Al menos diez excoroneles de las Fuerzas Armadas que fueron expulsados por supuestas implicaciones en casos de narcotráfico, recurrieron por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSD) para que ese organismo decida sobre la legalidad o no de sus cancelaciones.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio de Defensa recomendaron la cancelación o retiraron forzoso, distintamente, 32 oficiales superiores, a los que acusan de participar en actividades del crimen organizado.
Los exoficiales procuran obtener sentencias favorables del alto tribunal que les permitan reintegrarse a sus instituciones, tras afirmar, en sus escritos de defensa que no cometieron los delitos que se les imputan.
La comisión militar que investigó los casos delitos aseguró que tiene pruebas sólidas en contra de los oficiales cancelados, sin embargo, ninguno ha sido sometidos ni interrogado por el Ministerio Público.
Las entidades (DNCD y MD) sostienen en su recomendaciones al Poder Ejecutivo que los exoficiales habrían infringido artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, (aprobada en 2014) al utilizar su autoridad para facilitar a terceros el trasiego de sustancias narcóticas.
Los oficiales, cuyos nombres no fueron suministrados, notificaron a las instituciones militares a las que pertenecieron, su decisión de recurrir al Tribunal Superior Administrativo, según afirmaron fuentes castrenses.
“El TSA es un organismo jurisdiccional de carácter nacional, competente para conocer y decidir, en primera y última instancia, cuestiones relativas al cumplimiento, caducidad, interpretación y efectos de los contratos administrativos (cesiones de servicios públicos o de construcción de obras) celebrados por el Estado.”
El su competencia está órgano conoce de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia o que en esencia tenga ese catéter.
Los recursos sometidos por el grupo de oficiales están en proceso de fallo, mientras el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Control de Drogas investigan otros casos de militares que habrían participado en tráfico de drogas y lavado de activos.