El informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre la situación de los derechos humanos en el país, echa sal sobre la herida al considerar la corrupción existente en República Dominicana como uno de los temas más graves que afronta la nación caribeña, el cual, según la entidad gubernamental estadounidense, el Gobierno no ha enfrentado de manera efectiva.
El documento, dado a conocer el pasado miércoles 13, detalla que el Gobierno dominicano no implementó las leyes de manera efectiva dichos casos, en los que de manera frecuente se encontraban oficiales involucrados en prácticas de corrupción e impunidad.
La procuraduría General investigó allegados casos de oficiales corruptos, pero el flagelo en el gobierno se mantuvo como un problema serio y una queja constante.
Entre los casos más importantes de corrupción en 2015, analizados por el Departamento de Estado en su publicación, se encuentra el No Ha Lugar que favoreció al senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista y otros seis involucrados en la supuesta malversación de 4.5 mil millones de pesos (100 millones de dólares) cuando Bautista dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
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El caso de los jueces acusados de prevaricación no pasó desapercibido. En noviembre del año pasado, el Consejo del Poder Judicial suspendió a cinco jueces, de los cuales a dos, Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, se encuentran detenidos bajo prisión preventiva.
En la publicación hecha por el Departamento de Estado, aparece un reportaje del Periódico HOY, en la que destaca que unos 250 casos de corrupción que han sido presentados por la Procuraduría ante las cortes en los últimos cinco años y el fallo de las cortes de emitir sentencias en esos casos.
El Departamento de Estado subraya que el Ministerio Público, encabezado por el procurador general, Francisco Domínguez Brito, fue el responsable de procesar los casos de corrupción a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, las cuales sirvieron como base para mucho de los casos de corrupción investigados por el PEPCA.
La entidad norteamericana enfatiza que si bien estas instituciones (Pepca, Cámara de Cuentas) son descentralizadas y “libres de influencia política”, hubo pocos procesos exitosos que involucraron a funcionarios estatales de alto perfil, mientras que organizaciones sin fines de lucro determinaron que el mayor obstáculo en la efectividad de las investigaciones fue debido a la “falta de voluntad política para aplicar la ley y perseguir, particularmente, a políticos de alto perfil”.
Clientelismo y otras prácticas de corrupción
El reporte del Departamento de Estado norteamericano, destaca las críticas en República Dominicana de diversas organizaciones de la entrega de posiciones gubernamentales de manera clientelar, además de que muchos servidores públicos ingresan al gobierno sin tener que desempeñar ninguna función laboral, lo que se conoce como "botella".
Municipios pequeños reportaron tener 200, 350 o incluso 600 empleados, cuando las oficinas municipales no podían albergar a más de una décima parte de los empleados reportados.
Numerosos conductores, incluyendo turistas extranjeros, fueron detenidos por agentes a cambio de que no les sea emitida una citación.
También, los observadores de derechos humanos reportaron detenciones por parte de oficiales de migración y de la policía a trabajadores de la construcción indocumentados de origen haitiano, los cuales fueron extorsionados por dinero.
Destacó también reportes sobre pagos al personal en prisiones, a cambio de una recomendación para que los prisioneros fueran favorecidos con permisos temporales o liberados por razones de salud.
Las sanciones no judiciales continuaron como una práctica común, ordenándose transferencias y despidos del personal militar, agentes de la policía, jueces u otros oficiales de menor jerarquía, involucrados en la aceptación de sobornos y otros actos de corrupción.