Lounelsi Mateo/Especial para Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, aseguró este lunes 17 que la Junta Central Electoral debe permitir que una entidad imparcial investigue e identifique las razones que causaron el fallo del sistema de voto automatizado, utilizado durante las anuladas elecciones municipales de este domingo 16.

Pimentel indicó que la Procuraduría General de la Republica no está a la altura de llevar un proceso de esta magnitud por su falta de independencia y por su parcialidad política, por lo que propone que sea la Fundación Internacional para los Procesos Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), la que realice el levantamiento.

Explicó que IFES acompañaría a la JCE en el proceso investigativo, ya que esta ha constatado que los equipos son auditables y que cuentan con un equipo de técnicos en el país capacitados para los fines.

Señaló que la investigación debe llegar a las causas que condujeron al fracaso del voto automatizado y si esta ha de identificar que existen responsabilidades de “actores malintencionados que manipularon o sabotearon el proceso”, debe tener imputaciones y consecuencias de tipo penal.

Asimismo, dijo que es muy rápido para proponer una reforma constitucional puesto que la JCE tiene facultades para avanzar de acuerdo a lo que establecen las disposiciones normativas. “Más que aportar a la solución, agravaría aún más la crisis política institucional que atraviesa el país en este momento”, añadió.

Pimentel hizo un llamado a la prudencia, a la sensatez y al dialogo, que permitan identificar cuáles serían las soluciones para poder avanzar en la reorganización de las elecciones municipales y al mismo tiempo se pueda garantizar un proceso electoral transparente e íntegro.

“La JCE debe estar abierta a todas las críticas y las observaciones que los distintos actores presenten y debe aceptar que falló donde falló y que no pudo organizar un proceso como esperaba y amerita el pueblo dominicano”, enfatizó.

Con respecto a las fiscalías electorales, el director de Participación Ciudadana las calificó de “fiasco” debido a que estas nunca funcionaron como lo había anunciado la Procuraduría.

Adujo que los puestos fiscales no contestaban las llamadas en un 72 % de los casos, y cuando contestaban, lo hacían militares, recepcionistas o personal de oficina, los cuales les decían a los ciudadanos que debían acudir personalmente a poner sus denuncias con pruebas y testigos.