Madrid, 17 abr (EFE/Jesús García Becerril).- La detención del exdirector gerente del FMI y exministro español de Economía Rodrigo Rato ha abierto un debate político que, a poco más de un mes para las elecciones regionales y municipales, la oposición aprovecha para atacar al gubernamental PP (centroderecha), al que él perteneció.

Funcionarios de la Agencia Tributaria española y del Servicio de Aduanas culminaron hoy el registro del despacho de Rato para analizar documentos y material informático, en el marco de una investigación por los supuestos delitos de blanqueo de dinero, fraude y alzamiento (ocultación) de bienes.

Los agentes empezaron esa tarea en el despacho tras registrar el domicilio de Rato, que permaneció detenido por orden judicial durante unas horas, hasta que después de medianoche quedó en libertad.

La noticia de la detención del exministro (1996-2004) y exresponsable del FMI (2004-07) ha causado una fuerte conmoción en España, dada la importancia de los cargos que desempeñó y que durante años su propio partido le ha puesto como ejemplo de buen gestor y artífice del crecimiento económico español.

Sin embargo, Rato es ahora investigado por unos supuestos delitos detectados por el Fisco español cuando Rato se acogió en 2012 a una amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP.

Rato perteneció a ese partido durante tres décadas y media, hasta que en octubre pasado suspendió su militancia en el marco de varios procesos judiciales en los que se ha visto inmerso por la gestión de las entidades Caja Madrid y Bankia.

Dirigentes del PP se pronunciaron hoy sobre la detención de su hasta hace poco correligionario y expresaron su tristeza e indignación, al tiempo que algunos apuntaron su temor a que el caso pueda dañar las perspectivas electorales del partido ante los comicios regionales y municipales del 24 de mayo.

Entre otros, así lo reconoció la candidata a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, para quien la detención de Rato puede hacer "mucho daño" al PP.

La situación económica y los casos de corrupción son los temas que más preocupan a los ciudadanos, según las encuestas oficiales, y aunque el Gobierno puede presumir de una mejora de los indicadores macroeconómicos, los casos de corrupción que afectan a algunos de sus cargos públicos son un motivo de preocupación que la oposición quiere aprovechar.

Dirigentes de los partidos de izquierda pusieron hoy a Rato como ejemplo de la política del PP, que consideran permisiva con las corruptelas.

Asimismo, reclamaron responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Sobre Montoro caen la mayor parte de las críticas, porque fue el impulsor de la amnistía fiscal a la que se acogieron tanto Rato como el extesorero del PP Luis Bárcenas, que ingresó en la cárcel en junio de 2013, imputado por delitos de corrupción.

El titular de Hacienda se defendió hoy tras la reunión semanal del Gobierno al afirmar que la actuación contra Rato demuestra que el Ejecutivo está decidido a actuar contra la corrupción.

"La ley es igual para todos", subrayó Montoro, señalado también por la oposición por el hecho de que el de Rato sea el único nombre que ha trascendido públicamente de la lista de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal, aunque el ministro aseguró que desconoce quiénes la componen.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría hizo hincapié en que el caso de rato es "un asunto particular" que no es posible vincular con el ámbito público, un modo de distanciarse de quien durante años fue una figura relevante del centroderecha español y ampliamente elogiado.

Lo que hace la Agencia Tributaria es investigar empresas y sociedades en las que figuran como titulares miembros de la familia de Rodrigo Rato, como su exmujer, su hermana y una sobrina, dijeron a EFE fuentes cercanas al proceso.

A Hacienda le llamó la atención la existencia de una maraña de sociedades, por lo que habría trasladado esta denuncia para que la Fiscalía iniciara una investigación.

Sobre la mesa está la posibilidad de que la familia cuente con propiedades en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar y Suazilandia.

En la denuncia también figuran sociedades vinculadas a Rato en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana.

Las fuentes consultadas por Efe han confirmado estos hechos, así como que la Agencia Tributaria habría acusado a Rato de tráfico de divisas mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda, en un periodo investigado que abarca desde 2009 hasta 2014. EFE