SANTO DOMINGO, República Dominicana (Julián Herrera/Acento.com.do).-Una auditoría de la Cámara de Cuentas detectó que sólo en el año 2008 la dirección ejecutiva de la gestión de Franklin Almeyda Rancier en Interior y Policía derrochó en bebidas RD$39 millones 100 mil, RD$4 millones 300 mil en comida y RD$75 millones 100 mil en gastos personales y administrativos de los gobernadores provinciales.
En el año 2008 los funcionarios del Estado dominicano se volcaron a hacer campaña por la reelección del entonces presidente Leonel Fernández, y el doctor Almeyda Rancier, alto dirigente del PLD que años atrás proclamó que el país se dividía entre “corruptos y peledeístas”, fue de los entusiastas activistas en la contienda electoral.
Los auditores de la Cámara de Cuentas critican que, en violación a las normas presupuestarias y contables, la gestión de Almedya Rancier elevara los gastos personales de los gobernadores en más del doble de los recursos destinados para la nómina de su personal fijo, que fue de 33.4 millones en 2008.
Además, los gobernadores provinciales recibieron 240.6 millones de pesos, que supuestamente fueron gastados en el fallido Plan se Seguridad Democrática, según explica el documento oficial de la CCR.
Los auditores de la Cámara de Cuentas subrayan que hallaron evidencias que muestran un manejo irregular del presupuesto del Ministerio de Interior y Policías en 2008, en la administración de Franklin Almeyda
En el presupuesto de las gobernaciones figurara también una partida de 144.8 millones de pesos, para un supuesto programa de policías auxiliares. Los auditores no obtuvieron información detallada sobre este gasto.
Los auditores que intervinieron en la inspección detectaron que las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, aplicadas a los funcionarios y empleados del ministerio, no fueron transferidas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en otra violación a las leyes.
Los auditores de la Cámara de Cuentas subrayan que hallaron evidencias que muestran un manejo irregular del presupuesto del Ministerio de Interior y Policías en 2008, en la administración de Franklin Almeyda.
El dispositivo legal de la auditoria establece responsabilidad administrativa y legal sobre las irregularidades detectadas, que apuntan a los ex funcionarios del Ministerio de Interior y Policía: Franklin Almeyda Rancier, secretario de Estado y cabeza de la institución en esos momentos; Rita Mendoza, directora financiera; Nelly Miguelina Labrada Amor, directora administrativa; Zoila Caridad Rodríguez, directora de recursos humanos, y Daisy María Taveras, directora de compras.
El informe subraya, además, que en la ejecución presupuestaria de ese año las autoridades violaron la ley Nacional de Presupuesto, la legislación sobre Compras y Contrataciones del Estado, así como la Ley de Cheques y la de Función Pública, entre otras normativas, sin que hasta el momento se haya producido ninguna consecuencia de parte del Ministerio Público ni de la Justicia.
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