cervantes se convirtió en el tercer fiscal general en renunciar bajo la presidencia de Peña Nieto. Mientras tanto, las nuevas estructuras como el Sistema Nacional Anticorrupción no han cumplido con las expectativas, debido en parte a la resistencia política a su implementación.
En toda la región, algunos países han visto una declinación perceptible en el apoyo popular a los esfuerzos anticorrupción. Esto puede deberse en parte a la fatiga natural a medida que pasa el tiempo. Pero muchos ciudadanos ven un patrón de justicia selectiva, en el cual algunas partes o individuos son seleccionados para ser enjuiciados mientras otros continúan operando con impunidad.Cuando se considera que los tribunales están muy politizados, la creencia en el sistema judicial a veces ha sufrido; El sistema judicial de Argentina tiene la confianza de solo el 12 % de la población, según una encuesta de 2017, la mitad del nivel en 2011 y menor que cualquier otra rama del gobierno.
No todos ven la represión anticorrupción como un signo de progreso. De hecho, la ola de escándalos aparentemente interminable está causando que algunos ciudadanos pierdan la fe no solo en individuos o en partidos, sino en todo su sistema político. Al nivel regional, solo el 69 % de los latinoamericanos ahora dice que la democracia es siempre la mejor forma de gobierno, el nivel más bajo desde 2003, según Latinobarómetro.
Mientras tanto, algunos, especialmente en el sector privado, se preguntan si "ya es suficiente" y si el movimiento, a pesar de todos sus beneficios, se ha vuelto excesivamente perjudicial para las economías y los sistemas políticos.
Otros ven paralelismos preocupantes con la sonda Mani Pulite o "Manos Limpias" en Italia en la década de 1990, que resultó en cientos de arrestos y agitación política, pero produjo una pequeña mejora a largo plazo en el nivel percibido de corrupción en ese país. De hecho, en algunos casos en América Latina, no está claro si los nuevos funcionarios son menos corruptos que los antiguos que fueron expulsados o enviados a la cárcel.
A pesar de estas preguntas y deficiencias, la lucha contra la corrupción ha continuado, con un fuerte respaldo continuo de los ciudadanos y la sociedad civil. Sesenta y dos por ciento de los brasileños dijeron que la corrupción era el mayor problema de su país en una encuesta de diciembre de 2017, frente al 40 % que lo dijo en 2016 y solo el 11 % en 2011. En México, el 26 % de los votantes identificaron "combatir la corrupción" como su mejor preocupación en una encuesta de marzo de 2018, detrás de solo "lucha contra el crimen" (34 %). Mientras tanto, los casos judiciales también han seguido avanzando.
Se presentaron nuevos cargos contra el presidente brasileño Michel Temer y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros. En medio de una agitación política más amplia en marzo de 2018, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, renunció antes de una segunda votación de destitución después de que salieran a la luz los escándalos vinculados a Odebrecht y la presunta compra de votos.
Desde Lima hasta las zonas rurales de México y las ciudades del noreste de Brasil, una nueva generación de fiscales inspirados por el reciente éxito de Lava Jato y otras investigaciones apunta a prácticas antiguas.
RECOMENDACIONES
Lo que sigue no pretende ser una lista exhaustiva de las reformas necesarias, ni refleja una opinión unánime de los participantes de la conferencia. Más bien, es una lista de objetivos que se perciben como alcanzables a mediano y largo plazo y que se pueden iniciar inmediatamente.
Monitorear y rastrear su progreso será clave para mantener a todas las partes responsables y asegurar que el movimiento anticorrupción continúe avanzando de una manera constructiva, reduciendo la impunidad a lo largo del tiempo y finalmente produciendo una América Latina más justa y próspera.
1.Crear oficinas de fiscalías generales fuertes y autónomas y otros órganos de enjuiciamiento
Esto significa que las instituciones son autogestionadas y controlan sus propios presupuestos. La independencia judicial ha sido un factor clave en la lucha contra la corrupción, y seguirá siendo un tema crucial en 2018 dado el número de países que seleccionan nuevos procuradores generales, incluidos Guatemala, Honduras, El Salvador y potencialmente México. "El Congreso y el poder ejecutivo manejan el presupuesto en Guatemala, e históricamente, ha sido un presupuesto insuficiente para mantener las instituciones que requieren las democracias", dijo Aldana, y señaló que el 90 por ciento de los guatemaltecos "no tienen acceso al sistema de justicia penal". "
"Hay un rayo de luz en estos escándalos: tiene la oportunidad de hacer reformas importantes para una mayor responsabilidad. En tiempos normales, estas reformas son casi imposibles ". -Eduardo Engel, profesor, Universidad de Chile; ex presidente del Consejo Asesor Presidencial sobre corrupción en la administración de Bachelet.
"Las empresas se vuelven mucho más matizadas en la gestión de riesgos de corrupción. Soy un gran creyente en el sector privado como agente de cambio". – Geert Aalbers, socio principal, Control de Riesgos )
"Lava Jato se desarrolló sobre la base de acuerdos de culpabilidad, pero otros países no entienden esto". -Néstor Humberto Martínez, fiscal general, Colombia)
2.Profundizar los esfuerzos anticorrupción en el sector privado
Este debería ser un enfoque multifacético que aumente la responsabilidad y la supervisión. Las empresas deberían aumentar los recursos locales para los departamentos de cumplimiento e incorporar firmemente el cumplimiento en la cultura corporativa.Estos cambios ya están tomando forma, según Aalbers, con "el cumplimiento y la gestión de riesgos convirtiéndose en problemas a nivel de junta" y muchas empresas "tomando cuestiones internas como fraude y violaciones éticas mucho más en serio que antes". (El fiscal) Janot estuvo de acuerdo, señalando que "las empresas que nunca incluyeron el comportamiento corrupto en el cálculo de sus costos ahora están viendo que pagar sobornos es costoso ".Los miembros de la Junta también deberían ser más responsables de garantizar que los programas de ética y cumplimiento sean efectivos. Alguna evidencia sugiere que diversos consejos son más propensos a detectar la corrupción; solo el 8.5 % de los miembros de la junta en América Latina son mujeres.
