Mery Dorrejo/Especial para Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), informó este domingo que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una querella contra cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) bajo la acusación de aumento ilícito de salarios en violación al artículo 140 de la Constitución.
La acusación indica que los cinco jueces también habrían violado la ley 29-11 que crea el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El dirigente político inculpa al presidente del TSE, Mariano Américo Rodríguez Rijo, de autoaprobarse un salario de cuatrocientos mil pesos dominicanos (RD$400,000); y a los jueces Mabel Ybelca Féliz Báez, José Manuel Hernández Peguero, John Newton Guiliani Valenzuela y Fausto Marino Mendoza Rodríguez salarios de trescientos sesenta mil pesos dominicanos (RD$360,000).
Sostiene que los magistrados se aumentaron los sueldos al dictar el Acta Administrativa 006-12 en reunión de Cámara de Consejo de fecha 2 de febrero 2012.
"La Cámara de Cuentas advirtió estas irregularidades mediante informe de auditoría y que los jueces titulares del TSE se mantuvieron cobrando irregularmente el incremento salarial hasta el mes de agosto 2013, fecha en la cual fue promulgada la ley 105-13 sobre Regularización Salarial del Estado Dominicano"
Según la querella presentada por Gómez Mazara, “los jueces del Tribunal Superior Electoral se confabularon e idearon la forma de sustraer fondos públicos bajo la fachada de legalidad, atribuyéndose salarios que no corresponden con lo estipulado en la ley (…) donde se consagra que los salarios de dichos magistrados debían ser exactamente el mismo monto al que ascendían los salarios de los miembros de la Junta Central Electoral“.
Al momento de aprobación de dichos salarios, señala que el salario del presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, ascendía a trescientos sesenta mil pesos dominicanos (RD$360,000) y el salario de los demás miembros titulares de la JCE sumaba doscientos cincuenta mil trescientos ochenta y dos pesos con 60/100 dominicanos (RD$250,382.60).
Asimismo, indica que la Cámara de Cuentas advirtió estas irregularidades mediante informe de auditoría y que los jueces titulares del TSE se mantuvieron cobrando irregularmente el incremento salarial hasta el mes de agosto 2013, fecha en la cual fue promulgada la ley 105-13 sobre Regularización Salarial del Estado Dominicano.
Según la querella, la auditoría de la Cámara de Cuentas estimó los valores cobrados ilegalmente por un monto de seis millones quinientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos dominicanos (RD$6,533,864.00) durante el año 2012.
Gómez Mazara solicita a los jueces de la SCJ declarar culpables a los cinco jueces por violar artículos del Código Penal en infracciones de prevaricación, desfalco, concusión, enriquecimiento ilícito y coalición de funcionarios y a la consecuente condena a sufrir las sanciones penales previstas en la ley.
Asimismo, que se condene a la devolución a favor del Estado de los incrementos salariales cobrados ilegalmente y la inhabilitación en el desempeño de cargos públicos por un período no menor de 5 años, tal y como lo estipulan las leyes dominicanas.
En la querella, el dirigente político del PRD Guido Gómez Mazara actúa como actor civil y abogado de sí mismo, conjuntamente con los abogados Nassef Perdomo Cordero, José Francisco Matos y Matos, Ramón Emilio Concepción y Ramón Valdez Paredes.
Proclamación de Miguel Vargas Maldonado
Gómez Mazara también entrego a los medios de comunicación, la formal impugnación a la elección de la candidatura presidencial del PRD de fecha 15 de diciembre por violar el articulo214 y 216 de la constitución, el artículo 13.2 de la ley 2911 y los artículos 67 y siguientes de la ley Electoral 275-97, y a tales efectos, la primera audiencia por ante el TSE ha sido programada para el próximo 15 de Enero.
Para el dirigente político, las acciones legales se inscriben en su reiterado compromiso de contribuir a la regeneración institucional del país, y en el caso especifico de las audiencias a conocer por el TSE, el hecho de existir una querella penal contra los titulares impide que suban a la audiencia que conocerá la impugnación a la oficialización de un candidato, hecha al margen de la ley, y por eso, serán los suplentes los llamados a jugar su rol dentro del proceso pendiente.
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