SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro titular de la Junta Central Electoral, José Ángel Aquino, afirmó que el Pleno de ese organismo incurrió en violaciones a varias leyes dominicanas al aprobar una propuesta de pliego de condiciones para la selección de las empresas que se encargarán de suplir los equipos, materiales y servicios para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral.
Aquino denunció que la Junta Central Electoral decidió aprobar que la licitación para la adjudicación de la empresa se lleve a cabo sin contar con los fondos propios para cubrir con los gastos ni identificar la fuente de los mismos, y dejando que la empresa adjudicataria gestione o cubra el financiamiento correspondiente.
Destacó que el Pleno de la no tomó en cuenta que una de las razones por las que la JCE acaba de rescindir el contrato con el Consorcio Somo, fue que este no pudo obtener un financiamiento de 18.8 millones de dólares para la ejecución del proyecto.
“Pero lo fundamental, es que al aprobar la modalidad de “financiamiento”, el Pleno del organismo incurre en una grave violación de varias leyes esenciales del sistema financiero del Estado: la Ley de Crédito Público, la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Presupuesto del Sector Público”.
Expresó Aquino al explicar porqué votó en contra de las decisiones adoptadas por tres miembros del Pleno de la JCE sobre el Pliego de Condiciones, el cual fue aprobado mayoría al obtener tres votos a favor y dos en contra.
Otro miembro titular que votó en contra de la aprobación del referido pliego de condiciones fue el titular Eddy Olivares, los demás, Roberto Rosario, Rosario Graciano y César Féliz Féliz votaron a favor.
Aquino argumentó su voto en el hecho de que financiar el proyecto implicaría también duplicar el costo de la emisión de la cédula.
Según afirmó Aquino, haciendo comparaciones con procesos similares en países de América Latina, la inversión en las nuevas cédulas podría costarle al país unos tres mil millones de pesos, sin tomar en cuenta los gastos de un proceso de ese tipo en publicidad, contratación de personal temporero, transporte, entre otros.
“Es por ello que hemos insistido en que un proyecto de esta envergadura debe contar con el pleno apoyo del Gobierno de turno y de los partidos políticos; no solamente por el monto económico envuelto, sino por la alta movilización social que requiere para que se cumpa en los plazos apropiados la sustitución de un documento viejo por uno nuevo, y no nos veamos en la obligación de autorizar l uso de dos tipos de documentos de identidad para las elecciones” explicó.
Resaltó que si bien es cierto que conforme a la Constitución “La JCE es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, esto no equivale a decir que el organismo puede actuar al margen de la ley, especialmente de aquellas que expresamente le regulen”.
La ley de Crédito Público, en su artículo 21 señala que “las entidades del gobierno central, las instituciones descentralizadas, o autónomas no financieras y las instituciones de la seguridad social, no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplad en las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos o en una ley específica”.
“Como se sabe, el cambio de la cédula de identidad y electoral no se encuentra dentro de los rubros aprobados en la ley de presupuesto para el año 2012”, explicó Aquino.
De su lado la el artículo 32 del reglamento 543-12 para la aplicación de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones establece que “Ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiación presupuestaria y cuota de compromiso, mediante la emisión de la certificación de existencia de fondos emitida por el director administrativo, financiero, o financiero de la entidad contratante”.
Aquino destacó además que otro aspecto que fue aprobado por el Pleno de la JCE es que la contratación derivada de la indicada licitación tendría una duración equivalente al tiempo de vigencia de la cédula que según la ley tendrá una validez de 10 años.
Explicó que la actual gestión de la JCE fue electa por seis años por lo que el mandato concluiría en octubre del 2016, “en caso de subscribirse el contrato de adjudicación por un periodo de diez años, se estaría comprometiendo la presente gestión durante el tiempo que le falta cumplir su periodo, así como las dos gestiones siguientes de esta Junta Central Electoral”.
“Por todo lo antes expuesto consideramos que de convocarse la indicada licitación bajo la modalidad aprobada por el Pleno de la JCE, la misma seria susceptible de ser declarada ilegal e inconstitucional por los órganos judiciales competentes, al violentar frontalmente disposiciones básicas previstas en la legislación de la materia” afirmó Aquino.
El pliego de condiciones específicas para la selección de las empresas que se encargarán de suplir los equipos, materiales y servicios para la selección de las empresas que se encargaran de suplir los equipos, materiales y servicios para la impresión de la nueva cedula de identidad y electoral fue conocido en la sesión administrativa del Pleno de la JCE en fecha 17 de enero del 2013.