Los pequeños empresarios y los nuevos líderes del sector privado también deberían participar en la conversación anticorrupción para hablar sobre la creación de prácticas comerciales reformadas en la región. Incluir cláusulas anticorrupción en nuevos acuerdos comerciales, como una posible cláusula FCPA en un NAFTA renegociado, también puede conducir a prácticas más limpias.
3.Aumentar la cooperación judicial y el intercambio de datos dentro de América Latina
Esta colaboración debería producirse entre las oficinas de los abogados generales, sin la interferencia de la rama ejecutiva. Como señaló el juez Moro, "la cooperación internacional ha sido fundamental en las investigaciones de Lava Jato", desde los registros bancarios recibidos de las autoridades suizas hasta el apoyo del Departamento de Justicia de EE. UU. También debería haber más foros para que los fiscales regionales interactúen e intercambien información e ideas de contacto. El consenso político detrás de las investigaciones puede ayudar, como lo demuestra el reciente apoyo de tres expresidentes bolivianos para abrir una investigación relacionada con Odebrecht en su país. La colaboración entre bancos internacionales también ha demostrado ser crucial para detectar anomalías y aumentar el cumplimiento.
4 Permitir un mayor uso de ofertas de declaración de culpabilidad
Se necesita legislación en muchos países para apoyar y ampliar el uso de los acuerdos de declaración de culpabilidad para que los fiscales puedan obtener la cooperación de los sospechosos que entienden las estructuras internas y las actividades de las organizaciones delictivas. Esta es quizás la clave menospreciada de los enjuiciamientos de Lava Jato en Brasil. "Lava Jato se desarrolló con base en acuerdos de declaración de culpabilidad, pero otros países no lo entienden", dijo Martínez. Brasil solo finalizó sus estatutos de negociación de culpabilidad en 2013, y Lava Jato siguió un año después. Incentivar las negociaciones de declaración de culpabilidad también incluye limitar el número de apelaciones disponibles, lo que la experiencia brasileña sugiere que es una táctica común entre los equipos de defensa.
- Apoyo al periodismo de investigación
Muchos avances en casos específicos, y el movimiento anticorrupción en general, han resultado del trabajo de los periodistas de investigación. Las empresas, fundaciones e individuos interesados en reducir la corrupción deberían considerar donar recursos a puntos de venta independientes que produzcan periodismo de investigación de calidad, incluidos aquellos como El Faro en El Salvador, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y ProPublica en Estados Unidos. Los gobiernos deberían dedicar recursos adicionales para proteger a los periodistas de daños y para investigar los delitos cometidos contra ellos para garantizar que no se sientan intimidados por hacer su trabajo.
- Educar mejor a los ciudadanos sobre los costos de la corrupción
La experiencia sugiere que la corrupción disminuye a medida que mejora la educación. Pero se podrían realizar mejores esfuerzos, desde la escuela primaria hasta el nivel de la escuela de posgrado, para mostrar a los ciudadanos los costos empíricos de la corrupción, desde pequeñas infracciones cotidianas hasta sobornos y fraudes a nivel corporativo y gubernamental. Como dijo Aldana, reducir la corrupción reduce la pobreza. Esto incluye la educación sobre la corrupción en los regímenes autoritarios del pasado para demostrar que la democracia en sí misma no es el problema.
7 allow for new voices in politics.Admitir nuevas voces en política.
Los gobiernos y el sector privado deberían tomar medidas concretas para eliminar las barreras de entrada para una nueva generación de candidatos y funcionarios designados. Esto incluye un esfuerzo consciente para nombrar a más mujeres, jóvenes, afrodescendientes e indígenas líderes a puestos a nivel de gabinete y otros en todo el gobierno. También se debe prestar más atención a la designación de funcionarios que no hayan sido tocados por escándalos.
"Necesitamos cambios de los políticos que pueden hacer cambios, no solo desde el lado judicial", dijo Ugaz. La reforma del financiamiento de campaña es necesaria para nivelar el campo de juego para los nuevos participantes, así como para reducir las oportunidades de comportamiento ilegal entre los políticos titulares y sus financiadores. "Hay financiamiento insuficiente e ineficiente, lo que allana el camino para las zonas grises", según Clutterbuck. Los países también deberían permitir candidatos presidenciales independientes en países como Brasil, donde actualmente está prohibido, o en México, donde el proceso de registro es difícil.
- Hacer cumplir las leyes que ya están en los libros.
Ya existen muchas leyes anticorrupción importantes, como lo demuestran las nuevas leyes en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, pero muchas no se están aplicando. Como señaló González, "en general, las leyes mexicanas no son tan malas, simplemente no se implementan".
Lo mismo puede decirse de muchos otros países, una situación que recuerda una expresión común en Brasil: Algumas leis não pegam, o "Algunas leyes simplemente no alcanzan". En toda la región, esto a menudo es una cuestión de recursos para la aplicación, pero también la voluntad política de los líderes electos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Fuente: AMERICA´S QUARTERLY