Las reacciones de los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática por parte de una docena de organizaciones sociales, son contradictorias con una extensa cadena de concertaciones con la sociedad propiciadas por los gobiernos de las últimas tres décadas.
El liderazgo social se compromete a impulsar las reformas políticas contenidas en los proyectos de leyes de partido y del régimen electoral y de transparencia y responsabilidad fiscal, así como dar seguimiento a las próximas elecciones de nuevos titulares de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.
Un acuerdo político-social
El martes 9 fue publicada la "Iniciativa por la Institucionalidad Democrática", suscrita por 5 de las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y otras 7 entidades sociales, comprometiéndose a "trabajar por un gran acuerdo político y social que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de derecho como lo manda nuestra Constitución".
La iniciativa nace "con el objetivo de impulsar las reformas y transformaciones que demanda la institucionalidad democrática" de la nación, especificando una ley de partidos que garantice que estos asuman sus mandatos constitucionales, de procesos democráticos, de transparencia en su financiamiento y de rendición de cuentas.
Propugnan por una ley del régimen electoral que garantice elecciones con transparencia organizativa, equitativas e inclusivas, y con regulaciones de las campañas electorales que eviten el uso de los recursos del Estado. También por la aprobación de las leyes de Transparencia y Responsabilidad Fiscal y de Fiscalización y Control del Congreso Nacional "que establezcan un mayor rigor en el uso del presupuesto público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, de los déficits y de la deuda pública".
Se proponen dar seguimiento al proceso de selección de los nuevos titulares de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, ya que el período de los actuales vence el 16 de agosto, y posteriormente, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, y apoyar otras iniciativas sociales, incluyendo los servicios que corresponden a la población.
Descalificaciones y chantaje
Llamó la atención la virulencia con que voceros oficiales y oficiosos del PLD reaccionaron ante la propuesta. El vocero de los senadores oficialistas marcó la pauta cuando llegó al extremo de plantear que los propulsores pretenden un "golpe de estado constitucional", intentando sustituir a los legisladores. El senador por Azua, Rafael Calderón, sociólogo que antes promovía la concertación, recomendó a los empresarios ocuparse, como el gobierno, y el Congreso, de resolver "poco a poco los problemas existentes", mientras el de Pedernales, Dionis Sánchez, los instó a "contribuir con la paz y por ende con la democracia apoyando un incremento de salarios para los trabajadores".
El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, quien vuelve el martes a la presidencia del Senado, fue más moderado, diciendo que están abiertos a escuchar, y hasta reconoció que la iniciativa está dirigida al fortalecimiento institucional. Pero al mismo tiempo advirtió que es al Congreso y el Consejo de la Magistratura que la Constitución faculta para elegir los titulares de la JCE y las altas Cortes, como si estuviera en discusión..
De inmediato comentaristas peledeístas se dedicaron, por medios de comunicación a intrigar y chantajear a los líderes empresariales, especialmente al presidente del CONEP, atribuyéndole hasta animadversión política, olvidando los numerosos precedentes de participación del empresariado en las concertaciones político-sociales de las últimas décadas, incluyendo su Grupo de Acción por la Democracia en los años 90.
Larga cadena de consensos
Son innumerables los eslabones de la cadena de consensos para reformas políticas, económicas y sociales, en los que han participado el empresariado, las academias, las iglesias, los sindicalistas y otras organizaciones sociales, desde los años 90, por iniciativa propia, de los partidos y de los gobiernos. Han incluido consultas y pactos para las reformas constitucionales de 1994 y 2010, para el Código de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, Estrategia Nacional de Desarrollo, y planes decenales de educación y salud.
Es extensa la nómina de legislaciones que han pasado por la concertación con las organizaciones sociales, y que incluyen su representación, como la que crea los consejos nacional de desarrollo, y múltiples leyes, de organizaciones sin fines de lucro, de participación social (regateada todavía), así como las de libre acceso a la información, de controles presupuestario, defensor del pueblo, de salarios públicos y la misma ley de partidos, con múltiples consensos durante 18 años.
