SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un monitoreo realizado por la Red Nacional de Acción Juvenil y auspiciado por Participación Ciudadana arrojó que las alcaldías y ministerios consultados no sólo incumplen con las políticas públicas de la juventud, sino que también tienen un balance muy negativo el cumplimiento de la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública.

Aunque en principio el objetivo principal era dar seguimiento al cumplimiento de Ley General de Juventud, número 49-00, las limitaciones para conseguir la información en ese sentido fueron tantas que la mayor parte del informe versa en torno a ellas.

Según refleja el documento, de 17 instituciones consultadas, solo ocho respondieron y, de éstas, solo dos entregaron la información relativamente completa. Es decir, que nueve instituciones públicas no le hicieron ningún caso a la solicitud.

Las entidades públicas que entregaron la información completa son el Ministerio de Educación y la alcaldía del Distrito Nacional.

Además de estas instituciones, participaban en el monitoreo los ministerios de Educación Superior, Salud Pública, Cultura, Deportes y Trabajo; y las alcaldías de Barahona, Cabral, Cristóbal (provincia Independencia), Guerra, La Romana, La Vega, Santiago, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Villa Hermosa.

Con relación a las políticas públicas a favor de la juventud el informe registra que los 176 mil 152 empleados públicos de las instituciones que hicieron llegar sus nóminas, solo 43 mil 325 son considerados jóvenes (con edades entre los 18 y los 35), lo que representa un 24% de la población que labora en esas entidades.

Sobre la inversión en asistencia social destinada a la juventud, solo tres instituciones dieron los datos requeridos: la alcaldía de Cristóbal, el Ministerio de Cultura y el de Salud Pública. En estas entidades, los recursos destinados a asistencia social para la juventud suman 24 millones 94 mil 800 pesos cada año.

Esta inversión es desglosada de la siguiente manera:

El aporte del Ayuntamiento de Cristóbal, que mensualmente entrega 5 mil pesos a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Cristóbal (ASEUCRIS), suma 60 mil pesos anuales; el Ministerio de Salud Pública asigna cada mes  un millón 710 mil 500 pesos a los mil 96 jóvenes incluidos en el programa Ayudas Económicas, para una inversión anual de 20 millones 526 mil pesos; y el Ministerio de Cultura destina 3 millones 508 mil 800 pesos anualmente a las siguientes organizaciones juveniles culturales:

Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura de La Romana, que recibe 600 mil pesos;  Ballet Folklórico de Arroyo Barril, en Samaná, que recibe 76 mil 800; Centro Juvenil y de la Cultura de La Salle, que recibe 180 mil pesos; Centro Deportivo y Cultural de Los Minas, que recibe 300 mil;    Fundación Casa Orientación y Desarrollo de la Juventud, que es beneficiada con 600 mil cada año;  Fundación Ayuda a la Niñez Desamparada, que recibe 432 mil pesos, ; Fundación Nacional de Niños por las Artes, beneficiada con 960 mil;  y la Casa Cultural del Niño, en San Pedro de Macorís, que recibe 360 mil pesos al año.

Estos datos, sin embargo, no son suficientes para hacer un buen análisis del cumplimiento de las políticas públicas dirigidas a la juventud porque “carecen de elementos y detalles que lo permitan”, según una de las conclusiones de la investigación.