SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.- La Cámara de Cuentas dejó en manos del Ministerio Público los próximos pasos a dar ante el hallazgo de serias violaciones legales y a la buena práctica contable detectadas en una auditoría hecha a la alcaldía de San Francisco de Macorís.
El equipo de auditores de la Cámara de Cuentas halló serios indicios de responsabilidad penal en la alcaldía local, en la cual salieron a flote uso anormal de fondos por más de mil millones de pesos, dejando en manos del Ministerio Público la decisión de investigar o no investigar a las autoridades responsables.
La Cámara de Cuentas, en las conclusiones relativas a la auditoria practicaba en el periodo 2007-2011, donde encontró múltiples irregularidades administrativas, recomienda al Ministerio Público observar los artículos 46, 47 y 49 de la ley 10-04 del 20 de enero del año 2004, remitiéndole el informe.
Pese a que el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón alega que en el ayuntamiento no hubo malversación de recursos con excepción del desfalco cometido a través de la nómina electrónica, la recomendación final de la Cámara de Cuentas dice todo lo contrario.
El alcalde Rodríguez insiste en que los males detectados por los auditores son simples “debilidades institucionales por inobservancia de las reglamentaciones”
El alcalde Rodríguez insiste en que los males detectados por los auditores son simples “debilidades institucionales por inobservancia de las reglamentaciones”, pero sectores entendidos en la materia señalan que los funcionarios municipales son pasibles de acciones penales por malversación de fondos públicos.
Pagos duplicados por más de RD$25 millones, “donaciones” no sustentadas por más de RD$8 millones, RD$6 millones en pagos a “botellas”, mas de 8 millones en “ayuda”, sin ninguna sustentación, malversación de fondos y un manejo desordenado de los recursos en la alcaldía municipal son algunas de las irregularidades cometidas por la actual gestión de la alcaldía de esta ciudad, que fueron puestas en evidencia en el informe final de la auditoria.
El artículo 49 de la ley 10-04, del 20 de enero del año 2004, expone que cuando de los resultados de auditorías, estudios e investigaciones practicados por los auditores de la Cámara de Cuentas se establezcan indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público, a los organismos especializados de la prevención e investigación de la corrupción, a las autoridades administrativas y judiciales competentes y a la autoridad nominadora de los funcionarios o empleados involucrados en los hechos punibles.
Ese informe oficial deberá contener todos aquellos actos o hechos que causen perjuicio al patrimonio público, por acción u omisión del funcionario, empleado público o de terceros que actúen en calidad de contratistas o receptores de subsidios o reciban asignaciones de fondos públicos.
Los auditores de la Cámara de Cuentas deberán acompañar su denuncia con las evidencias recopiladas que respaldarán sus observaciones, disposiciones, conclusiones y recomendaciones, a los fines de que las autoridades pongan en movimiento la acción pública contra las personas sobre las cuales hayan surgido indicios de responsabilidad penal.
Además, el artículo 46 de la referida ley otorga competencia para establecer responsabilidades de carácter administrativo y civil a la Cámara de Cuentas, así como para señalar los hechos que constituyan indicios de responsabilidad penal.
Candelier Mayí expuso que al parecer alguien en el cabildo, se apropió de su número de su cédula y de su nombre, en una acción fraudulenta, para cobrar los 30 mil pesos sin trabajar. Este hecho constituye los delitos de robo, falsificación de documentos y suplantación de identidad
El alcalde Félix Rodríguez Grullòn, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), admite que hubo “inobservancia de normas, reglamentos y leyes, pero que no hubo malversación, pero el artículo 47 de la ley 10-04 expone que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos las entidades y organismos sujetos a la ley, se establecerá por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les compete.
“Ahí no hay malversación de fondos, con excepción de la nomina electrónica del ayuntamiento. Ahí si hubo malversación de fondos. Los demás son debilidades institucionales por inobservancia de las reglamentaciones que tiene la contraloría general de la república para todos los gastos, que las desconocen casi todos los ayuntamientos. No se han preocupado en darla a conocer a los gobiernos locales”, ha dicho el alcalde en reiteradas ocasiones.
Entiende Rodríguez que la inobservancia a algunas leyes es muy diferente a la malversación y al dolo. “Son dos cosas muy diferentes”, ha insistido cuando los medios de comunicación han pedido su reacción.
Sectores francomacorisanos han expuesto sus criterios sobre la situación que se presenta en la alcaldía municipal, unos opinan que el alcalde Félix Rodríguez Grullòn, debe ser suspendido en sus fundones y otros que debe ser apresado y enviado a la justicia, junto a otros funcionarios administrativos del cabildo, para que respondan por sus hechos.
El licenciado Silvestre Abreu Gómez, Presidente del Consejo de Defensa del Patrimonio Municipal, expone que si el Ministerio Público no actúa, la entidad que dirige procederá judicialmente mediante una denuncia-querella en contra del alcalde.
“Ese señor debe estar preso junto a la tesorera y otros funcionarios que no tienen forma de explicar la forma en que han adquirido los bienes que poseen, con los salarios que reciben”, señala Abreu Gómez.
Más violaciones
Entre las irregularidades y violaciones detectadas en la administración del alcalde Félix Rodríguez, está el caso de una doctora en medicina, la cual denunció que fue colocada en la nómina del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, como supuesta beneficiaria de una ayuda humanitaria de RD$30,000.00 mensuales, dinero que nunca llegó a sus manos.
La doctora Elsa María Candelier Mayí, dijo que en la reciente auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, aparece en una lista como si cobrara ese dinero, lo que nunca ha ocurrido.
La doctora Candelier Mayí expuso que al parecer alguien en el cabildo, se apropió de su número de su cédula y de su nombre, en una acción fraudulenta, para cobrar los 30 mil pesos sin trabajar. Este hecho constituye los delitos de robo, falsificación de documentos y suplantación de identidad.
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