SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El secretario general del Partido Comunista del Trabajo (PCT), Manuel Salazar, entiende que el discurso del presidente Danilo Medina versó solo sobre sus seis meses de gobierno cuando debió hacerlo por el año completo.
Según Salazar de esa manera el presidente evadió otra vez abordar el tema de la corrupción y la impunidad, y junto con esto, no referirse al déficit fiscal y la reforma fiscal.
“Otros temas de la rendición de cuentas fueron abordadas en general, cuando debió dar respuestas específicas al tema del salario docente que reclama el magisterio, y el de la seguridad ciudadana que sigue siendo uno de los asuntos de mayor preocupación en el país”, dijo el dirigente político.
Entiende que el tema más relevante del discurso es sin dudas el espíritu con el que abordó el tema de la Barrick Gold. Según su opinión, lo dicho por el presidente es un buen punto de partida, pero la nación aspira a más.
Dice que corresponde al pueblo dominicano tener al menos el 51 por ciento de la propiedad de esa extraordinaria riqueza en su condición de dueño de la mina de oro de Pueblo Viejo, como ha enfatizado el presidente Danilo Medina.
“Contando como apoyo con las extendidas demandas populares de nacionalización de la mina, el Gobierno debería aprovechar el momento, de inmediato, para enviar un proyecto de ley al Congreso en que se formalice el control por el Estado dominicano y renegociar sobre esa base una proporción de las ganancias para los inversionistas extranjeros”, explicó.
El secretario general del PCT espera que toda la política económica y social del gobierno del presidente Medina sea coherente con su pronunciamiento frente a la Barrick Gold, partiendo de que primero deben beneficiarse las grandes mayorías con los recursos de todos y las riquezas creadas por el trabajo de la población.
Afirma que el presidente ha dicho que el oro es del pueblo y que debe haber justicia distributiva. Por tanto cree que hay que ir más allá del sugerido “proyecto de ley sobre los ingresos inesperados”, y plantearse que el Estado asuma el control de un mínimo del 51% de las acciones.