La Sociedad Civil organizada participó también activamente en varias concertaciones para elegir los integrantes de la Junta Central Electoral, y los de la Suprema Corte de Justicia en 1997, y los principales partidos, incluso el PLD, llegaron a solicitar que instituciones sociales como Participación Ciudadana observaran sus elecciones primarias y les formularan observaciones, para los comicios del 2002, 2004 y 2006. Con PC, FINJUS, y Centro Bonó, que firman la iniciativa ahora objetada, han realizado múltiples seminarios y eventos de consultas.
Desprecio contradictorio
El desprecio por la participación social en el curso institucional democrático es tan contradictorio que deja mal parada el actual intento de concertación para el Pacto Eléctrico y el pendiente para el pacto fiscal, así como el realizado pacto por la educación, los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. También va contra el programa de gobierno del PLD 2016-20, que entre sus metas plantea la ley de partidos y promete que "Promoveremos la aprobación de leyes que permitan mayor participación de la ciudadanía en la elección de funcionarios y que éstos sean cada vez más cercanos a la gente".
También contradicen los artículos 22,75 y 77 de la Constitución peleedeísta, que se refieren a los derechos de la ciudadanía, sus deberes y al mandato de los legisladores, lo mismo que al artículo 6 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteó reformar el sistema político y electoral en tres años, vencidos en el 20015.
El PLD se abrió paso al poder en 1994, valiéndose de la sociedad civil, a la que puso a firmar el "Pacto por la Democracia", que pactó una reforma constitucional con la cual se impuso el 50 por ciento del voto para la elección presidencial, lo que cerraría el paso a Francisco Peña Gómez en la elección presidencial del 2006.
El punto 2 de ese pacto establece "Conformar una nueva Junta Central Electoral cuyos miembros no sean representantes de los partidos políticos", que fue lo que se hizo ese mismo año y por consenso político-social, con la presidencia de César Estrella Sadhalá, quien no era dirigente ni militante de partido, como sigue reclamando la Sociedad Civil. Tampoco eran dirigentes políticos sus sucesores presidentes Juan Sully Bonelly, Jorge Subero Isa, Manuel Morel Cerda y Luis Arias. Aunque en la elección de Morel el PRD rompió el consenso, en conflictos con el primer gobierno del PLD, compensado con otro acuerdo político-social, ampliando los integrantes de la JCE para que peledeístas y reformistas propusieran sendos titulares.
Propósitos muy difíciles
Los propulsores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática saben que sus metas son difíciles de alcanzar y que requerirán intensa y prolongada movilización social, por lo que trabajan por ampliar las organizaciones participantes. Tienen en la memoria concertaciones político-sociales tan importantes como la que produjeron la Suprema Corte de 1997 y la que obligó a cumplir la ley del 4 por ciento del PIB para la educación.
Están conscientes del poder que ha logrado concentrar el PLD en base al control y manipulación de la justicia y los órganos electorales, de la promoción de la desintegración de los partidos y organizaciones sociales, corrompiendo o absorbiendo dirigentes y militantes con los recursos estatales, y sin regulaciones como las que se pretenden en la ley electoral y la ley de partidos. Los oficialistas entienden que toda inconformidad o propuesta de reformas conspira contra sus intereses partidistas.
En la sociedad todavía se espera más receptividad de un partido que promovió jornadas participativas como la del Diálogo Nacional en 1997 y la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial en el 2009, ambos eventos con cientos de resoluciones y propuestas de reformas, por igual las consultas para la reforma constitucional del 2010.
Grandes conciertos del PLD con la Sociedad Civil
1994: Pacto por la Democracia
1997: Elección de la Suprema Corte de Justicia
1998: Diálogo Nacional
2004: Seguimiento a la JCE
2008: Consultas para la reforma constitucional
2009: Cumbre por la Unidad Nacional por la Crisis Mundial
2010: Consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo
2012: Intento de pacto fiscal
2914: Concertación y firma del pacto Educativo
2016: Concertación para el Pacto Eléctrico