SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Foro Social Alternativo (FSA) rechazó el acuerdo preliminar entre la empresa minera Barrick Gold Corporation y el gobierno dominicano, por considerarlo un “robo” contra el Estado.
Jesús Adón, coordinador general del Foro, explicó que al analizar los datos y estadísticas del nuevo acuerdo preliminar al que arribó las negociaciones entre ambas partes, la República Dominicana continúa sufriendo las mismas desventajas en la distribución de las ganancias que genera la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo.
Los dirigentes del FSA solicitaron al Congreso Nacional, mediante un comunicado entregado a los medios de comunicación, que no sea refrendado el nuevo contrato hasta que no se llegue a un acuerdo justo para el Estado.
“Además, se anuncia que los ingresos del país serán de 11 mil 600 millones de dólares, no quedando claro si es por la participación en las utilidades netas o por estas más los impuestos”
Los voceros del FSA consideraron que las cifras ofrecidas en el pre acuerdo no están claras y por ende puede constituir una brecha al engaño por parte de la empresa minera al momento de entregar los beneficios que le pertenecen a la nación.
El nuevo contrato dispone un 51.3% del total de los beneficios, antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, para el país, pero del beneficio bruto y no neto, afirmaron los dirigentes del FSA.
“Además, se anuncia que los ingresos del país serán de 11 mil 600 millones de dólares, no quedando claro si es por la participación en las utilidades netas o por estas más los impuestos”, expresó Adón.
También estimó que los impuestos no deben contabilizarse como participación en los beneficios.
Explicó que si los beneficios para el país son por 11 mil 600 millones y el total de ingresos por la venta de oro durante la vida útil estimada de la mina, se calcula en aproximadamente 52 mil millones, entonces la participación del Estado dominicano en los beneficios es de 22.3 % y no del 51.3%.
Afirmó que de igual forma este contrato sigue haciendo los mismos daños medio ambientales a la nación dominicana y entre sus conciliaciones no se prevé ni estipula una estrategia para el impacto ambiental que causa la explotación de la mina.