SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente político perredeista Guido Gómez Mazara demandó del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) establecer "con claridad meridiana todo el proceso de licitación" de la circunvalación de Baní, porque se ha generado -estima- "la sensación de intereses nebulosos”.
Se trata del proceso de licitación marcado con el número CCC-LPN-2019-008, donde a la constructora Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA) "se le asigna toda la fase de diseño y construcción de la circunvalación de Baní, por un monto de RD$ 2,199,326,653.73″, precisa el abogado y profesor universitario.
"Resulta alarmante que, existiendo un contrato previo, el titular de esos derechos sea sustituido aún existiendo un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) interpuesto contra la resolución 175-2017 dictada por el Ministerio de Hacienda", añadió.
Esto genera, prosiguió en una nota de prensa el dirigente político Gómez Mazar, "la sensación de intereses “nebulosos” decididos a imponer un beneficiario con públicas vinculaciones políticas y arquitecto de saltos y cambios de activistas de organizaciones opositoras entusiasmados repentinamente con la causa oficialista".
Señaló que la Dirección de Contrataciones Públicas estableció en su resolución 82-2014 un precedente que debió respetar el MOPC "antes de favorecer a ECOCISA".
"Cuando una obra no cuenta previamente con el diseño definitivo, y la institución contratante solo presenta el diseño conceptual, deja a la administración en un estado de indefensión", alertó.
Aseguró que existen "25 observaciones establecidas por los técnicos que institucionalmente cuestionaron una oferta que, extrañamente, terminó en manos de una empresa constructora con “singular” suerte durante los últimos años".
Una suerte, "porque así como se le favoreció en el caso de la circunvalación de Baní tuvo la gracia de obtener una parte importante de la carretera Navarrete-Puerto Plata", manifestó
Gómez Mazara advirtió que "los rastros que sirven de materia prima para la actuación responsable de amplios sectores ciudadanos interesados en el tema de la transparencia radica en las combinaciones truculentas".
Estas están establecidas, prosiguió, "alrededor de relaciones primarias entre funcionarios que, en el ámbito de la construcción, garantizan obtener licitaciones a compañias con enorme afinidad primaria para que los montos astronómicos y ventajas financieras derivadas de esa relación terminan como instrumento de utilidad en causas político-partidarias perfectamente diseñadas para desde allí, ayudar a dirigentes afines al interés del gobierno y colchón económico para travesuras de toda índole estimuladas desde el poder".
Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal a ponerlo en conocimiento de las autoridades.
También que la ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones que, adicionadas a la sentencia emitida por el Magistrado Ortega Polanco concerniente al carácter de no prespcripción de los hechos de corrupción administrativa, posibilitan sometimientos a futuro donde el amparo gubernamental de la actual coyuntura cesa, abriendo procesos penales de tormentosas consecuencias para los que creen posible violentar normas y respeto a las reglas éticas definidas en el ordenamiento jurídico".
Finalmente, dijo que "no es posible que las relaciones con el poder sigan constituyéndose en la fuente de favoritismos que tanto dañan la institucionalidad en el país".
Se prevé que el MOPC y ECOCISA aludan al asunto en el transcurso de la próxima semana.