SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llamó este lunes a los actores políticos a ponderar un rediseño del calendario electoral y la suspensión de las elecciones del 17 de mayo en vista de la pandemia del coronavirus COVID-19.
La organización planteó la propuesta como una acción para minimizar los riesgos del contagio comunitario del Covid-19, en base a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la posposición de calendarios electorales de numerosos países.
En un comunicado, citó el conocimiento de la posposición de las elecciones nacionales en Australia, Canadá, Argentina, Perú, Bolivia, Serbia y Macedonia, así como comicios estatales, municipales o locales en Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
En ese tenor, FINJUS recordó que distintos sectores y organizaciones han manifestado conformidad con el aplazamiento de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 17 de mayo. De igual forma, que se han debatido los posibles escenarios que se abrirían en caso de la imposibilidad de celebrar las elecciones antes del 16 de agosto, tal como manda la Constitución.
La institución manifestó la importancia de que cualquier decisión cuente con el consenso entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos, ya que la Constitución no tiene una respuesta exacta sobre cómo proceder ante esa circunstancia excepcional.
En esa situación, según explicó, el país estaría ante un vacío normativo que debe ser analizado por los sectores involucrados y en última instancia por la sociedad.
Además de plantear la necesidad de una reconsideración de los comicios, enfatizó que la esencia y definición de la democracia lo constituye el hecho de que los representantes del pueblo son elegidos por un período definido, en este caso de 4 años, en elecciones libres y transparentes.
Especificó que cualquier imprecisión jurídica sobre esto podría derivar en coyunturas complejas e “indeseadas”.
“Para FINJUS este escenario es muy delicado y preocupante, pues nos colocaría antes situaciones sin precedentes, que podrían generar eventualidades no contempladas. La seguridad jurídica, la convivencia pacífica y el orden podrían ser afectados si no procedemos con el máximo de cautela e inteligencia.”
En el momento actual, expuso que abrir un diálogo sincero y franco, que conduzca a un consenso activo, con la participación de los actores, enmarcada dentro de lo establecido en la Constitución y las leyes, es la vía más adecuada para que el ordenamiento jurídico no sea afectado.