SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Según lo estipulado en la sentencia TC/0168/13, dictada ayer, 25 de septiembre, justo el día en que se cumplieron 50 años del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, el Tribunal Constitucional estableció que los hijos de ciudadanos en “tránsito” nacidos en el país están privados del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana.
La misma sentencia ordena, en uno de sus articulados, a la Junta Central Electoral efectuar una auditoría minuciosa de los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, con el fin de identificar a esos hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano y preparar con sus nombres una lista documental y/o digital de todos los extranjeros inscritos a partir de la fecha mencionada.
También ordena la referida sentencia preparar una segunda lista, con los nombres de los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la constitución de la República para la atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli, “la cual se denominará Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana”.
Vista la sentencia nos damos cuenta que José Francisco Peña Gómez, quien nació el 6 de marzo de 1937, ya no es dominicano y con él, cientos de miles de dominicanos hijos de padres extranjeros nacidos en territorio dominicano después del 21 de julio de 1929.
Esto es para llorar. Sucede que todas las constituciones dominicanas proclamadas durante el siglo XX contemplaban el derecho a la nacionalidad por las vías del ius soli y el ius sanguinis. El primero nos da la nacionalidad por el derecho del suelo o del lugar donde se nace y el segundo por el derecho de consanguinidad. La interpretación dada por el Tribunal Constitucional al término o condición “tránsito” es bastante retorcida o por lo menos deja mucho que desear.
Acaso estaban en tránsito los españoles, turcos, chinos y boricuas que emigraron a esta isla a principios de siglo pasado, que decidieron procrear su familia aquí, descansando muchos de ellos para siempre en suelo dominicano.
Piensen ustedes que una disposición similar fuera aprobada dentro del proceso de reforma migratoria que está impulsando el presidente Obama, en los EE.UU., qué pasaría con los dominicanos que nacieron en aquella nación y que hoy tienen derechos adquiridos. Una locura.
Esto parece ridículo, pero si fuéramos a aplicar con rigor las disposiciones de la sentencia antes señalada, y si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, a lo máximo que podría aspirar en este momento es a un permiso especial de estancia temporal en el país que sería otorgado por la Dirección General de Migración, dirigida por el secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista.
También le estaría pasando lo mismo a cientos de miles de dominicanos menores de 84 años hijos de padres extranjeros.
Esta resolución constituye un triunfo del sector más conservador y recalcitrante de la sociedad dominicana, es una decisión que le niega los derechos adquiridos a cientos de miles de personas que nacieron creyendo que estaban protegidos por el Estado dominicano y que hoy amanecen apátridas.
Desde hoy estas personas serán perseguidas, se les negará el derecho a un nombre, una nacionalidad, el derecho a la salud, a la educación y podrían perder sus bienes y propiedades.
Me pregunto, hasta dónde vamos a llegar por este camino, cuál es el propósito de la presente gestión, acaso fue eso lo que se propuso el profesor Juan Bosch cuando decidió fundar el PLD en 1973, en ese entonces como un partido progresista.
Es evidente que habrá de esperar que surja algo nuevo desde el pueblo mismo, un instrumento que sea capaz de interpretar correctamente los ideales de los padres fundadores de nuestra nacionalidad.
Pero la ironía del destino no tiene límites, las firmas que endosarán la sentencia del TC conteniendo el terrible dictamen, estarán encabezadas con el nombre de uno de los discípulos de José Francisco Peña Gómez, el Dr. Milton Ray Guevara.
Carlos Sánchez Solimán, médico y político dominicano
Secretario general de la APD