SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) rechazó la idea de celebrar primarias obligatorias, voluntarias y al unísono, y la obligar a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto, pero valoró de manera positiva otras propuestas de los partidos de la oposición sobre las leyes de partidos y electoral, pendientes de conocimiento en el Congreso Nacional.
Al comentar el documento de un grupo de partidos opositores la Finjus consideró importante evitar que cuando una mujer, por cualquier motivo, debe dejar una candidatura o un cargo electivo, sea sustituida por un hombre. A juicio de la entidad, y en consonancia con el planteamiento de los partidos de oposición, una mujer siempre deberá de ser sustituida por otra mujer.
Asimismo, resaltó la necesidad de poner controles y garantizar la transparencia en los recursos financieros que reciben los partidos, tanto de parte del Estado como de sectores privados.
La Finjus también consideró importante poner fin a cualquier modalidad de arrastre de un candidato a otro en las elecciones.
Respecto a la propuesta de obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias, voluntarias y simultáneas, la Finjus rechaza el punto de vista de los partidos de oposición, por considerar que se violaría el derecho a la libre asociación.
"En el marco constitucional, político y legal.. lo idóneo para nuestra democracia sería la no imposición de un determinado método para elección de los candidatos de cada partido", precisó la Finjus, en un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Dr. Servio Tulio Castaños G.
"De igual manera debemos puntualizar la no factibilidad de establecer la obligatoriedad del voto tal y como lo esboza el pronunciamiento del Bloque Opositor, esto así pues entendemos que dicha medida no se corresponde al espíritu de nuestra Carta Magna la cual entiende el voto como un derecho y un deber ciudadano caracterizado por ser“personal, libre, directo y secreto”. Además de ello habría que estructurar un régimen de consecuencias lo suficientemente estricto como para coaccionar a la ciudadanía sin descuidar criterios de justeza abarcadores que permitan prever situaciones excusables", advierte sobre la propuesta de obligar a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto.
A continuación el documento de Finjus:
En los últimos años, el sistema de partidos ha tenido serios cuestionamientos por parte de la ciudadanía, lo que ha promovido que diversos sectores hayan iniciado activamente diálogos, reformas y debates profundos al respecto. Cada idea que se ha vertido en este proceso, tiene que ver con la adaptación de los partidos y el régimen electoral a nuestra Constitución y la necesidad de una reforma y/o creación de instrumentos normativos rectores de sus actuaciones.
De manera reiterada la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha venido proponiendo la necesidad de crear un consenso en torno a esta temática, en miras de fortalecer el sistema político. En la actual coyuntura, entendemos que resulta impostergable repensar esta situación y debemos abocarnos a hacer operativas las propuestas que nazcan tanto de los partidos como de la ciudadanía en general.
"Otra cuestión que debe ser aclarada en este sentido es que la situación de compra y venta de cédulas no encuentra solución en el establecimiento de un voto obligatorio, sino en un régimen electoral que someta al orden las agrupaciones partidarias"
De este modo y confiando en los frutos que surgen del ejercicio dialéctico, consideramos importante valorar las opiniones que han puesto en la palestra pública los partidos y agrupaciones políticas que forman parte del denominado Bloque Opositor. Somos de opinión que escuchar y hacer realidad sus voces fortalecerá, en gran medida, la gobernabilidad en tanto que es una manera de demostrar los avances que tenemos en materia de democracia.
Entendemos positivo que esta propuesta sea cónsona con la Junta Central Electoral en cuanto a la necesidad de establecer mecanismos de controles para el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas en nuestro país, lo cual siempre han sido tema de debate por parte de diversos sectores. Esto así, pues la falta de transparencia y la ineficiencia de los mecanismos de controles sobre el origen y destino de los fondos que manejan los partidos políticos y los candidatos para solventar la actividad política favorecen la inequidad en los torneos electorales.
Es de importancia capital establecer límites y prohibiciones al financiamiento de los partidos políticos, con el fin de evitar la entrada de dinero de carácter ilícito y para mantener la independencia y la imparcialidad del candidato, alejándolo de las posibles influencias, favores o prácticas deshonestas en favor de los respectivos donantes.
Es necesario el establecimiento de un régimen de sanción o sistema de consecuencias formal que permita regular de manera adecuada lo que pudiere surgir ante una violación de este precepto.
