SANTO DOMINGO, República Dominicana. – “El diputado o diputada que venda su voto, mediante pago de dinero, dádivas, promesas o de cualquier otra forma, para modificar la Constitución y establecer la reelección presidencial, es pasible de sanciones de hasta 20 años de prisión, por delitos de soborno y lavado de activos”. Así lo afirmaron los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) representados en la corriente Por el Rescate del PRD.
La corriente se fundamentó en la Ley 155-17 que establece el soborno como delito precedente de lavado de activos. A esto, añadieron que la Constitución en su artículo 146 prohíbe toda forma de corrupción.
Para Tonty Rutinel, Ruddy González, Guido Gómez Mazara, Papito Martínez, César Guzmán y Andrés Henríquez, el hecho de que Miguel Vargas Maldonado insista en mantenerse administrando las siglas del PRD, en desobediencia de la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), “es el resultado de un acuerdo con las fuerzas oficialistas que destinan recursos públicos incalculables para cambiar legisladores de sus respectivas organizaciones y hacerlos llegar al partido blanco, para desde allí incrementar el número de diputados dispuestos a saltar hacia la reelección”.
Señalaron que la reacción oficialista respecto de la sentencia que obliga a una celebración del proceso convencional del PRD, provocó la ruptura de un esquema planificado por el poder político y en un acto “excesivo, atropellante y desconocedor” de la independencia del poder judicial posibilitó que el Ministro Administrativo José Ramón Peralta y Procurador General, Jean Alain Rodríguez asumieran un rol sin precedentes en la vida institucional.
Opinaron que tal rol se asumió con la pretensión de trazarle pautas al TSE, adquiriendo categoría traumática para el desarrollo de la democracia cuando el presidente del senado y secretario general del partido gobernante amenazó con llevar a juicio político a los magistrados Jáquez, Peralta y Sosa.
Los dirigentes del PRD definieron que la existencia de audios donde diputados asocian al partido blanco en una estructura de compras y montos específicos para favorecer la modificación constitucional revela la noción de “centro de compra” prevaleciente para los fines oficialistas.
A continuación, afirmaron que tal situación hace de Miguel Vargas Maldonado “el orquestador por excelencia de saltos e ingresos que esperan a cambio un gobierno decidido a mantenerlo administrado las siglas como “regalo” por su inefable trabajo a favor de los planes continuistas”.
Finalmente, reiteraron su compromiso de luchar en la preservación del PRD y solicitaron a sectores oficialistas a dejar de insistir en promesas a legisladores con el fin de hacerlos ingresar al partido blanco mediante mecanismos indecentes porque en los próximos días llevarán ante las instancias competentes denuncias concretas, con nombres específicos y situaciones económicas “a salvar” como parte del plan de reforma constitucional.