SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Una investigación de Participación Ciudadana reveló que Estado dominicano dejó de percibir de impuestos más de 266 millones de pesos en el 2010 por concepto de la exoneración de 127 vehículos de lujo que se auto otorgaron los senadores y diputados.
Samir Chami Isa, coordinador general de PC, dijo que con los recursos de este sacrificio fiscal el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo mejorar escuelas, hospitales, infraestructuras de necesidad pública u otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.
El Movimiento Cívico también calificó como lamentable el precio de los vehículos adquiridos con estas exoneraciones la mayoría de los cuales ascienden a los RD$6 millones de pesos cada uno, si se calculan a un precio normal.
Chami Isa indicó que entre los vehículos importados se encuentran las exclusivas marcas de Rolls-Royce, Maserati, Mercedes Benz, Bentley Continental, Ferrari, Lexus, Porshe, BMW, etc; lo que evidencia que continúa la fiesta de exoneraciones de vehículos de lujo parte de los legisladores.
"El Tesoro Nacional había dejado de percibir más de RD$1000 millones de pesos en ocho años, por la exoneración de vehículos de lujo a legisladores, lo que calificó como escandaloso"
Agregó que el año pasado el Movimiento Cívico publicó un informe que evidenció que el Tesoro Nacional había dejado de percibir más de RD$1000 millones de pesos en ocho años, por la exoneración de vehículos de lujo a legisladores, lo que calificó como escandaloso.
Participación Ciudadana también cuestionó la actitud asumida por la Suprema Corte de Justicia por no haber conocido el recurso depositado por esa entidad hace un año, en el que solicitó la declaración en inconstitucionalidad de la ley que faculta a los miembros del Congreso a traer cada dos años vehículos sin límites de precios. El recurso está sustentado en el precepto constitucional de que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio.
Al mismo tiempo, criticó que los legisladores no hayan puesto en agenda la propuesta de un proyecto de ley para modificar la legislación vigente, estableciendo límites a la cantidad de vehículos y/ o al monto de la compra.
“Sin embargo, lo más grave del caso es que la mayoría de veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresionales, sino que se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por estos a terceros”, señaló Isa.
PC destacó que esta venta se convierte un beneficio en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales, al menos carentes de ética e injustificables, porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado.
Denunció que incluso se ha dado el caso de que estos vehículos de lujo han ido a parar a manos de poderosos personajes, muchas veces con capitales cuya procedencia lícita no puede ser comprobada.
La lista de las exoneraciones enviada por el Ministerio de Hacienda a solicitud de Participación Ciudadana, en virtud de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de los medios, y además puede ser consultado por cualquier ciudadano interesado, entrando a la página web de Participación Ciudadana www.pciudadana.org
Los legisladores han venido haciendo sucesivas reformas a la antigua ley Número 50 de 1966, para provecho propio. La primera ley posibilitaba la importación de un vehículo modesto, sólo cada cuatro años, y sin posibilidad de reventa.
Con las modificaciones posteriores los legisladores eliminaron la restricción a venderlos, volvieron a modificar la Ley para optar por una segunda exoneración al cabo de dos años, y finalmente se eliminaron las normativas que evitaban la importación de vehículos de lujo, permitiendo la importación sin límite de precios.
Tampoco limitan marcas, modelo, año o consumo de combustible, con lo cual se cambió el espíritu de la ley, que estaba orientada a evitar que se convirtiera en un privilegio.
Este informe sobre las exoneraciones vehículos a legisladores en el 2010 fue elaborado con datos obtenidos en el Ministerio de Hacienda.