SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El magistrado Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral y recién designado en una comisión para gestionar ante el presidente Danilo Medina un aumento del presupuesto de la JCE, renunció a la comisión el pasado viernes, alegando que está claro el gobierno no confía en las informaciones financieras de la Junta Central Electoral.

En su carta de renuncia Olivares dice a Roberto Rosario que el tema del presupuesto del organismo “es un hecho consumado” y “que reflejó la desconfianza de las oficinas gubernamentales responsables de la elaboración de la Ley de Presupuesto General del Estado, en las informaciones financieras que sirvieron de base para la solicitud de nuestro presupuesto, principalmente en las relativas a los montos generados, precisamente, por el cobro de los servicios que fueron incrementados”.

Olivares se queja de la JCE nunca dio a conocer cuáles son los montos recibidos por las oficinas de la JCE por los servicios cobrados por registro civil y cédulas, por ejemplo. “Nunca lo dijimos, a pesar de que las instancias que deciden lo relativo al presupuesto y la mayoría de la población, creen que es suficiente como para cubrir nuestras necesidades”, dice Olivares.

El miembro del Pleno de la JCE escribió que la JCE comete abuso con los usuarios, al cobrar doblemente por un mismo servicio, sin que ello se justifique. “En ese sentido, le pregunto: ¿Cómo es posible que el usuario deba pagar 300 pesos por un acta y luego pagarle 300 pesos más a la misma autoridad que la expide para legalizar su propia firma? No puedo concebir que esto siga ocurriendo”.

Vea a continuación la carta:

Dr. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ

Presidente de la Junta Central Electoral,

Su Despacho.-

Distinguido Magistrado:

Reciba mi saludo, al tiempo de acusar recibo de su misiva fechada el 11 de enero del 2013, contentiva de su respuesta a la comunicación que por su intermedio remití al Pleno el pasado día 8, fijando mi posición en relación con su propuesta para incrementar las tasas existentes y crear nuevas para los servicios de registro civil, cédula de identidad y registro electoral.

Pienso que el tema presupuestario es un hecho consumado, que reflejó la desconfianza de las oficinas gubernamentales responsables de la elaboración de la Ley de Presupuesto General del Estado, en las informaciones financieras que sirvieron de base para la solicitud de nuestro presupuesto, principalmente en las relativas a los montos generados, precisamente, por el cobro de los servicios que fueron incrementados.

Es decir, que ni siquiera los argumentos reproducidos en múltiples espacios pagados, en las más estratégicas páginas de nuestros diarios nacionales, lograron cambiar la percepción de que nuestra institución no necesitaba el presupuesto solicitado para el presente año.  Debimos suponer que a las gentes les interesaba saber, por ejemplo: ¿Cuánto es el monto generado por el cobro de las tasas del registro civil y la cédula? Nunca lo dijimos, a pesar de que las instancias que deciden lo relativo al presupuesto y la mayoría de la población, creen que es suficiente como para cubrir nuestras necesidades.

Por otro lado, le confieso que sigo convencido de que debimos reducir el tiempo y los costos del registro civil y la cédula, mediante la eliminación de las múltiples duplicidades a la que injustamente sometemos a los usuarios. En ese sentido, le pregunto: ¿Cómo es posible que el usuario deba pagar 300 pesos por un acta y luego pagarle 300 pesos más a la misma autoridad que la expide para legalizar su propia firma? No puedo concebir que esto siga ocurriendo.

No se trata solo de la siempre necesaria y conveniente austeridad, sino, también de mejorar la eficiencia y reducir los gastos mediante la reingeniería que debe producirse, como consecuencia de la automatización del registro del estado civil, la  cédula y el registro electoral.

En lo relativo a su sugerencia, que luego formalizó en la Sesión Administrativa del Pleno del día 12 de enero del 2013, para que conformara junto al magistrado José Angel Aquino, una Comisión a fin de gestionar los fondos que usted, y luego los demás magistrados, no lograron obtener por ante el Poder Ejecutivo, le agradezco haberme tomado en consideración para una misión tan delicada. Sin embargo, me veo precisado a solicitarle que tenga a bien someter al Honorable Pleno mi renuncia irrevocable, en razón de que las causas que motivaron mi mayor interés en el tema presupuestario fueron consumadas, y por lo tanto, difícilmente sean revertidas, a saber:

1)    El aumento -que al igual que en el 2007 y el 2010 tratamos de evitar infructuosamente que se aprobará- es una realidad, que se fijó para aplicarse a partir del día 1ro. de febrero próximo;

2)    El cierre de las oficinas en el exterior, que terminará de materializarse el día 31 del mes en curso; y,

3)    Que para el cumplimiento de tan delicada misión se necesitaba que la misma estuviera rodeada de un ambiente armonioso, que ha sido afectado por una serie de eventos mediáticos, que han hecho aparentar que los miembros del Pleno se encuentran en una actitud de confrontación con el gobierno.

Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes, me despido,

Cordialmente,

LIC. EDDY OLIVARES ORTEGA

Miembro Titular