SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El político y profesor universitario Guido Gómez Mazara dirigió una carta al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, en la que asegura que los funcionarios no reúnen las destrezas necesarias para entender el régimen de compras en el Estado.
“Aguanten los tablazos”, indica en la misiva, luego de expresarles que hubiese sido menos traumático para los dos asumir la crisis del COVID-19 conforme a las recomendaciones hechas por una autoridad internacional en el área de la salud como Alma Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país.
La carta se copia a continuación:
Escribo saltando las formalidades protocolares que apelan a sus respectivas jerarquías en el ámbito de sector salud porque de lo que se trata es de reiterar el afecto que en el orden personal tengo por ustedes. Aquí las distancias partidarias siempre tienen en el abrazo y la conversación respetuosa, la mejor forma de asumir las discrepancias como un acto enriquecedor de los valores democráticos.
El impacto, drama y transformación de la vida como resultado de la crisis sanitaria que hoy padecemos nos obliga a repensar muchas cosas. Por eso, encontrarlos con responsabilidades públicas me impulsan a reconocer valores y sentido de decencia que, con bastante frecuencia, chocan y entran en contradicción con sus estilos y noción de militancia. A distancias, porque conozco de sus valores, pienso en la novela de Alejo Carpentier, El REINO DE ESTE MUNDO, y me asalta la pregunta bajo el entendido de que no poseen una “pizca de destrezas” para aceptar ni entenderse con los tinglados de degradación que se desprenden (sin importar gobierno y colores partidarios) del régimen de compras en el Estado y las manías rentables que se entrelazan dentro del mundillo de los porcentajes.
Lo honesto es que para tener una idea de sus respectivos desempeños, el factor presupuestario debe caracterizar el juicio racional, en un sector que como el de la salud, tiene de dolor de cabeza una proporción en toda la región de inversión de no menos de un 4% del PIB, cuando aquí andamos por un 1.7%. Desventajas lamentables que en el terreno práctico y en medio de la crisis que provoca el Covid-19 afloran cifras como un 1% de pacientes recuperados en el país frente al comportamiento global de un 20% y un nivel de letalidad internacional que ronda en 2%, pero se dispara entre nosotros a 5%. De paso, pienso en la ausencia de estadísticas creíbles y la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) como instrumento de ayuda singular para la toma de decisiones en materia de políticas públicas con verdadera rigurosidad porque lo innegable es que la fatal tradición de los sub/registros dificultan números con un alto de nivel de certeza.
Como servidores públicos deben de entender lo saludable que resulta la observación y afán ciudadano por la transparencia. De ahí, la crispación cuando toda la sociedad supo que, en medio de una situación de emergencia y frente a la excepcionalidad derivada de obviar la Ley 340-06, el deseo de suplir medicamentos al sistema sanitario encontró al club de avivatos siempre dispuestos a sacar provecho económico. Y la indignación llegó sin tintes partidarios, agendas presidenciales, orientación religiosa y discursos de corte ideológico. Inclusive, el gesto que traduce el decreto presidencial creando una veeduría para el sistema de compras en la actual coyuntura, tiene desde octubre del 2013 una existencia que en el 92% de los casos no llenó su cometido. De ahí: ¿Cómo aplaudir que 2 empresas pretendan vender el 65% de los productos indispensables para el combate al Covid-19? ¿Acaso no se torna alarmante que compañías “ganadoras” no tenían oficializado su registro de ofertantes? ¿Y no llama la atención que una empresa con capital social de 100 mil pesos aguante operaciones de mil millones de pesos? ¿No parece sospechoso que una licitación de 192 millones llegó a 500 millones?. Aunque reconocemos la urgencia, pero establecer plazos de un día, horas y hasta minutos en la validación de la licitación, deja una sensación rarísima. Una ambientación de adquisiciones sospechosas ascendentes a RD$ 2,725MM y con tantas aristas que podrían ser materia de persecución penal fueron anuladas por el Coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus. ¿Es lógico, no?
Creo honestamente que la lluvia de cuestionamientos a los intentos de suplir con precios alarmantes las urgencias del sistema sanitario no pueden reputarse de acusación a ustedes. Por el contrario, las sospechas andan apuntando hacia una cultura de relaciones con el Estado que sirven para transformar status, garantizar “dadores” en campañas presidenciales y estructurar alianzas empresariales para el “día después”. Y vuelvo a repetirlo: ambos no saben “bucear” en esas profundidades!
Hubiese sido menos traumático para los dos asumir la crisis del Covid-19 conforme a las recomendaciones hechas por una autoridad internacional en el área de la salud como Alma Morales, insistiendo en todos los escenarios, de llevar la inversión a 5% del PIB porque con dichos recursos no estaríamos como tercer país que menos invierte en el sistema hospitalario y sexto con mayor nivel de contaminación en materia del coronavirus. Hasta el momento, las cifras oficiales establecen mil 828 casos y 88 defunciones, compras realizadas de 143 millones en 33 días después del primer caso registrado.
Afortunadamente, sus talentos y capacidades seguirán siendo útiles al país desde la disertación académica, la consultoría internacional y una experiencia acumulada que no podrá ser rechazada por la administración que comienza el próximo 16 de agosto. Estimados amigos, la dureza e impugnación ante cifras alarmantes y licitaciones sospechosas y desalmados con intención de dar un “palo final” en medio de la crisis sanitaria, no los acusa a ustedes de corruptos. Eso sí, aguanten los tablazos.