Asimismo, en lo que concierne al financiamiento privado, consideramos relevante establecer controles y límites a las donaciones privadas por personas físicas y jurídicas, además, eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de lo que se contribuye y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.
De la misma forma, en cuanto al orden democrático interno que respecta a la mujer, consideramos oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, deba ser sustituida de manera obligatoria por otra candidata, consagrando así el principio de igualdad real.
Por otro lado, resaltamos la necesidad de estructurar un sistema electoral que se oriente a la eliminación del denominado arrastre y fomente cada vez más el voto directo como el mecanismo que verdaderamente responde a la esencia democrática y nuestros preceptos constitucionales. En este punto también vale repensar el método vigente de distribución de los escaños congresuales (D’Hont) puesto que el mismo no garantiza que el candidato más votado sea el electo, al darse la posibilidad de que el partido que lo postuló podría no alcanzar los votos suficientes para obtener alguna representación.
Debería evaluarse la idoneidad y correspondencia con nuestra realidad electoral del sistema de cociente y resto mayor o cociente de Hare que propone el Bloque Opositor como método matemático de distribución de escaños. Pues parecería ser más equilibrado que el utilizado en nuestro contexto.
Gran parte de los argumentos presentados por el Bloque Opositor, han formado parte de las ideas que desde FINJUS han sido sometidas en el importante debate de reforma del régimen electoral y la promulgación urgente de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Sin la aprobación de sendos instrumentos, coincidimos, resultaría muy peligroso que nuestro país se aventure a la celebración de unas elecciones en el año 2020.
Sin embargo, en lo que respecta a la obligatoriedad de la celebración de elecciones primarias, voluntarias y simultáneas, disentimos del Bloque Opositor. En otras ocasiones, hemos demostrado en el marco constitucional, político y legal cómo lo idóneo para nuestra democracia sería la no imposición de un determinado método para elección de los candidatos de cada partido.
Lo anterior favorecería la democracia interna y garantizaría el cumplimiento del artículo 216 de nuestra Ley Sustantiva, así como el derecho fundamental a la libertad de asociación. La imposición de un método específico y general no brindaría más democracia, los partidos políticos deben contar formas de organización interna, pero a su discreción y sin violentar la Constitución y las leyes.
De igual manera debemos puntualizar la no factibilidad de establecer la obligatoriedad del voto tal y como lo esboza el pronunciamiento del Bloque Opositor, esto así pues entendemos que dicha medida no se corresponde al espíritu de nuestra Carta Magna la cual entiende el voto como un derecho y un deber ciudadano caracterizado por ser“personal, libre, directo y secreto”.
Además de ello habría que estructurar un régimen de consecuencias lo suficientemente estricto como para coaccionar a la ciudadanía sin descuidar criterios de justeza abarcadores que permitan prever situaciones excusables.
En definitiva, entendemos que una reforma electoral como la que se propugna no debe desviar su atención en propugnar un Estado coactivo que derive esfuerzos en traer a un ciudadano recalcitrante a las urnas, cuando al fin y al cabo el votante tendrá como opción emitir un voto en blanco. Otra cuestión que debe ser aclarada en este sentido es que la situación de compra y venta de cédulas no encuentra solución en el establecimiento de un voto obligatorio, sino en un régimen electoral que someta al orden las agrupaciones partidarias.
Cabe destacar que si bien nos parece interesante la propuesta del establecimiento del voto electrónico que permitiría sistematizar de manera integral todo lo referente al conteo de votos y minimizar los márgenes de error, debe recordarse que con relación a ello acabamos de sufrir una experiencia poco satisfactoria en elecciones pasadas.
Entendemos preciso madurar un régimen electoral y esquemas partidarios más transparentes y con mayor apego a los criterios de democracia antes de adentrarnos a la modernización del sistema electoral. Las transformaciones duraderas normalmente se dan de manera paulatina en procesos de adaptación y adecuación al status quo.
De estos interesantes planteamientos, contenidos en la propuesta del Bloque Opositor,debe resaltarse que los mismos no están sujetos meramente a la elaboración mecánica de legislaciones, sino a la necesidad de a estos esfuerzos se sumen la voluntad institucional y el compromiso de la Junta Central Electoral con el fin de superar los males que han afectado históricamente nuestro sistema democrático, en múltiples dimensiones.
22 de febrero del 2018.