La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció la sustitución de su ministro de Deportes, George Hilton, en medio de las negociaciones que inició para reformar su Gabinete y reforzar la presencia de los partidos que la apoyan, de cara al juicio político al que quiere someterla la oposición.
La Presidencia informó en un comunicado de que la jefa de Estado aceptó la renuncia al cargo presentada por Hilton y que decidió nombrar en su lugar, de forma interina, al actual secretario nacional de Deportes de Alto Rendimiento, Ricardo Leyser Gonçalves.
La renuncia de Hilton era esperada desde hacía dos semanas cuando la formación de la que era miembro, el Partido Republicano Brasileño (PRB), anunció su salida de la coalición oficialista "por no verle un norte" a la grave crisis del país.
El PRB aludió así la posible apertura de un juicio político con fines de destitución contra Rousseff y al escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras que ha salpicado a decenas de líderes políticos.
Hilton anunció entonces su decisión de desvincularse del PRB y de afiliarse al Partido Republicano del Orden Social (PROS), una de las formaciones que apoya al Gobierno, en un intento de continuar en el gabinete.
Tras la decisión del ministro de cambiarse de partido para permanecer en el cargo, diferentes interlocutores de Rousseff admitieron que el Gobierno prefería intentar mantener buenas relaciones con el PRB que apoyar a Hilton.
En caso de que el Senado acepte iniciar el juicio político, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara Alta para concluir el proceso. Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución
Pese a la necesidad de aumentar la participación de partidos oficialistas en su gabinete, Rousseff optó por nombrar como interino en el Ministerio de Deportes a Leyser Gonçalves para darle continuidad a los trabajos de preparación de los Juegos Olímpicos que Río de Janeiro organizará en agosto próximo.
Leyser Gonçalves se desempeñaba como viceministro de Deportes antes de asumir como secretario de Deportes de Alto Rendimiento y ha acompañado gran parte del proceso de preparación para los Juegos Olímpicos.
El jefe de Gabinete de Rousseff, Jaques Wagner, anunció la víspera que el Gobierno iniciará negociaciones para una reforma de su Gabinete, forzada por la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayor fuerza electoral del país, de abandonar la coalición oficialista.
Pese a que algunos de los ministros del PMDB han dicho que permanecerán en el cargo y seguirán apoyando al Gobierno, Wagner dijo que Rousseff pretende darle más espacio a los otros partidos de la base oficialista.
El PMDB ocupaba siete de los 31 ministerios que tiene el Gobierno de Rousseff, pero el titular de Turismo, Henrique Alves, se anticipó este lunes a la decisión de su partido y presentó su renuncia.
Todavía quedan en manos de dirigentes del PMDB las carteras de Minas y Energía, Salud, Agricultura, Puertos, Aviación Civil, y Ciencia y Tecnología.
La reforma ministerial busca fortalecer la coalición oficialista de cara al juicio político que la oposición impulsa contra Rousseff en el Congreso y cuyos trámites ya fueron iniciados en la Cámara de Diputados.
El Gobierno necesita de al menos 172 votos en la Cámara de Diputados para impedir que se avance hacia el juicio político contra Rousseff, pero los partidos más fieles al Gobierno no suman un centenar de escaños. EFE
Ratifican acusaciones contra Dilma Rousseff
Dos de los juristas que presentaron el pedido de juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, insistieron en que la mandataria incurrió en faltas y "delitos de responsabilidad" que justifican su destitución.
Los abogados Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal, dos de los firmantes del pedido de "impeachment" (juicio político) presentado al Congreso, comparecieron este miércoles ante la comisión de diputados que determinará si existen razones jurídicas para procesar a Rousseff.
"Estamos frente a delitos y delitos graves", dijo Reale Júnior, quien sostuvo que cada una de las acusaciones está fundamentada en las leyes.
Reale Júnior explicó que el pedido está fundamentado en una serie de irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado brasileño, en los balances que el Gobierno presentó en 2014 y que sostuvo que esas prácticas continuaron en 2015.
Según ese tribunal, en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.112 millones de dólares) y que, a efectos contables, fue considerada crédito.
No obstante, Reale Júnior precisó que la Ley de Responsabilidad Fiscal, que impone rigor en el gasto público, prohíbe expresamente que el Gobierno contrate préstamos con entidades bajo su control.
Algo más del 50 % de esa deuda fue generada con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y los montos restantes se reparten sobre todo entre la Caixa Económica y el Banco do Brasil, todos estatales.
Paschoal, a su turno, acotó que la mayoría de esas operaciones fue realizada en 2014, en pleno año electoral, y sostuvo que todo eso supuso un "engaño a la población" que acabó favoreciendo la reelección de Rousseff para un segundo mandato.
Las exposiciones de Reale Júnior y Paschoal fueron continuamente interrumpidos, sea por aplausos de la oposición o por abucheos del oficialismo, que insistió en denunciar el proceso como un "golpe".
La comisión producirá un informe sobre el asunto, que se calcula votará dentro de unos diez días, y, según el resultado, la causa será archivada o pasará al pleno de los Diputados.
Para que el proceso prosiga, una mayoría calificada de 342 votos deberá respaldarlo, para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político.
En caso de que el Senado acepte iniciar el juicio político, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara Alta para concluir el proceso.
Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.
Temer es el presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, que este martes decidió romper con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro respaldo al eventual proceso contra Rousseff. EFE